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El sanchismo ha rebasado definitivamente la frontera de la mera arbitrariedad política para adentrarse en la delictiva ingeniería electoral. La denuncia por prevaricación presentada contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por acudir de urgencia al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido con el fin de sortear el revés del Tribunal Supremo y rescatar 163.000 votos irregulares mediante la «Ley de Nietos», no es un conflicto administrativo más: es la prueba fehaciente de un pucherazo institucional perpetrado desde las más altas instancias del Estado.
La figura del Defensor del Pueblo, instituida para amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los atropellos del poder, ha sido prostituida sin el menor rubor para actuar como brazo ejecutor de una trama acorralada. Acudir en auxilio de la estrategia electoral de la Moncloa, desobedeciendo la cautelar del Tribunal Supremo que frenó el coladero de nacionalizaciones sin acreditación de exilio, constituye una resolución burda, sectaria e impúdica que vulnera el ordenamiento legal más elemental. Gabilondo no actúa como garante de la legalidad, sino como un peón disciplinado al servicio de la trampa.
Desde las sucias estrategias de las instituciones emponzoñadas por el sanchismo, urge exigir la neutralidad de los poderes públicos y la persecución penal inflexible contra los encaramados a una prevaricación hasta ahora impune. Cuando el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional conspiran de forma coordinada para subvertir las decisiones del Tribunal Supremo y alterar el censo electoral, el Estado de derecho deja de ser una garantía para convertirse en una ficción tutelada por autócratas.
No podemos permitir que el futuro de España se decida mediante la manipulación deliberada del censo y la demolición de nuestras garantías democráticas. La prevaricación cuando se viste de toga o de cargo institucional es doblemente grave. Ha llegado la hora de que la justicia ordinaria actúe con máxima contundencia: los responsables de este asalto a las reglas de juego deben responder con sus nombres, apellidos y responsabilidades penales ante la nación.
El caso de la «Ley de Nietos» es la constatación definitiva de cómo la administración sanchista ha diseñado una maquinaria implacable dedicada a adulterar la voluntad popular desde los propios despachos de la administración. Utillizar el Defensor del Pueblo para forzar una vía directa hacia un Tribunal Constitucional afín, puenteando al Tribunal Supremo y sorteando los filtros legales más básicos, no es un descuido procesal; es la consolidación de un sistema en el que la ley se amolda a la conveniencia del gobernante de turno.
Esta manipulación flagrante del censo electoral atenta de forma directa contra la soberanía nacional y la limpieza democrática. La impunidad con la que operan estos ejecutores de la arbitrariedad exige una respuesta contundente en los tribunales: la regeneración de las instituciones pasa de forma irrenunciable por juzgar la prevaricación de quienes traicionan su deber público para ponerse al servicio de la perpetuación en el poder.
RES NON VERBA.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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