La decadente justicia española. Por Galo Dabouza

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Todos los lectores conocen la “maldición del gitano” -Dios te dé pleitos… ¡y ganes!- y ninguno de ellos necesita explicación sobre el sentido de la maldición, porque todos, en alguna medida, han tenido experiencias penosas con la administración de justicia.

Sin embargo, para saber de verdad los límites a que pueden llegar los juzgados y tribunales españoles, no existe mejor sistema que el científico: someter al sistema a prueba empírica y ver los resultados.

Eso fue lo que empecé a hacer el año 2022. Tras muchos años formulando denuncias penales por presuntos delitos cometidos por autoridades, y ver que jamás ninguna prosperó, intenté averiguar si era pura casualidad o respondía a un patrón.

Ese año 2022 formulé denuncias contra altas autoridades, informando que en redes sociales se mostraban datos, sobre todo de cuentas bancarias en bancos extranjeros, que de ser ciertas podrían constituir diversos delitos, que a mi juicio, por su gravedad, era necesario investigar.

Jamás di por ciertas esas informaciones, a pesar de que con datos semejantes, investigados y confirmados, acabó en prisión el famoso Luis Bárcenas, y la Audiencia Nacional admitió que Margarita Robles podría haber cometido delito fiscal por tener cuentas en bancos extranjeros, pero que no procedía su procesamiento, por haber prescrito el delito.

Todas mis denuncias se amparan en el art. 264 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que dice: El que por cualquier medio diferente de los mencionados (en los artículos anteriores) tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella.

Para que el universo de experimentación fuera suficientemente amplio y representativo, multipliqué las denuncias hasta algo más de 1.200, en cuerpos policiales distintos y en todas las provincias españolas.

Pocas, muy pocas de esas denuncias, llegaron a la mesa de un juez, y todas las que llegaron fueron archivadas sin investigar.

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Para completar el experimento, con ayuda de una asociación contra estas injusticias, recurrí una de esas denuncias archivadas, con el resultado de que llegó al Tribunal Supremo, que también la archivó sin investigar.

La prueba del algodón había emitido su dictamen.

Entre esas numerosas denuncias hubo una contra un magistrado y otra contra un fiscal jefe, ambas por presuntas cuentas en el extranjero. Volveremos sobre ellas.

Por otra parte, como muchos lectores ya saben, el año 2021 conseguí arrancar a la Directora general de Salud Pública (DGSP), Pilar Aparicio Azacárraga, el informe en el que confiesa que: El Ministerio de Sanidad no dispone de cultivo de sars-cov-2 para ensayos y no tiene un registro de los laboratorios con capacidad de cultivo y aislamiento para ensayos.

En suma, que con la ciencia en la mano, no hay nada de nada. Sólo humo. Pero con este humo han arruinado a decenas de miles de españoles y cercenado los derechos y libertades de todos.

Pero lo más grave es que esa misma DGSP aportó al Tribunal Constitucional otro informe, mencionado en la sentencia 148/2021 que declara inconstitucional el primer estado de alarma, en que esa DGSP dice avalar científicamente todas las medidas adoptadas.

De dos afirmaciones tan antagónicas e incompatibles, una forzosamente es falsa. O así se me antoja a mí. Y así lo denuncié a todas las fiscalías de España, para que promoviesen la persecución de ese más que presunto delito.

Todas las fiscalías archivaron sin investigar absolutamente nada. Por ello determiné denunciar por presunto delito de “omisión del deber de perseguir delitos” a la fiscal jefe provincial de Madrid, por ser el lugar en el que se habría cometido la falsedad, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, por ser el órgano encargado de investigar y juzgar los delitos cometidos por organizaciones criminales, que es lo que afloraría de confirmarse que todas nuestras autoridades nos engañaron con la farsa del covid.

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Y llegamos a la conclusión. Hemos visto que ningún cuerpo policial ni juzgado investiga los presuntos delitos cometidos por las autoridades.

Para compensar, soy yo, el denunciante, quien está siendo investigado.

El magistrado al que denuncié, pienso que exclusivamente a causa de mis denuncias, me imputa un delito de injurias y calumnias contra las altas instituciones del estado y ¡organización criminal para presentar esas denuncias!

Cuando fui a declarar como imputado, el 18 de julio, el fiscal que me interrogó se mostró muy beligerante contra mí, y le pidió al juez, y este así decretó, mi libertad condicional, con retirada de pasaporte (que no tengo) y sellado semanal en el juzgado.

Posteriormente descubrí que el beligerante fiscal es ese mismo al que había denunciado dos veces. Y esos imparciales juez y fiscal son los que han decidido poner condiciones a mi libertad.

Ahora la ciencia ya tiene datos objetivos para emitir un dictamen sobre la salud de la justicia en España.

Cada lector que emita el suyo.

Autor

Galo Dabouza: Guerrillero insurgente. El sistema lo describe como negacionista, conspiranoico, anticientífico, egoísta e insolidario. Él se cisca en el sistema y no ceja esfuerzos para derribarlo. No usa trabuco, pero a su ordenador lo llama “La MG-42”.

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Daniel Antonio Jaimen Navarrete

1 año hace

Efectivamente, la judascatura ejpañola da mucho asco. España no es una Estado de derecho sino un Estado de desecho. No es sólo las denuncias contra los poderes políticos las que no van a ninguna parte. España es el paraíso del sinvergüenza porque sabe éste que las delaciones de una justicia imprevisible juegan a su favor. Luego vienen a decirnos que lleguemos a un acuerdo las partes… Es lo mismo que sería pedirle a un banco que llegue a un acuerdo con los atracadores porque la policía prefiere no intervenir.

Las gravísimas extorsiones pecuniarias o de otro tipo que la judascatura española inflige a los ciudadanos hace incomprensible que no haya surgido ya un partido político que no ponga, en primera línea de su programa, la multiplicación por diez del presupuesto de la administración de justicia. Si no recuerdo mal, la administraición de justicia en Expaña sólo es el 2% del presupuesto del Estado, a pesar de que el Estado tiene por función primordial y fundacional la administración de justicia. De hecho, prefieren no hace justicia realmente y llegan al extremo de ni siquiera cumplir con la ley en materia de notificaciones si llega el caso. Los mismos plazos para los recursos están pensados para desentenderse de lo que para ellos sólo es más trabajo aunque se trate de una injusticia sangrante.

Sin embargo, no es sólo es un problema de presupuesto. Es también un problema de decadencia intelectual del derecho en España. Salen de las facus de las unis cada «letrado» lamentable e incapaz de hablar y escribir realmente.., pero el verdadero problemón añadido es otro: la teoría jurídica misma. Toda la verborrea leguleya está podrida, de entrada, se vacuidades, bobadas, incongruencias tortuosas y torticeras, aconceptualidades ufanas y hueras, alegres contradicciones y pretensiones gratuitas. Eso sí, luego uno no se puede defender a uno mismo como en otros países porque el feroz corporativismo de abogados y sus colegios se ha asegurado de que la ley no lo permita y que haya que comprar a fuerza su mercancía averiada y envuelta en un oropel pestilente. Luego tienen la desvergüenza de decirle al no «letrado» que estudie derecho como si el frutero pudiera vendernos plátanos podridos y refutar nuestra observación al respecto porque no hemos estudiado frutería.

Un golpe de Estado académico es lo que necesitan las facus de derecho y poner al cargo a filósofos del lenguaje, matemáticos y gente que, por formación y estructura mental conceptual, no exhiban esa proclividad a la charlatanería leguleya disfrazada de heurística.