El despilfarro en Parlamentos y Defensores del Pueblo autonómicos, que a nadie defienden. Por Ramiro Grau Morancho

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Recuerdo con sorpresa, no exenta de indignación, cuando todos los parlamentarios “aldeanos” aragoneses acordaron ponerse sueldo, un sueldo de alrededor de tres mil euros mensuales, por aquel entonces, lo que multiplicado por 67 miembros, pagas extras, cotizaciones sociales, etc., suponía una cantidad bastante elevada. Hubo unanimidad: PSOE, PP, PAR e IU estaban de acuerdo.

Anteriormente sólo cobraba salario la Mesa, es decir un reducido número de diputados, y los demás únicamente dietas y gastos de desplazamientos.

Algo parecido sucedió con su comisionado, El Justicia de Aragón. En una primera época, había un escaso número de asesores, creo recordar que cuatro, de libre designación, bastante bien retribuido, y un reducido personal administrativo. A partir de un determinado Justicia, que tenía muchos amigos que colocar, él o su partido, se incrementó la nómina de asesores hasta doce, alegando que la ley no limitada su número, y el personal administrativo hasta diecisiete personas, incluyendo chófer, ujieres, escoltas, etc. Por supuesto con Palacio propio, coches oficiales, etc.

El siguiente Justicia nombró idéntico número de asesores que el anterior, y cuando se le recriminó en la prensa se limitó a decir que había nombrado exactamente los mismos que el anterior…, aunque el trabajo fuese escaso. Exactamente unas mil quejas al año, para un coste de la Institución de doscientos cincuenta millones anuales, lo que supone que la tramitación de cada queja tenía un coste de 250.000 pesetas…, de las de entonces. (O casi dos mil euros, de los de ahora).

Posteriormente se incrementó el número de asesores hasta dieciséis, y ello a pesar del poco “trabajo” existente, cobrando todos y cada uno de ellos exactamente lo mismo que un juez o fiscal…, tal vez para que no vieran reducidos sus ingresos, pues una buena parte procedían de las carreras judicial y fiscal.

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Como yo decía irónicamente entonces, y reitero ahora, ¿no hubiera sido mejor darle a cada quejoso una subvención por ese importe y ahorrarnos la Institución, habida cuenta de su ineficacia, en general?

En resumen, lo que quiero decir es que hemos sobredimensionado las Instituciones. Las Cortes de Aragón en los últimos años si por algo se han caracterizado es por su escasa producción legislativa (lo que seguramente es de agradecer), por lo que no tiene mucho sentido en épocas de austeridad económica que los 67 diputados sigan cobrando por una dedicación exclusiva que realmente la mayoría no tienen, a excepción de la Mesa, y poco más.

Y tampoco tiene mucho sentido tener dieciséis asesores –ahora creo que quince- para tramitar dos mil quejas anuales, teniendo en cuenta que a una simple petición de información se le asigna número de queja, cuando únicamente se trata de saber cuántos aragoneses se han quejado a la Institución por no poder estudiar en Aragón la carrera que querían hacer (es un caso real, que me ha sucedido a mí mismo). En resumen, que se incrementa artificiosamente el número para justificar la función y el empleo. Espero que las facturas no las numeren también como quejas…

Estas manifestaciones las hago con todo respeto hacia las personas que dirigen e integran estas instituciones, y que estoy seguro hacen las cosas lo mejor que pueden.

El problema es que si hay que apretarse el cinturón, tenemos que apretárnoslo todos, y no solamente los parados, jubilados y funcionarios.

Por cierto, sigo sin saber cuánto se han bajado el sueldo nuestros diputados y el Justicia y sus asesores.

(Leo en la prensa, concretamente en Heraldo de Aragón, un artículo de don José Luis Castro Polo, quien nos “informa” de que los 67 diputados aldeanos aragoneses han acordado “equipararse” a directores generales, a efectos del cobro del complemento especial de altos cargos, que supone según el articulista, unos mil euros mensuales más para todos aquellos que sean empleados públicos, durante el resto de sus vidas laborales. ¡Acojonante! La verdad es que no tengo palabras. Cada día coincido más con la opinión de mi padre, que con ocasión de una reunión de las Cortes franquistas dijo: ¡Ojala les caiga un rayo en el hemiciclo!).

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Siempre he pensado que EL JUSTICIAZGO cabría en un apartamento, con un par de asesores y un par de secretaría, y eso como mucho.

Y que su ubicación natural, y la más barata, sería en el propio Palacio de la Aljafería, como alto comisionado que es de las Cortes de Aragón.

Las Cortes de Aragón nos cuestan más de veinticinco millones de euros al año, y el Justicia alrededor de tres, por lo que entre ambas Instituciones nos suponen un gasto corriente de unos 30 millones de euros anuales, o cinco mil millones de las antiguas pesetas, para los que ya tenemos una edad…

¿De verdad creen ustedes, que con la que está cayendo, podemos permitirnos estos dispendios?

Multipliquen el gasto por 17 autonosuyas, en acertada expresión de don Fernando Vizcaíno Casas…, y lloren conmigo.