El pasado 15 de mayo en el Parlamento y el 16 de junio desde el Palacio de la Moncloa, el presidente Sánchez volvía a hacerse la víctima arremetiendo contra los “pseudomedios” de comunicación que no le obedecen. Paradójica acusación, sin duda, por parte de quien ni siquiera hizo la tesis que le titula, fraudulentamente, como doctor.
El caso es que para eludir responder por sus incontables tropelías, de las de su familia y del Partido, el pseudodoctor ha buscado siempre poner el foco en los escasos medios de comunicación que, bajo su régimen tiránico, se han atrevido a denunciarlas. Y la fórmula empleada para neutralizar a sus críticos siempre ha sido la misma: el insulto, la estigmatización y la censura.
Sin defensa posible por sus pactos con todos los enemigos de la Nación1 y, fuera de España, con todos los enemigos de la libertad2; por la utilización de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Constitucional al servicio del Partido; por la corrupción de éste3 y de su familia4, el presidente más abyecto y mentiroso de nuestra Historia sigue huyendo hacia delante pretendiendo amordazar a quienes se le opongan etiquetándolos como “máquina de fango”, “ultraderecha” y “pseudomedios”.
Ahora, en una nueva vuelta de tuerca contra el Estado de Derecho, Sánchez ha anunciado la inminente aprobación de un “paquete de calidad democrática” para amordazar definitivamente a sus críticos. Pero no pensemos que esta iniciativa es fruto de un calentón por la reciente investigación de su mujer, sino un nuevo paso en un camino emprendido hace años, hacia la supresión de cualquier oposición.
Cabe recordar aquí que, desde la misma toma del Poder por Sánchez, su obsesión por acallar las voces críticas le llevó a buscar el control total de los medios públicos y privados mediante la subvención con publicidad institucional; ordenar a la Guardia Civil que se aplicase en impedir las críticas al Gobierno5 y, también, a apoyar las llamadas “verificadoras de noticias”; esos entes que se arrogan la autoridad de identificar como falsa cualquier información contraria al relato gubernamental.
Recuérdese, en el mismo sentido, el empeño por imponer una verdad oficial a través de la llamada “Ley de Memoria Democrática”; el adoctrinamiento en las escuelas e institutos a través de dicha ley; la imposición de la “ideología de género” y los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la Agenda 2030… y las “disposiciones” del Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática6 recogidas en la Orden PCM/1030/20207. Un texto donde, para empezar, ya desde la primera línea, puede leerse: “El acceso a información veraz […] debe ser asegurada por las instituciones y administraciones públicas”. Es decir, asumiendo con todo descaro la potestad del Gobierno para determinar lo que es cierto y lo que no, y atribuyéndose tramposamente una legitimidad que no tiene: “En la lucha contra la desinformación, los ciudadanos consideran que los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”8. Pero, ¿qué descaro es ese de considerarse nadie depositario de la voluntad popular, invocando a los ciudadanos en su conjunto? ¡Como si “el pueblo” fuese un organismo uniforme, como si hubiera sido consultado y como si hubiera otorgado al Gobierno la autoridad de decidir en su nombre qué noticias son falsas y cuáles merecen ser censuradas!
Con total desvergüenza, el Gobierno se arroga igualmente el monopolio de la verdad y el derecho a supervisar y censurar las noticias que considere, con la excusa de obedecer un mandato europeo: “con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea […] urge (sic) redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema y marcar el procedimiento de sus actuaciones”.
Pero es más, la citada Orden recoge abiertamente la creación de unos órganos para la supervisión e identificación de noticias falsas ¡dependientes directamente del Gobierno! Y lo reconoce como si tal cosa. Porque no sólo admite la habilitación de unos “órganos, organismos y autoridades responsables” encargados de “monitorizar, vigilar, detectar, realizar la alerta temprana y notificar”; “coordinar, sincronizar y priorizar los esfuerzos en la lucha contra la desinformación” y finalmente “adoptar decisiones y marcar objetivos de carácter político-estratégico para hacer frente a una campaña de desinformación”9. Sino que, por otra parte, se indica por escrito que dichos organismos “técnicos”, como la “Célula de Coordinación de Lucha Contra la Desinformación” o la “Comisión Permanente Contra la Desinformación”, dependen orgánicamente de la Secretaría de Estado de Comunicación” y del Departamento de Seguridad Nacional. En última instancia, todos ellos bajo la dirección del ínclito ¡Félix Bolaños!
Por cierto, en aquella Orden de 2020 ya se contemplaba el truco de recurrir a comités de expertos creados ad hoc para dar cobertura o proporcionar una coartada a decisiones ejecutivas puramente políticas: “Podrán ser convocados en calidad de expertos […] otros representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales”10.
1 Bildu, ERC, Junts, Podemos, Marruecos… La amnistía a los condenados por el Golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 es la última prueba de la iniquidad del presidente, aunque ni mucho menos la única. Recordemos también, por ejemplo, el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y la entrega de las competencias de prisiones a los separatistas para la liberación anticipada de los condenados. Sin haber cumplido las penas, sin arrepentirse, y sin haber colaborado en el esclarecimiento de los muchos crímenes de ETA sin resolver (379 asesinatos).
2 Todos los dictadores del Grupo de Puebla: Maduro, Ortega, Petro, Correa, Lula, Díaz Canel, López Obrador… y todos los que pretenden la imposición forzosa de la Agenda 2030.
3 Vésae el caso “Koldo”, el caso “Tito Berni”, etécera.
4 Su mujer, sin licenciatura alguna, incrustada en la Universidad Complutense para enriquecerse mediante el tráfico de influencias.
5 Recuérdese el famoso episodio protagonizado por el general José Manuel Santiago el 18 de abril de 2020, reconociendo en rueda de prensa la orden de “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Dos meses después, el general fue ascendido: https://elpais.com/espana/2020-06-26/interior-nombra-al-general-jose-manuel-santiago-marin-jefe-del-estado-mayor-de-la-guardia-civil.html
6 Sólo el nombre del Ministerio ya revela el carácter totalitario del Gobierno, vinculando la Presidencia del Gobierno a la imposición de una verdad oficial obligatoria.
7 Orden publicada en el BOE el 5 de noviembre de 2020. Enlace al texto completo: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/30/pcm1030
8 BOE, nº 292, sec.III, p. 96673.
9 BOE, nº 292, sec.III, p. 96677.
10 BOE, nº 292, sec.III, p. 96678. Recuérdese que cuando se aprobó la citada orden, en 2020, el Gobierno se escudaba en un inexistente “Comité de expertos” para justificar sus medidas o falta de ellas durante toda la pandemia del COVID-19. No hace falta subrayar que, por una razón jerárquica, los funcionarios de la Administración pública están obligados a obedecer a sus superiores.
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Lo que resulta inadmisible es que, los partidos utilicen el voto del ciudadano, como si fuera un cheque al portador. Para que sirve llamar a votar en las elecciones. Cuantos votantes apoyan, este contubernio para que este indecente esté desgobernando a España. Además no se tiene en cuenta que no ha ganado las elecciones y además no es aceptado por el pueblo, prueba de ello, es que, no puede pisar la calle. Este chanchullo, no es una falta de respeto a los ciudadanos.