Peligrosa fractura social y política. Por Jesús Salamanca Alonso

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Tras muchos años en la docencia, nunca habíamos conocido una fractura social y política como la que se ha producido con la presumiblemente futura “Ley Celaá”. Esa fractura se ha comprobado en la calle y en cada una de las manifestaciones celebradas este domingo. Se ha visto en el Parlamento, en el momento de la votación, al salir adelante el dictamen con un voto por encima de la mayoría absoluta; es decir, 177. Se ha visto también en las redes sociales desde hace una semana y lo mismo en los medios de comunicación, en las conversaciones de bar…

Hay un dato llamativo, pero esperado: las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han anunciado que van a publicar normativa, con el fin de evitar aquellos aspectos que puedan resultar más lesivos para el sistema educativo. Actúen como actúen deberán tener presente que cuantas leyes impulsen deberán estar en línea con la LOMLOE, si bien es fácil bordearla como se ha hecho en Cataluña, Valencia, País Vasco, Canarias… Otro día hablaremos de esa estupidez político-administrativa que llaman “Alta Inspección” en las comunidades autónomas.

Vamos a ver si, de una vez por todas, la Alta Inspección empieza a trabajar y a cumplir con sus objetivos porque hasta ahora el ridículo y la dejadez han sido su estandarte: pongo como ejemplo Cataluña, donde los propios inspectores han admitido que se ha permitido descaradamente el adoctrinamiento infantil; se ha potenciado y fomentado el abandono del castellano, a pesar de los decididos y valientes recursos de algunos padres, aun conociendo la represión a la que serían sometidos sus hijos; otras barrabasadas de todo tipo atentatorias contra el alumnado y dañinas para el desarrollo afectivo-educativo de los más pequeños, por citar algunas.

Comprobamos también que no van a faltar recursos al Tribunal Constitucional y se van a ganar, sin duda; no hay más que comprobar la deficiente redacción que se ha hecho de la mal llamada “nueva ley”; es una simple relectura o revisión a peor de la LOE del año 2006. También hay recursos preparados y denuncias ante Europa: Úrsula Von der Leyen anunció hace unos días que España estaba en el ojo del huracán en muchos temas como el cercenamiento de la libertad a los medios de comunicación; la posible persecución al disidente; el trampeo jurídico del Gobierno para formar el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ); la falta de proyecto para el reparto del dinero europeo y la falta de una agencia encargada del estudio y tramitación de esos proyectos, por citar algunos.

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Las fracturas a las que antes nos referíamos abarcan el plano político y el social. La “revolución” de los lazos naranjas no se va a parar mientras se preparan toda una batería de medidas que lleven a “desactivar” los mediocres y malsanos cambios; esos van contra el fomento del estudio y el sacrificio del alumnado, además de confundir el igualitarismo constantemente. Mejor dicho, sí hay algo que se iguala y es a todo el alumnado por abajo, como ya hacía la LOGSE “maravalliana”. Precisamente esas barbaridades en cambios, acompañadas de absurdas bravuconadas, son las que nos hacen pensar que la “Ley Celaá” no va a resistir cualquier cambio de color del Ejecutivo. Y esto no es nuevo.

Poco a poco y a medida que pasen los días iremos desgranando y comentando los cambios de la “Ley Celaá”. Esa contiene medidas variopintas. Hoy nos centraremos en algunas de ellas. Se advierten algunas crudas “agresiones” anticonstitucionales y si no son tratadas por el Tribunal Constitucional con prontitud van a hacer mucho daño al alumnado, a las familias y al prestigio del profesorado. Llamó la atención la discusión parlamentaria sobre la desaparición de la “demanda social” respecto a la tipología de centros. Me recuerda alguna de las medidas del franquismo como la del analfabetismo: había tanto en España que se decidió acabar con él mediante el BOE. Así, sin más. “La sociedad española ha vencido al analfabetismo”, según firmaba el entonces ministro de Instrucción Pública.

Veremos qué medidas se toman para intentar equilibrar la distribución del alumnado entre redes: es el primer atentado contra la libertad de los padres. En pleno siglo XXI es inentendible una medida de ese calibre impidiendo a los progenitores elegir el centro educativo para sus retoños. ¿Pero qué ‘acémilas’ nos gobiernan? ¿En manos de qué ‘burdéganos estamos? Según el MEyFP hay una matrícula desproporcionada de alumnado “desfavorecido” en la pública. ¡Qué manía con decir medias verdades o mediocres mentiras! Es fácil comprobar que hay aulas en la enseñanza concertada con 25 alumnos de los cuáles 17 son hijos de inmigrantes (“las aulas parecen la ONU”, como decían mis hijos siendo adolescentes) y aulas de primaria de la pública con 22 alumnos y 20 son españoles. Eso de generalizar lleva a pocos sitios buenos. ¡No nos mientan en lo que vemos a diario!

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Dice la ministra que “en la pública estudian nueve de cada diez chavales de los hogares con menor renta”. Me gustaría saber de dónde ha sacado ese dato mentiroso y provocador: la caída de la calidad educativa de resultados en muchos centros concertados llegó cuando sus aulas se inundaron de inmigrantes. Pero este dato no es general sino específico y demostrable. No es de recibo que las comunidades deban establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y concertados”. ¿Dónde queda mi libertad de elección de centro como padre, por ejemplo?

La “Ley Celaá” vetará el español en los colegios. Ya no será lengua vehicular. ¿Se imaginan ustedes que en Francia deje de ser el francés la lengua vehicular y se imponga el tagalo que se habla como primera lengua en Filipinas? La élite mular dejará que se empolve la segunda lengua más hablada en el mundo y todo por pura ignorancia de gaznápiro. Es una mala medida colmada de despropósito lanar. ¡Prohibir el español en la enseñanza para poder sestear en Moncloa! Es algo así como cargar al pobre con la pobreza ‘per secula seculorum’. Es el triunfo de gaznápiros, burdéganos, vagos, maleantes, saltimbanquis y malos políticos.

Por cierto, y termino, la mitad más uno del Gobierno socialcomunista estudió en colegios privados cuando eran jóvenes. ¿Hablamos de despropósitos o de maléfica inquina? Lo mejor de todo cuanto he leído hoy en los medios, se lo dejo aquí para su disfrute: “Sin suspensos ni inspectores, pronto todos los niños serán titulados en burricie y doctores de saldo; salvo en las familias del régimen socialcomunista, que se eternizarán” (Leído en “La atrocidad de Celaá”. Comentarios liberales).