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El proyecto de ley 121/000064 de Memoria Histórica lo podemos resumir en 5 claves que analizaremos para comprenderla mejor. Ahora bien, lo que propone esta ley no solo es peligroso, sino que supondrá un olvido y reexplicar la historia según le convenga al gobierno de turno, al no creer que cuando gobierne el PP sea derogado. Teniendo en cuenta esto, ¿qué significará en un futuro próximo la puesta en marcha de esta ley? 

La primera lave es la de declarar ilegal el régimen franquista. Al ilegalizarlo lo que se pretende es anular todas las causas judiciales que tuvieron lugar de 1939 a 1975. Quieren resarcir unos sucesos ocurridos para blanquear a aquellas personas “represaliadas por el franquismo”. Se considera que todos ellos son nulos de pleno derecho al no haberse realizado con unas mínimas garantías para el acusado. 

Con la ley quedarían anulados los juicios que han quedado archivados en la llamada Causa General. El decreto de 26 de abril de 1940 se instruyó la Causa General para conocer “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. En ella se incluyeron 85.940 victimas republicanas. Terminada la guerra los juicios llevados  cabo forman parte del proceso represivo llevado a cabo por el vencedor. De haber ganado el bando republicano hubiera pasado lo mismo. Esta manera de actuar no es una excepción, se ha llevado a cabo en otros países. Solo recordar el proceso de Nuremberg contra los líderes nazis o los juicios de Tokio. También al final de la guerra de los Balcanes se llevó a juicio a los perdedores. 

La nulidad de estos juicios, contra personas que durante la guerra civil cometió asesinatos contra la población civil, supone que se rompe en España la seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Si se anula una sentencia, acto seguido queda eliminado cualquier efecto de la misma. Es decir, se rehabilita a la persona y deja de ser culpable de aquello que se le acusó. Esto significa que esta parte de la historia desaparece. Esas personas represaliadas, aunque se sepa el nombre, no se podrá decir que tal o cual lo asesinaron, pues esa persona o personas no es o son culpables de nada. Están exculpados y nunca cometieron ningún ultraje ni crimen. 

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Esta parte es un grave error histórico. La ley creará dos historias. La que algunos quieren contar y otra paralela, que será la real, pero no se podrá explicar. ¿Alguien se imagina que una ley anulara los juicios de Nuremberg y, con ello, exculparlos del genocidio cometido? Y es más, aquellas personas que fueron represaliadas por los delitos cometidos, si ahora no son culpables, ¿cómo se explica que fueran condenados a muerte o a penas de cárcel? Esta revancha histórica provoca una desmemoria brutal. Quizás hay otros métodos para resarcir la memoria de estas personas, si es que debe hacerse, pero no con esta nueva ley que solo lo complica todo. 

La segunda clave está vinculada con el idioma o lengua. Se llama lengua al conjunto o sistema de formas o signos y escritos que sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. El lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos atribuido. La ley reconoce como víctimas a las lenguas. Y las personaliza diciendo que “el euskera, el catalán y el gallego son consideradas víctimas”. También a las comunidades y las culturas cuyos habitantes “fueron perseguidos por hacer uso de estos”. ¿Se puede considerar víctima a una lengua? ¿Tiene sentido hacerlo? 

Querer poner a la misma altura una lengua con las atribuciones de una persona es un sinsentido. Una lengua es algo inanimado, se habla o no, pero no tiene sentimientos ni vida propia. Por ello no puede ser víctima. Hoy en día el latín y el griego clásico están en desuso. ¿Podemos considerarlos víctimas de la evolución social? La verdad, es una sinrazón. Ahora bien, lo que pretende la ley es victimizar una cosa que no ocurrió. El franquismo no prohibió hablar el catalán. tema aparte es el euskera y el gallego, como veremos. 

En Cataluña se acusa a Felipe V porque, en el momento de proclamar el Decreto de Nueva Planta, prohibió el catalán. Una afirmación que no es correcta. Se prohibió a nivel burocrático, no era oficial, pero no se persiguió a nivel privado. En la Cataluña interior se siguió hablando y escribiendo en catalán. Es más, durante las guerras carlistas los bandos se imprimían en castellano y en catalán. ¿Por qué? Muchos de los soldados carlistas no entendían el castellano y no obedecían las órdenes si no eran en catalán. Es más, el infante Alfonso Carlos de Borbón -hermano del pretendiente carlista Carlos VII-  jefe de los Reales Ejércitos en Cataluña, aprendió catalán para comprender a sus soldados y poderles dar órdenes. Entre la burguesía catalana -aún hoy en día- el idioma familiar es el castellano. El catalán, aunque lo hablen, era el lenguaje e la clase obrera. Hablar castellano, decían, “hacía fino”. Ante esto hay que preguntarse: ¿la burguesía catalana no victimizaba un idioma que ahora quieren magnificar? 

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“No es cierto que el catalán estuviera prohibido durante el franquismo. Lo que pasa es que no era oficial, se podía escribir en catalán y se podía publicar en catalán, pero no era oficial”. Esto lo afirmaba la escritora mercedes Salisachs. Durante los 40 años de dictadura la lengua y literatura catalana no sólo no estuvo perseguida, sino que fue muy fecunda. 

En las Navidades de 1964 el Ministerio de Información y Turismo conmemoró los 25 años de paz con enormes carteles instalados por toda España en castellano, catalán y euskera. Con respecto al euskera, Alfonso XIII declaró castigar a los profesores que lo enseñaran y en los años siguientes lo hicieron desaparecer de los ámbitos de la vida. El gallego, aunque desapareció de la escena pública durante los primeros años de la dictadura, volvió a florecer a partir de 1960.

Autor

César Alcalá