El cesarismo de Pedro Sánchez degrada la ya de por sí deficiente democracia española. Por Rafael García Alonso

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Si bien la Constitución española establece en su Artículo 1 que “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”, lo cierto es que, al atribuir al monarca un papel meramente ornamental, lo que en realidad dispone es una “república coronada”, en la que el la Jefatura del Estado queda reducida a su mínima expresión, constituyendo de facto un departamento de relaciones públicas al servicio del Gobierno de turno. De hecho, son tan escasas las prerrogativas y tan reducido el margen de maniobra del Rey de España que hasta su Discurso de Navidad debe ser previamente conocido y refrendado por el Presidente del Gobierno.

Asimismo, en dicho Artículo 1 de la Constitución se establece que “España se constituye como un Estado social y democrático (donde) La soberanía nacional reside en el pueblo español”. Sin embargo, una democracia representativa en la que rige un sistema electoral plurinominal que consagra las listas cerradas confeccionadas por los partidos políticos para la elección de los representantes del pueblo español en el Parlamento, solo puede conducir a una “partitocracia”, esto es, una forma de Estado en la que no es el pueblo sino las oligarquías asentadas en los partidos políticos las que asumen la soberanía efectiva de la nación, lo cual, como bien señaló Antonio García-Trevijano, no es otra cosa que un reminiscencia totalitaria, ya que convierte a los partidos políticos en protagonistas únicos de la realidad sociopolítica del país, desplazándose así el poder desde la ciudadanía a las élites partidistas.

Con el paso del tiempo la partitocracia ha ido degenerando hasta convertirse en un “régimen presidencialista”, en virtud de la posición dominante tanto en el partido como en el Ejecutivo de aquel que ha llegado a la Presidencia primero de su formación política y finalmente del Gobierno de la nación. Así, en una clara demostración de que los parlamentarios no representan a los intereses del conjunto de los ciudadanos, sino que están sometidos a los intereses de las elites partidistas de las que dependen, vemos como cada vez que un diputado o senador osa votar en contra de lo establecido por su propio partido porque así se lo dicta su conciencia, inmediatamente se ve sometido a una campaña de acoso y derribo, aduciéndose el incumplimiento de la llamada disciplina de voto, lo cual es un simple eufemismo para designar una práctica autoritaria.

Para terminar de empeorar la situación la Constitución, en el colmo de la necedad legislativa, también permite que partidos políticos con implantación exclusivamente regional puedan concurrir a las elecciones generales, por más que sus programas sean meramente localistas e incluso contrapuestos a los intereses generales del conjunto de los españoles. De esta forma, partidos políticos de carácter independentista, cuyo principal objetivo es la destrucción de España, llevan condicionando la política española desde la Transición hasta nuestros días. Así, por ceñirnos exclusivamente al último y lacerante episodio acontecido a raíz de esta anómala situación, nos encontramos con que Pedro Sánchez para aprobar su anticonstitucional, antihistórica y liberticida Ley de Memoria Democrática (LMD) no ha tenido ningún escrúpulo a la hora de aceptar las imposiciones de Bildu en la redacción final de dicha ley. De esta forma, con la exclusiva finalidad de blanquear indecentemente los crímenes de la banda terrorista ETA, la LMD, de manera absolutamente arbitraria y torticera, contempla que el franquismo se prolongó hasta 1983, año en el que el socialista Felipe González ya era presidente del Gobierno. En consecuencia, con tal de proseguir con su totalitario programa, el psicópata monclovita y sus acólitos comunistas e independentistas han parido una ley que hace de la historia un perverso y delirante relato de ciencia ficción, solo asumible por mentes obturadas o perturbadas o ambas cosas a la vez.

Todo esto permite la Constitución española, lo cual habilita para dudar de la aptitud y actitud de los legisladores, y de todo esto se aprovecha un P. Sánchez que, impulsado por su desmedido afán de poder y gloria, ha sobrepasado los límites del presidencialismo para convertirlo en un estridente “cesarismo”, entendiendo éste como un sistema de gobierno autocrático, basado en el culto a la personalidad del líder y en el ejercicio del poder sin limitación alguna. Una clara demostración de la deriva cesarista acaecida en España desde la llegada al poder de P. Sánchez la encontramos en su permanente intento de soslayar la actuación del Parlamento mediante la promulgación de decretos ley -una norma con rango de ley a la que solo cabe recurrir en situaciones extraordinarias y de urgente necesidad-, llevándole esta avidez legislativa a convertirse en el presidente español con más decretos ley por año de gobierno, incluso eliminando aquellos referidos a la pandemia o a la guerra de Ucrania.

Pero ya que parece gustarle reescribir la historia, hagamos historia, aunque esta vez de forma veraz y objetiva, y describamos las andanzas presidenciales de tan bochornoso sujeto. Así, ya desde el comienzo de su andadura como Presidente del Gobierno, P. Sánchez quiso tener bajo su control al Poder Judicial, para lo cual no encontró mejor manera que poner al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) a una persona afín como Dolores Delgado, la cual, según las más importantes asociaciones de fiscales, ha llegado al extremo de adulterar múltiples causas judiciales con la exclusiva finalidad de beneficiar al Gobierno socialcomunista. Por esta razón el informe “Democracy Index 2021”, publicado por la revista británica The Economist, ha puesto de manifiesto que bajo la presidencia de P. Sánchez se ha producido en España un importante quebrantamiento de la división de poderes y una notable devaluación de la democracia.

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Asimismo, tan ególatra personaje quiso tener una influencia directa sobre la opinión pública, de tal forma que tomó el control del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), poniendo al frente del mismo a un individuo tan patéticamente sectario como José Félix Tezanos, el cual ha llevado la manipulación de los datos para favorecer a la izquierda a extremos absolutamente vergonzosos, devaluando así el prestigio y la credibilidad de dicho organismo público. Pero, no contento con ello, nuestro narcisista presidente ha procedido a impulsar una reforma legal que modifica la plantilla de la institución, sustituyendo en la cúpula del CIS a los funcionarios de carrera por un gabinete de personas al servicio de J. F. Tezanos. De esta forma, el CIS ha dejado de ser un organismo autónomo, regido por los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad, para convertirse en esperpéntica correa de transmisión de los intereses socialcomunistas.

A su vez, con el objetivo de evitar injerencias en el manejo de las cuentas públicas, nuestro perturbado presidente también ha peleado con denuedo hasta conseguir el control del Tribunal de Cuentas (TdC), algo que logró con la connivencia del PP entonces liderado por un mal aprendiz de brujo como Pablo Casado, presumiblemente a cambio de los datos fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso, para con ello apartar de la política a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo cual afortunadamente no se dio. Las consecuencias del control del TdC por parte de P. Sánchez no se han hecho esperar y no pueden ser más desalentadoras. Así, la primera medida de su Sala de Enjuiciamiento ha sido rectificar la decisión del anterior TdC y estimar el recurso presentado por el independentismo catalán, permitiéndose así que la Generalidad avale la fianza reclamada a los líderes políticos catalanes implicados en actividades exteriores en favor del proceso golpista. Esta resolución supone de facto permitir que los golpes de Estado se financien con dinero público, lo cual, evidentemente, constituye un auténtica aberración.

Este proceso de control y deslegitimación de las instituciones del Estado se ha ido acelerando progresivamente conforme el PSOE iba perdiendo una tras otra las elecciones autonómicas, pero ha sido tras las elecciones andaluzas cuando P. Sánchez ha enloquecido definitivamente, mostrando ya, sin disimulo alguno, su totalitaria manera de entender la acción de gobierno.

Así, dada la absoluta ineptitud del Gobierno socialcomunista en materia económica, P. Sánchez, con la maliciosa intención de engañar a la ciudadanía mediante la falsificación de la realidad económica del país, ha lanzado una insidiosa campaña contra el Instituto Nacional de estadística (INE), cuestionando la veracidad de los datos del PIB y del IPC proporcionados por dicho instituto público, a pesar de que los criterios utilizados para la confección de los mismos han sido los establecidos por Eurostat y están por tanto avalados por la Unión Europea. Como consecuencia de esta campaña de desprestigio que pone en riesgo la credibilidad del INE, su presidente, José Manuel Rodríguez Poo, ha presentado su dimisión con carácter irrevocable, mientras que la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado ha emitido un duro comunicando criticando la actuación de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así como sus maniobras en la oscuridad para poner a una persona de su confianza al frente del INE y así manipular a su antojo los datos macroeconómicos.

Asimismo, con la intención de obtener una mayoría de miembros afines en el Tribunal Constitucional (TC), P. Sánchez ha llegado al absurdo de enmendarse la plana a sí mismo, de tal forma que después de prohibir a los miembros del CGPJ el nombramiento de magistrados mientras alguno de sus miembros estuviera en funciones por haber concluido su mandato, tan solo un año después se propone llevar a cabo una reforma ad hoc de la Ley Orgánica del Poder Judicial para habilitar al CGPJ tan solo para el nombramiento de dos magistrados del TC, olvidándose del Tribunal Supremo a pesar de la notable carencia de efectivos que padece. Con esta maniobra lo que Pedro César Augusto persigue es, dado que la renovación del TC solo puede realizarse por tercios, sumar los dos magistrados nombrados por el CGPJ a los dos magistrados designados por el Gobierno y así obtener una mayoría en el TC proclive a no obstaculizar su acción de gobierno. Ante esta situación, un jurista de reconocido prestigio como es Javier Gómez de Liaño no ha dudado en declarar que es ésta “Una proposición de ley inconsistente, incoherente y hasta indecente”, opinión que es compartida por la mayoría de los vocales del CGPJ.

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Sin embargo, el afán controlador de este trilero adicto al poder no se detiene en las instituciones públicas, sino que se extiende a las empresas privadas. Así, en los últimos días hemos podido observar cómo mediante la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y de manera concertada con SEPA (empresa vasca dependiente del Ministerio de Defensa) y Amber Capital (fondo de inversión controlado por el presidente del Grupo Prisa) el Gobierno ha tomado el control de la multinacional española Indra. Para ello, antes de la Junta General de Accionistas, se convocó al Consejo de Administración, para así proceder a la destitución de cinco consejeros independientes, a los que se ha sumado un sexto por decisión propia. Teniendo en cuenta que la normativa española establece que cuando un accionista, de forma individual o concertada, tiene más del 30% de las acciones de una compañía cotizada debe lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y dado que las tres entidades citadas poseen más del 34% de las acciones de la multinacional, resulta evidente que estamos ante un golpe de mano del Ejecutivo socialcomunista para tomar el control de Indra, lo cual ha llevado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a abrir una investigación para esclarecer los hechos. En este sentido, los propios consejeros cesados han manifestado que en la toma de control de Indra por parte de la SEPI se ha incumplido el código de buen gobierno con la finalidad de expulsar de la cúpula de la compañía a todos aquellos que pudieran oponerse a las pretensiones del Gobierno de P. Sánchez, lo cual supone un grave perjuicio para los accionistas minoritarios. Además, considerando que Indra, no solo es una empresa de gran valor estratégico, sino que también se encarga del recuento electoral, pues parece que la cosa es para echarse a temblar.

El político, filósofo y orador romano del siglo I a.C., Marco Tulio Cicerón -tras volver a Roma del exilio al que injustamente había sido condenado debido a las artimañas de un tribuno de la plebe llamado Clodio- pronunció un discurso titulado “De Domo Sua”, en el que inicialmente subraya la importancia de la correcta formulación de las leyes que han de regir la vida pública, para finalmente poner en valor el respeto al hogar de todo ciudadano, sin importar su origen y condición. Como ayer en Roma, hoy en España vivimos tiempos oscuros, bajo la permanente amenaza del totalitarismo socialcomunista y del racismo separatista. Ante tal situación a la ciudadanía corresponde la estimulante tarea de defender morada, tradición, cultura y valores, ya que lo que está en juego no es otra cosa que el ser o no ser de la propia nación española.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.