Un presidente cubierto por el fango de la corrupción y humillado por el independentismo. Por Rafael García Alonso

Hace apenas un año Pedro Sánchez, a pesar de perder por un amplio margen las elecciones, consiguió ser investido presidente del Gobierno de España gracias a su abyecta coalición con la extrema izquierda, el independentismo supremacista y golpista catalán y el independentismo racista y filoterrorista vasco. Es decir, demostrando unas patológicas ansias de poder, una inmoralidad ilimitada y una falta de escrúpulos a prueba de bombas, P. Sánchez no tuvo mejor ocurrencia que reeditar el Frente Popular, a pesar de que tan siniestra conjunción de intereses, con su totalitario y criminal proceder al frente de la II República, desencadenó la Guerra Civil que asoló el siglo pasado a la nación española. Como era de esperar, dado que “la cabra tira al monte”, el nuevo Frente Popular con su sectaria forma de hacer política ha propiciado tal grado de polarización social que la convivencia entre españoles vuelve a verse de nuevo amenazada.

Junto a la enorme crispación social provocada por un discurso gubernamental fundamentalmente maniqueo y orientado a criminalizar a la oposición, nos encontramos con un presidente cubierto por el fango de la corrupción que afecta a su propio partido (“Caso Tito Berni”), a altos cargos de su Gobierno (“Caso Koldo/Ábalos”) y a su más cercano entorno familiar (“Caso Begoña Gómez” y “Caso David Sánchez”). Como consecuencia de todo ello llevamos un tiempo demasiado prolongado asistiendo a una situación de completo desgobierno, de tal forma que la “Agenda Política del PSOE”, que debería estar encaminada a solucionar los problemas del conjunto de la sociedad y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se ha visto sustituida por la particular “Agenda Personal de P. Sánchez”, centrada en desprestigiar y desacreditar tanto a los medios de comunicación como a los jueces que osan investigar todo lo relativo a las múltiples fechorías, desmanes y tropelías cometidas presuntamente por el entorno político y familiar del psicópata monclovita. En esta espuria tarea colaboran de manera harto infame todos aquellos medios de comunicación afines al sanchismo por mor de las suculentas subvenciones recibidas por parte del Gobierno socialcomunista, como se demuestra diariamente en las progubernamentales y deformadas informaciones que se pueden escuchar en la Sexta o la Cadena SER y leer en el diario El País o el digital El Plural, por citar algunos de los ejemplos más notorios. Así, todos los medios citados, siguiendo la línea marcada por los principales líderes socialistas, han llegado al extremo de intentar convencer a la opinión pública de la existencia de una campaña de acoso despiadado a Begoña Gómez y David Sánchez llevada a cabo por parte de aquellos periodistas y jueces que en el normal desempeño de sus funciones intentan esclarecer las actividades presuntamente delictivas llevadas a cabo por la familia presidencial. En estas labores de blanqueo del presidente del Gobierno y de su familia también actúa de manera obscena el Fiscal General del Estado (FGE). Así, Álvaro García Ortiz, cuya animadversión hacia Isabel Díaz Ayuso y su adhesión al relato sanchista resultan evidentes, no solo está envuelto en un delito de revelación de secretos para favorecer al Gobierno socialcomunista, sino que también parece haber dado instrucciones a los fiscales de abstenerse en todo momento de condenar los presuntos delitos cometidos por el entorno familiar de P. Sánchez, algo que estos servidores públicos, a la luz de los hechos, han llevado a cabo a con despreciable sumisión, dejando de esta forma a los jueces solos ante el peligro y, más allá de eso, atentando de forma flagrante contra el normal funcionamiento del Estado de Derecho. De hecho, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que aglutina a la gran mayoría de los jueces, ha escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticando los ataques recibidos por el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, por parte del entorno político del presidente del Gobierno español. Así, en su misiva la APM señala que “Lo que no pude admitirse es el ataque personal al juez instructor e incluso a su familia, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo”.

Todo ello ha llevado a la parálisis del Ejecutivo socialcomunista, de tal forma que más allá de unas pocas leyes de calado menor tan solo ha logrado sacar adelante en sede parlamentaria la “Ley de Amnistía”, y ello debido tan solo a que satisfacía las demandas del golpismo catalán, si bien es necesario señalar que dicha ley está recurrida por el Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, por considerar que vulnera el principio de igualdad entre españoles, el principio de seguridad jurídica y el principio de proscripción de la arbitrariedad, estableciendo con todo ello que es una ley que atenta contra la legalidad y la razón, de tal forma que, al no tener fundamento alguno, su elaboración tan solo puede deberse al capricho de su autor, por lo que entiende que “No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado. Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo lo que está aquí en cuestión”. Pues bien, junto a este varapalo en toda regla del más alto tribunal del Poder Judicial hemos podido comprobar como P. Sánchez lleva toda la legislatura permanentemente humillado por sus socios independentistas, de tal forma que no ha podido sacar adelante los “Presupuestos del Estado para el ejercicio 2024”, tampoco ha visto aprobada la “Ley de Extranjería” y finalmente ha sido víctima del rechazo parlamentario de la “Senda de Estabilidad Presupuestaria” que contenía los objetivos de déficit y de deuda para el ejercicio 2025, imposibilitándose así el proyecto de Presupuestos del Estado para el año venidero, lo cual supone de facto la imposibilidad de llevar a cabo una acción de Gobierno que afronte los problemas que padece la sociedad española en su conjunto. En definitiva, todo parece indicar que estamos ante una legislatura estéril, por lo que el hecho de que P. Sánchez no la de por concluida y convoque elecciones demuestra de forma fehaciente que este autócrata de tres al cuarto en ningún caso ha venido a la política para servir al pueblo español de la mejor manera posible, sino que lo único que pretende es valerse del poder para así satisfacer su desmesurado ego y disfrutar de su privilegiada posición. En cualquier caso, el habitual trilerismo político de P. Sánchez está siendo desmontado por un Carles Puigdemont que, si bien no es obviamente santo de mi devoción, tiene la virtud de demostrar un día sí y otro también que el psicópata monclovita es un personaje débil, perturbado y grotesco, que se encuentra encerrado, como si del Minotauro se tratara, en un laberinto de pactos abyectos, cuyo principal logro ha sido, por un lado, poner en riesgo la unidad de la nación española y el funcionamiento del Estado de Derecho y, por otro lado, desnaturalizar definitivamente al partido socialista hasta convertirlo en una secta en cuyas reuniones solo se escuchan los tenues balidos de los congregados.

Mientras todo esto sucede resulta que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa de los delitos presuntamente cometidos por Begoña Gómez, ha citado a declarar en el Palacio de la Moncloa al propio P. Sánchez por si pudiera aportar algún dato de interés para la investigación en curso. En este punto cabe recordar que cuando Mariano Rajoy, siendo presidente del Gobierno, fue llamado a declarar como testigo en el “caso Gürtel”, P. Sánchez manifestó públicamente que si tuviera un mínimo de dignidad debería dimitir inmediatamente. Obviamente P. Sánchez no solo no ha dimitido, sino que después de acogerse a su derecho a no declarar ha presentado una querella contra el juez por prevaricación, demostrando con todo ello que su soberbia es tan exorbitada como su indecencia, algo que, por otra parte, ya era sabido por la inmensa mayoría de los españoles.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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