La Comunidad de Madrid insta al Ministerio de Derechos Sociales a que garantice la libre elección de centro en la Ley de Dependencia

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La Comunidad de Madrid, en la reunión extraordinaria de ayer del Consejo Territorial de Servicios Sociales convocada por el Gobierno central para modificar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ha propuesto “que se retire una iniciativa oportunista y carente de consenso y se tramite un verdadero proyecto de modificación que enfrente los retos actuales y de inmediato futuro, dando a los afectados el máximo grado de libertad de elección”. Así lo ha avanzado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, que insta al Gobierno de España a garantizar la libre elección de centro en esta norma.

La titular madrileña ha manifestado su perplejidad ante la intención del Ejecutivo central de realizar una reforma de calado de la ley, dando a las Comunidades Autónomas solo tres días de plazo para su estudio y “sin acompañar la propuesta de la mínima valoración económica ni avalada con un presupuesto con el que se financie estos cambios legislativos”.

La reunión, convocada el pasado lunes por la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra -que no ha asistido-, se fijó con carácter extraordinario al entender que se abría una ventana de posibilidad en tramitación normativa. Dancausa ha animado al ministerio a “ser valientes y tramitar una propuesta normativa que de verdad actualice una ley que, ya presenta descosturas relevantes por su inadaptación a las necesidades actuales del sistema de atención a la dependencia y que, en un futuro próximo, la evolución demográfica lo hará quebrarse definitivamente”.

La propuesta trasladada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se centra en garantizar la libre elección de centro o servicio por el usuario, eliminando el carácter subsidiario de la prestación vinculada al servicio y afrontando la financiación según su coste actualizado. También se ha instado a alcanzar una fórmula de consenso consultando con todas las partes involucradas: empresas, usuarios, profesionales y sindicatos.

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En su intervención, la consejera de Familia, Juventud y Política Social ha lamentado que ya “en la anterior sesión de este consejo se rompió ‘una larga y fructífera tradición de aprobar los acuerdos por consenso, para imponer un particular modelo residencial, aprobado por la mínima y con el respaldo de unas administraciones territoriales que apenas representan el 30% de los ciudadanos de nuestro país”.