Llevar los ERE a la Justicia Europea. Por Enrique Miguel Sánchez Motos

Los ERE han sido el caso más grave de corrupción política que se ha destapado en la España democrática. No se trataba tan solo de captar dinero, vía pagos por terceros o cobro de comisiones, como fueron los casos Filesa y Gurtel, para financiar actos de partido, compra de carteles y otros gastos. Lo que ocurrió fue que el PSOE que ha gobernado en Andalucía desde 1978 hasta 2019, utilizó recursos públicos, mediante ingeniería presupuestaria, al margen de todo control financiero, para crearse un círculo de empresas, trabajadores, sindicatos, comisionistas y estómagos agradecidos. La cantidad malversada oscila entre los 680, según la sentencia de la Audiencia Provincial, y los 1.217 millones de euros, que estimó la Cámara de Cuentas de Andalucía, como coste de las prejubilaciones otorgadas por los falsos ERE, que incluían lo pagado más lo pendiente de pagar.

Hasta ahora el PSOE no ha expresado el menor arrepentimiento por haber utilizado esas cuantías para beneficiar a los suyos, es decir a las empresas amigas, y a los sindicatos e intermediarios que actuaron, como comisionistas o/y cooperadores voluntarios, para posibilitar esos usos fraudulentos. No fueron “ayudas especiales” para todos los desfavorecidos andaluces sino tan solo para unos 6.000 trabajadores mientras que, en ese mismo periodo, otros 81.000 trabajadores andaluces tuvieron que contentarse sólo con las ayudas de los ERE auténticos.

La izquierda no quiere reconocer que fue un uso en nombre del partido. Todo para el partido, porque el partido PSOE era, según ellos, el que ejercía el monopolio de la justicia social en Andalucía. Sus actitudes recuerdan aquello de “todo el poder para los soviets”, esas agrupaciones o asambleas de obreros, soldados y campesinos rusos, en las que se apoyó Lenin para tomar el poder en 1917. Afortunadamente, aquí no ha sido para tomar el poder por la fuerza sino tan sólo para crear una red clientelar que favoreciera, como así ha sido, la permanencia en el poder de la izquierda durante 40 años en el Parlamento andaluz y en el Gobierno de Andalucía.

Los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán crearon un fondo con dinero público, para repartirlo de forma arbitraria a las empresas, particulares e instituciones que les pareciese oportuno. Advertidos por los interventores de las irregularidades en la que estaba incurriendo, la Consejería de Empleo, en los años 2000 y 2001, para inyectar fondos públicos al margen de la Ley de Subvenciones, dotaron al sistema de un escudo legal formal mediante una norma presupuestaria incluida en la ley de presupuestos de Andalucía.

No obstante, el Tribunal Supremo interpretó, correctamente, que habían creado un mecanismo ad hoc, para actuar al margen de la ley y condenó a los participantes en ese proceso que había empleado dinero público de forma partidista para afianzar y mantener el poder de la izquierda en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sin embargo, ahora el Tribunal Constitucional ha interpretado que como la norma de ingeniería financiera fue aprobada en la Ley de Presupuestos de Andalucía, con el voto mayoritario de la izquierda en el Parlamento autonómico, le había dado cobertura al Ejecutivo y lo legitimaba para aplicar la corrupción de los ERE, aunque ese sistema fuera en contra de la Ley de Subvenciones.

Es evidente que, para cualquiera que conozca el tema presupuestario, los legisladores no entran en el detalle de todas las normas pues entienden que el Ejecutivo que ha preparado el texto, muchas veces complejo y oscuro, se hace garante de la legalidad de lo que lleva al Parlamento. De hecho, es obligación de quien prepara el proyecto, acompañarlo de las necesarias explicaciones para que se entienda y desde luego en este caso no advirtieron al Parlamento que la norma era un mecanismo para saltarse la ley de Subvenciones.

Aplicando los conceptos jurídico penales es indiscutible que el Parlamento incurrió en “culpa” al aprobar la ley, pero fue el Ejecutivo el que lo hizo con “dolo” al ocultar al Parlamento que le estaba proponiendo la aprobación de una norma de ingeniería financiera que violaba la ley, en suma, engañando al Parlamento. Cosa muy diferente de lo que ha ocurrido con la ley de Amnistía que ha sido ampliamente debatida por el Congreso previamente a su aprobación.

¿Qué cabe hacer ante esta esperpéntica situación de que los autores, en distintos niveles, del mayor caso de corrupción política de Europa puedan eludir el lógico, y ya dictado, castigo penal? ¿Podrían todos los parlamentarios andaluces de esa época denunciar que fueron engañados por la Junta? ¿Ante quién podrían hacerlo? ¿Cabría que puesto que el TC aplica una excusa política (el Parlamento andaluz lo aprobó) que, en futuras elecciones, puedan los partidos proponer que se sancionen los engaños cometidos, incluyendo a los parlamentarios que digan sabían lo que aprobaban, y que, si ganan esos partidos las elecciones, se pueda actuar contra todo aquel que no diga que fue engañado en el proceso de aprobación y de ejecución posterior del presupuesto? Conviene recordar que el artículo 9.3 CE establece que “la Constitución garantiza… la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” Cabe asimismo que en virtud del art.10 CE pueda alegarse que esta interpretación benevolente del TC incumple algún tratado o acuerdo internacional ratificado por España y en especial nuestra adhesión a la Unión Europea.

Si los partidos e instituciones españolas no se enfrentan ahora al despropósito de la interpretación del TC sobre el caso de los ERE, el descrédito político de España y de sus políticos permanecerá y reforzará la creciente desconfianza de los ciudadanos. Cada vez somos más los que pensamos que el sistema político nuestro necesita una profunda reconversión pues nos lleva por un camino que se aleja del espíritu de reconciliación y convivencia que nos llevó a aprobar la Constitución de 1978. Es un reto que España tendrá que asumir en un futuro no muy lejano.

Enrique Miguel Sánchez Motos

Administrador Civil del Estado

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Enrique Miguel Sánchez Motos

Administrador Civil del Estado.

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