Contra la ocupación, querer es poder. Por Miguel Ángel Arranz

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En los últimos años, el fenómeno de la ocupación se ha convertido en la principal preocupación de propietarios y comunidades de vecinos. Obviamente, la situación es alarmante, más si cabe con el actual gobierno social-comunista que lejos de luchar contra ella le da “alas” manteniéndose de perfil mientras los casos siguen aumentando día tras día en nuestro país.

Con el objetivo de lograr un cambio normativo frente a la ocupación ilegal, esta pasada semana se ha celebrado el I Congreso de Ocupación Ilegal, organizado en conjunto por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Ilustre Colegio de Abogados de Mataró.

Durante dos días han tenido lugar ocho mesas redondas en las que han participado representantes políticos, magistrados, letrados, miembros de ayuntamientos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de recoger las conclusiones aportadas y elevarlas a los poderes legislativos para instar a la correspondiente modificación de la ley de enjuiciamiento criminal.

De este congreso, sin duda, la resolución más determinante ha sido la propuesta de medida cautelar inmediata de desalojo de la vivienda ocupada de forma ilegal. Por otro lado, y no menos importante, también se ha tratado la necesaria seguridad jurídica para los funcionarios de policía en las actuaciones debido al alto grado de responsabilidad que recae sobre ellos y la falta de un criterio judicial homogéneo. Si no se ataja esta inseguridad de la población, puede derivar en empresas de desocupación o patrullas ciudadanas.

Los principios del derecho privado se están perdiendo y asistimos a un aumento de la ocupación delincuencial casi a la carta. Hoy en día solo podemos combatirla con los instrumentos que nos proporciona nuestro ordenamiento jurídico: la ley 5/2018, que es excesivamente garantista con los derechos del ocupante ilegal y deja desprotegidos a los dueños. Por otra parte, las comunidades de propietarios son las grandes damnificadas de esta situación, ya que la ley no les dota de medios y el recurso del artículo 7 de la ley de propiedad horizontal y el concepto de actividad molesta no es una vía directa.

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El problema de la ocupación ilegal de viviendas no es una cuestión penal, sino de seguridad jurídica y necesitamos medidas cautelares inmediatas para hacerle frente y proteger así a las familias. Tiene dos caras, por un lado los ocupas que recurren a esta vía por falta de recursos y, por otro, las mafias organizadas. Debido a estos dos elementos desde 2018 ha habido un incremento constante de la ocupación en nuestro país, en cuatro años un 40 %.

Para solucionar esta problemática y evitar un mayor colapso de la justicia es fundamental adaptar la legislación al ordenamiento europeo. Ningún otro país de Europa se enfrenta a los niveles de ocupación que se están produciendo en España, además de ser el único que no actúa dentro de las 24/48 horas posteriores a la misma.

Por tanto, está claro que es imprescindible contar con una normativa eficaz que ampare el derecho a la propiedad recogido en la Constitución, siendo necesario adaptar nuestra legislación a las nuevas formas de delincuencia para atajar el problema en las primeras 48 horas.

Es inexcusable una medida cautelar inmediata para el desalojo de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, ya sea física o jurídica. Lo que se propone desde el congreso es muy sencillo: una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que consiste en que si te ocupan tu primera o segunda vivienda puedas denunciarlo tanto en los juzgados de guardia como ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, obteniendo así una respuesta rápida. A los ocupas se les daría un plazo de 48 horas para acreditar que tienen el título de posesión del inmueble, y si no lo hay, sin prestar caución, se desalojarían de inmediato.

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Es más necesaria que nunca una defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada, emanada del artículo 33 de nuestra Constitución Española y del Código Civil. Sin ambages y con el único objetivo de trabajar para devolver la vivienda a su legítimo propietario.

Miguel Ángel Arranz.

*Miguel Ángel Arranz es experto en Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Es concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Alcobendas. Cuenta con más de una década en el sector desarrollando funciones como vocal en la Comisión de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Federación Madrileña de Municipios. Ha sido presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y concejal en estas áreas.