Si esa información es cierta, como parece, y ese argumento se aplicase en todos los casos, la infinidad de delitos que se denuncian sin aportar pruebas, en base al art. 264 de la LECrim, nunca deberían investigarse, lo que derogaría de facto los art. 269 y el 311 de la misma ley, que obligan al juez a investigar los delitos que se denuncien.
Pero resulta que si la función de un juez de instrucción no es investigar, deberían eliminarse esos juzgados, por inútiles.
No es el caso, y si se tratase de un simple ciudadano, sin consorcio con los resortes del poder, a todos los ciudadanos nos consta que los jueces investigarían con lupa los delitos denunciados, por su enorme gravedad, con el apoyo entusiasta de la fiscalía.
En suma, que hemos visto cumplida la verdad manifestada por el marido de la imputada, sobre la dependencia de la fiscalía.
Que España no es un estado de derecho ya lo sabíamos, pero hasta ahora se procuró mantener una ficción convincente.
Las caretas se están cayendo, y cada uno muestra su verdadera cara.
Cuando llegue la justicia de verdad, cada uno responderá de sus actos. Y de nada valdrán excusas del tipo de «me limité a obedecer órdenes».
En Núremberg se derogaron esas excusas.
Por ello SOLICITO se rectifique el comportamiento de la fiscalía, se promueva la investigación en aras a la restauración del imperio del derecho (tanto en el caso de que sea inocente como en el de que resulte culpable), y se me informe de dicho cambio.
Fiat iustitia, ruat caelum.
Autor
- Guerrillero insurgente. El sistema lo describe como negacionista, conspiranoico, anticientífico, egoísta e insolidario. Él se cisca en el sistema y no ceja esfuerzos para derribarlo. No usa trabuco, pero a su ordenador lo llama “La MG-42”.
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HABRIA QUE DENUNCIAR A ESTA FISCAL POR ESTAR EN CONNIVENCIA CON EL GOBIERNO. DEFIENDE A LOS DELINCUENTES.
El problema de fondo radica en la subnormalidad profunda del mundo y mundillo del,»derecho» y de sus pomposas juristillas y otras modistillas. No es un problema meramente político sino más fundamental. Esto se soluciona permitiendo que un ciudadano cualquiera, si tiene la suficiente instrucción, pueda personarse como fiscal y actuar como tal en el proceso judicial. La pseudoprofesionalización de la «justicia» acarrea estos problemas.