España saqueada, por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Octava parte.- España está encanallada…Por Carlos Aurelio Caldito

«Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada.» 

Estas palabras no son mías (¡Qué más quisiera yo…!) son de Ayn Rand (La rebelión de Atlas), pero definen con absoluta precisión la actual realidad de España. Aunque alguno dirá que nuestro país no es el único que se ve retratado en tales palabras, claro que, mal de muchos además de consuelo de tontos es sinónimo de epidemia, y a veces de pandemia. 

Ayn Rand divide a las personas en dos tipos: quienes producen y los que no producen, que generalmente viven a costa de los primeros. Los que producen crean riquezas aparte de causarle un gran beneficio a la sociedad; los que no producen se limitan a «succionar» a los que producen, a parasitar de ellos, no producen nada y para más inri suelen destruir lo que crean los productores, para lo cual se sirven de las leyes y de la administración del estado. 

Ayn Rand ha sido aplaudida de manera entusiasta por muchos (su libro, La rebelión de Atlas, es el más leído en los EEUU después de la Biblia) y denostada por otros, en muchos casos desde un profundísimo desconocimiento… Son muchos los que la consideran una apologista del egoísmo, por considerar que lo que debe perseguir principalmente cualquier individuo es su propio provecho y evitar supeditarse al grupo. 

Las palabras de Ayn Rand me traen a la memoria que hace alrededor de veinticinco años el Tribunal de Cuentas de España, tras realizar auditorías contables a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, a los sindicatos, organizaciones patronales, etc. llegó a la conclusión, y así lo «denunció», de que todos ellos se habían lucrado durante un largo periodo de tiempo de manera fraudulenta, de los que entonces se denominaban «cursos de formación ocupacional» (sí, algo parecido al affaire de los «eres» en Andalucía). 

Hubo un consenso, generalizado en el Congreso de los Diputados respecto de que aquellas eran prácticas comunes a todos ellos, y sin sonrojarse lo calificaron como cosa atribuible a la «picaresca» característica de la cultura española… Ni que decir tiene que se corrió un tupido velo, y nadie se acabó responsabilizando de nada de lo concerniente a los escandalosos cursos, en los que hasta supuestamente participaba gente que había fallecido… 

¿Acabarán algún día las detenciones de políticos de los dos partidos que se han alternado en el poder en España en los últimos cuarenta y tantos años? ¿Es España un país especialmente corrupto; tenemos los gobernantes que nos merecemos, son todos los políticos unos golfos… acaso hemos cometido algún pecado por el que tengamos que purgar, o tal vez nuestros ancestros? 

En la actual España, la de la corrupción por doquier, hemos llegado a un grado tal de encanallamiento, de perversión, que son muchos -si no legión- quienes consideran que hay corrupciones malas, corrupciones regulares, y hasta corrupciones «buenas». 

Es realmente triste que haya personas que consideren que las prácticas corruptas son daños o males relativamente «soportables» y lleguen a disculpar las acciones de gente canalla, bandidos, delincuentes, fundamentalmente por estar esas formas de actuación más o menos extendidas, y ya el colmo de los colmos por ser practicadas por «gente de los nuestros». 

No nos engañemos, para que haya corrupción, aparte de políticos corruptos es imprescindible que también haya una gran mayoría de personas, de ciudadanos, que los apoyen, siendo por tanto sus cómplices (votando y volviendo a votar una y otra vez a los partidos corruptos) o convirtiéndose en estómagos agradecidos, paniaguados, miembros de la red clientelar de esos mismos políticos corruptos, de los que reciben en mayor o menor medida trato de favor, subvenciones, regalías diversas, concesiones de subsidios, y un largo etc. 

Y me dirá más de uno que en España el que no se corrompe no es porque no lo desee sino porque aún no ha encontrado el modo de hacerlo; y que estamos poco más o menos que obligados a resignarnos a la terrible situación de robo, cohecho, despilfarro, prevaricación, nepotismo, arbitrariedad generalizada, despilfarro, y un largo etc. por parte de los oligarcas y caciques que parasitan a nuestra costa, por los siglos de los siglos, como si alguien especialmente poderoso nos hubiera echado una maldición, o algo parecido. 

Pues NO, somos muchos los que consideramos que el parasitismo en España no es un daño soportable, un mal menor, y que España tiene remedio. Inevitablemente, una vez más acudo a Joaquín Costa y su idea de que para regenerar España es necesario un «cirujano de hierro», o mejor dicho una intervención quirúrgica urgente, una terapia de choque que corte de raíz todos los males que nos aquejan. Y me dirá más de uno que ¿Eso cómo se hace? Pues,… 

Hay que empezar por ser «rotundo» al hablar de compromisos éticos, de comportamientos moralmente aceptables. 

Decían los existencialistas que la angustia vital surge en los individuos cuando perciben un futuro indefinido, un horizonte lleno de posibilidades al que la persona debe enfrentarse sin ninguna o apenas garantía, la angustia incluye, además, desesperación y temor. Los seres humanos son incapaces de vivir sin una confianza duradera en algo indestructible. 

En las sociedades supuestamente civilizadas el Estado debería ser gerente y garante del bien común, para lo cual es necesario que el Derecho, la Economía, la Política se no estén reñidos con la Ética. Lo cual está bastante lejos de la situación que padecemos en la España actual, en la que reinan la impunidad, la corrupción, el autoritarismo, y por supuesto, un profundo cinismo. 

Esa reconciliación urgente de la Democracia con la Ética, con la Sociedad implica meterle mano a una de las cuestiones que supuestamente indignan más a los españoles, y de la que, por lo que parece, los políticos profesionales no tienen intención de hablar en la campaña electoral en la que estamos permanentemente inmersos, y menos ponerle remedio: la corrupción. 

¡Si, hablemos de la maldita corrupción! 

Raro es el estudio de opinión en el que se le pregunte a los españoles cuáles son los problemas que más les preocupan y que son más urgentes de hincárseles el diente, en el que los encuestados no respondan que la corrupción. 

El sistema político español está perfectamente diseñado, de tal manera que la capacidad de decisión de los políticos, su posibilidad de decidir de forma arbitraria, caprichosa, sean de tal magnitud que corromperse, más que una consecuencia sea su resultado más lógico. 

La corrupción en España se manifiesta de varias formas, tres en concreto: 

– la corrupción que tiene relación con asuntos urbanísticos, de recalificación de terrenos; 

– la corrupción relacionada con contratos de bienes y servicios por parte de las diversas administraciones; 

– y la corrupción ocasionada por los diversos subsidios y subvenciones. 

En el asunto de las recalificaciones, como bien se sabe, la clave está en que hay autoridades, generalmente municipales que poseen la capacidad de alterar el valor de los terrenos que recalifican, y por lo tanto la posibilidad de hacerse ricos, o favorecer a familiares y amigos. 

Por otro lado, al existir multitud de oficinas públicas con capacidad de contratar bienes y servicios, también son enormes las posibilidades de adjudicaciones millonarias y milmillonarias, con las consiguientes comisiones o mordidas, también supermillonarias, a cambio del trato de favor, monopolístico que se les concede a «empresarios patriotas», o de la cuerda del partido gobernante, sea cual sea el territorio e independientemente de los oligarcas y caciques que campen por sus fueros allí donde esté ubicada la oficina de contratación de bienes y servicios. 

Luego, como tercera forma de corrupción, están los diversos subsidios y subvenciones, que fomentan la obediencia debida, el clientelismo, los estómagos agradecidos, respecto del político que, va repartiendo favores y regalitos. 

Cuando se habla de todo ello la gente se indigna, grita, vocifera, pues cae en la cuenta de que, así, de ese modo los manirrotos y despilfarradores que nos mal-gobiernan originan un déficit continuo que acaba repercutiendo en el bolsillo del común de los mortales, e hipotecando el futuro de nuestros hijos, pero esa indignación suele durar poco. Desaparece cuando a uno lo tientan y acaba siendo agraciado con alguna de esas formas de corrupción. Y así hasta que los medios de información vuelven a airear algún caso «Gúrtel», o «papeles de Panamá», o ERES en Andalucía… 

España, aparte de caos e indigencia intelectual, está gravemente afectada por los mediocres y los malvados que han acabado ocupando todos los resortes del poder, los golfos y gánsteres que están presentes en todas las instituciones, desde los municipios hasta el gobierno de la nación. 

La corrupción impone su presencia y se deja sentir, ¡Y de qué manera!, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y por supuesto, en la prolongación de estos: los medios de información y creadores de opinión. Y hasta en las universidades. 

La corrupción aparece cada vez más como el gran caballo de Troya de la democracia, que desprestigia a políticos y partidos por igual, tanto los más nuevos como los menos nuevos. A ello se suma la constatación permanente de que muchos políticos viven en una realidad tan distante a la de la ciudadanía, que les resulta imposible aterrizar y palpar la realidad en la que vive la mayoría de la población. Entre la gente, la percepción más extendida es la de que quienes gobiernan, lo hacen para una minoría, cada día que pasa existe un mayor descontento hacia las élites y el poder político, que inevitablemente conduce a un mayor rechazo hacia la democracia representativa. 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora «Transparencia internacional», España es el país de Europa en el que más ha empeorado, en los últimos años, la percepción de corrupción y ocupa un lugar destacado en el ranking de países más corruptos. Evidentemente, no solo influye en el estado de ánimo de los españoles, es un asunto bastante serio y que afecta de forma muy dañina a la imagen de España y a sus posibilidades de atraer inversiones honestas y a largo plazo. Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo no puede encabezar el ranking de los países más corruptos, si quiere mantener una buena imagen y poseer competitividad. 

Bien, y… ¿qué hacer al respecto? No será fácil, por supuesto. Para empezar, es imprescindible una administración de justicia independiente de lobbies y de partidos políticos que, actúe de forma rápida y con contundencia, sin arbitrariedad. 

Empezando por aplicar el principio de «mínima intervención», promoviendo la máxima neutralidad de la Administración en todos sus ámbitos, local, provincial, regional, nacional; generalizando la idea de que el mejor gobierno es la mínima expresión del mismo, que se limite a perseguir las diversas formas de delincuencia, proteger a los ciudadanos de posibles agresiones del exterior, proteger la propiedad privada, la libre iniciativa privada, siempre que no implique atentar contra la integridad de otros, o intentar abusar, o intentar esclavizar… y por supuesto, vigilar para que se cumplan los pactos y contratos entre particulares. Y evidentemente la supresión completa de todo tipo de subvenciones, incluyendo a las organizaciones sindicales, patronales y partidos políticos. 

Hay que arrebatarles el poder a los caciques locales, provinciales, regionales… y a los oligarcas nacionales. Es imprescindible, si se quiere erradicar la corrupción, el parasitismo (algunos los llaman «élites extractivas») recuperar el estado unitario, desmantelar el «estado de las autonomías», y que el gobierno central recupere todas las competencias, empezando por las de Justicia, Sanidad y Educación, que el sobrevalorado José María Aznar traspasó a los gobiernos regionales. 

También es imprescindible reformar la actual ley de «régimen local» para que los alcaldes y concejales dejen de tener la capacidad de decisión que tienen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados. 

Ni que decir tiene que, si se quiere acabar con el parasitismo, con la terrible corrupción, es también urgente crear una sola oficina de contratación de bienes y servicios, además de recuperar la unidad de mercado, eliminando toda la legislación de las diversas taifas, que en lugar de favorecer la libre empresa y el libre comercio, para lo único que sirve es para expoliar a los ciudadanos que realmente emprenden, producen y crean riqueza y por lo tanto empleo (esa es otra, ya es hora de que los españoles cambien el «chip» y se den cuenta de que los gobiernos no crean empleo ni riqueza sino la iniciativa privada). 

España necesita reformas, necesita profundos cambios; y los cambios no vendrán con más estado, más políticas socialdemócratas, más políticas intervencionistas, más burocracia, más despilfarro  -pese a que una gran mayoría de los españoles así lo piense-; no vendrán con una legislación y con formas de gobierno que espantan las inversiones, en lugar de recibirlas con los brazos abiertos, con una legislación y una forma de gobierno que no fomenta la apertura al comercio exterior, los cambios que España necesita con urgencia extrema no vendrán con leyes y formas de gobierno que distorsionan la realidad, que distorsionan las estadísticas para engañar a la ciudadanía, aunque lo hagan cínicamente con «talante» a la vez que con ausencia de talento. 

No se olvide que los regímenes liberal-democráticos –no populistas-poseen un mayor nivel de bienestar y de crecimiento, son previsibles e infunden más confianza. Por eso nos vamos quedando en el vagón de cola, en el «trasero del mundo», pese a las enormes potencialidades que seguimos manteniendo inactivas, por responsabilidad del modelo populista de los partidos que forman parte del consenso socialdemócrata (VOX, PP, PSOE, CIUDADANOS, PODEMOS) que hipnotiza, esclaviza y embrutece. 

Y más de uno me preguntará: ¿Alguien está dispuesto a cambiar la organización territorial del Estado, o a profundizar en el sistema de democracia liberal con estricta separación de poderes, o a meterle mano al sector energético, o hacer una reforma laboral medianamente decente, o promover un nuevo sistema de pensiones, o eliminar los privilegios de los colegios profesionales, o eliminar trabas burocráticas inútiles, o promover la innovación y el crecimiento empresarial en lugar de seguir subvencionando estúpidamente a las dichosas PYMES? Además de todo lo anterior, es imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción. 

Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados. 

Hay que reducir el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuir también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público. 

Para hacer frente al clientelismo político, es urgente disminuir el número de cargos de libre designación, y que sean ocupados por empleados públicos, mediante algún procedimiento de concurso-oposición. 

Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción. 

Es imprescindible regular los Lobbies: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias. 

También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones. También es imprescindible reformar la actual ley de «régimen local» para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados. 

Y ya para terminar, es urgente legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, y reinstaurar «los juicios de residencia»: 

El juicio de residencia era propio del derecho castellano, aunque, al parecer, su origen estaba en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas. Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir. En el «Juicio de Residencia» se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas. 

La «residencia», que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso. 

Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público. 

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes. 

Bien, alguno preguntará ¿Existe el agente político capaz de todo ello en nuestro país? 

Por desgracia no parece que haya nadie, ningún cirujano de hierro -como afirmaba Joaquín Costa- que tenga tal propósito, dispuesto a actuar con contundencia, sin complejos… 

Pero, no se olvide lo que Maquiavelo afirmaba que debe ser uno de los principales atributos de «un buen príncipe»: debe tener tanto de zorro como de león para buscar el contexto y tener la oportunidad. 

Y, para ir ya acabando, permítaseme una última reflexión: 

Justificar determinadas formas de corrupción, decir que las hay soportables, es entrar en el terreno del todo vale. Es una invitación a la inmoralidad y al caos… 

O los españoles dejan de apoyar a los corruptos, ya sea con su voto, o siendo cómplices de su golfería… o solo nos quedará, tal cual nos cuenta Ayn Rand, lo que acaba haciendo el principal personaje de su novela, «La rebelión de Atlas», Jhon Galt, retirarnos a una especie de «Sangri La» situado en algún valle lejano entre montañas, abandonar esta sociedad corrupta e inmoral, a su suerte, y juntarnos con otras personas decentes para crear una nueva sociedad de productores en la que no haya un gobierno parasitario ni élites extractivas…