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Nos encontramos en una encrucijada histórica donde la apariencia de legalidad pretende utilizarse como anestesia contra la supervivencia de la propia Nación. Ante la escalada de provocaciones en la frontera sur, el chantaje permanente y la desatención calculada de nuestra integridad territorial, la discusión pública ha saltado del terreno político al corazón del Derecho Constitucional. Es en este punto de inflexión donde se pretende acorralar la figura del Rey Felipe VI tras una muralla de formalismos leguleyos, argumentando que la Corona no es más que un adorno institucional maniatado por la firma de quien, de forma omisiva o deliberada, entrega la soberanía de los españoles.
Frente a la parálisis institucional han aflorado dos visiones irreconciliables. Por un lado, la postura del positivismo burocrático, pertrechada en una interpretación literal del artículo 97 y del artículo 64 de la Constitución, que otorga al Gobierno el monopolio de la defensa y condiciona cualquier movimiento del Monarca a la firma previa del propio Ejecutivo. Desde esta perspectiva miope, si quien ostenta el poder decide no actuar ante una amenaza vital para el Estado, la Corona debe asistir impasible al desastre, atada de pies y manos por la exigencia del refrendo. Esta visión convierte la Carta Magna en una paradoja perversa: se exige que el propio agresor o negligente sea quien autorice el resorte para frenar su propia acción.
Frente a este formalismo hueco se alza la doctrina profunda de la Razón de Estado y la justicia sustantiva. La Constitución Española no es, ni fue jamás concebida como, un pacto de suicidio colectivo. El artículo 56.1 atribuye al Rey la condición indiscutible de Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, encomendándole la tarea de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Cuando el Gobierno pervierte su mandato, utiliza las atribuciones del Estado de Derecho para desmantelarlo desde dentro y desatiende el mandato expreso del artículo 8.1 sobre la defensa de la integridad territorial, el funcionamiento institucional deja de ser regular de manera dramática.
Pretender que la Corona dependa de la firma de quien incurre en la inacción para defender a la Patria no es rigor jurídico, sino la consagración de la impunidad. Ante una situación límite, donde el Estado da síntomas inequívocos de quiebra y secuestro partidista, la responsabilidad tutelar del Monarca para garantizar la continuidad de España se sitúa en el plano de la más estricta y superior legalidad. La lealtad de las Fuerzas Armadas y de los ciudadanos no se presta a la arbitrariedad de una facción política coyuntural, sino a la pervivencia de la España soberana que la Corona encarna.
La sociedad civil no puede resignarse a la simulación ni aceptar que la legalidad formal sirva de coartada a la capitulación. Cuando los resortes ordinarios fallan y la frontera se tambalea, la apelación al cumplimiento del deber constitucional no es una opción teórica, sino la última línea de defensa de nuestra dignidad. La verdad no admite acomodos ni rodeos leguleyos: la tutela de la Nación exige firmeza, conciencia y determinación.
Pedro Sánchez debe ser detenido.
RES NON VERBA.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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Me temo que la monarquía borbónica, siguiendo la tradición, es corresponsable de la ruina de España. Letizio VI antepone el interés de la «famiglia» al interés de España. Las dos repúblicas españolas fueron desastrosas, sin duda, pero la monarquía actual es inoperante y profundamente dañina. Quizá debería plantearse un referendum sobre la implantación de una república y una revisión en profundidad de la bazofia jurídica constitucional que sufrimos. Hay que refundar la Nación Española.