¿Puede el Estado controlar el gasto de las autonomías? Por Salvador Ruso Pacheco

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La mayor parte del gasto en España se produce a través de las comunidades autónomas, mientras que el Estado tiene cada vez un papel más residual en la prestación de servicios.

¿Pero era ese el espíritu de la Constitución cuando se crearon las comunidades autónomas?

Si la situación actual no refleja ese espíritu de la Constitución caben entonces dos posibilidades: suprimir las comunidades autónomas y volver a un Estado centralizado al estilo francés, o ejercer desde el Estado las funciones que le corresponden con respecto al control de los servicios transferidos a las comunidades.

En este momento la primera opción resulta difícil, porque requiere un consenso similar al que hubo para redactar la Constitución, lo cual con el panorama político actual resulta complicado, por tanto, solo nos queda la segunda.

La pregunta clave es: ¿Cómo mejorar el control del Estado sobre las transferencias realizadas?

Al no haber existido de facto limites en el ejercicio de las actividades de las comunidades autónomas, se debe implementar un sistema de controles por parte del Estado, tal como se establece en el artículo 153 de la Constitución, que garanticen el control del gobierno sobre los servicios a los ciudadanos que han sido cedidos para su gestión a las comunidades autónomas.

Existen dos figuras en el momento actual, que son las responsables de ese control: los delegados del gobierno y la alta inspección del Estado. La realidad es que ninguno de esos dos instrumentos se ha utilizado nunca para garantizar lo que establece el artículo 153.

Las transferencias, según el espíritu de la Constitución deben ir en ambos sentidos, pero en determinadas situaciones pueden ir en sentido inverso, y para eso se diseñó el artículo 155, pero eso se ha mostrado ineficiente en las dos ocasiones que se utilizó, tanto por Felipe González como por Rajoy.

Pero existe otro mecanismo que nunca se ha puesto en práctica. Ya que el dinero que manejan las comunidades autónomas se compone fundamentalmente por los impuestos cedidos por el Estado, siendo la partida clave las transferencias del fondo de compensación interterritorial con cargo a los presupuestos del Estado, y en estas transferencias puede estar la clave del control por parte del Estado a las comunidades sin necesidad de disolverlas.

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Solo habría que hacer una Ley que unifique los criterios de calidad y los contenidos de los diferentes servicios prestados, educación, servicios sociales y gasto sanitario, poniendo una tasa per cápita para cada ciudadano atendido en cualquiera de esos servicios, que no fuese superior a la tasa que las mutualidades de funcionarios pagan a las compañías sanitarias privadas o al costo real de colegios y universidades o al de los geriátricos del ámbito privado.

Por otro lado, la transferencia de fondos debe ser finalista, para cada gasto específico de hospitales, universidades etc, y no de forma global, lo que evitaría gastar dinero asignado a unas partidas en otras.

Unificando bajo el mando del delegado de Gobierno en cada Comunidad Autónoma a la Alta Inspección del Estado y dotando a esta estructura de medios suficientes para controlar la calidad y el gasto de cada organismo al que se le transfiere recursos, se puede controlar las transferencias realizadas en cada comunidad.

Si se produce un incumplimiento por parte de una comunidad autónoma del plan de ajuste que acompañe la ley, el gobierno puede aplicar medidas coercitivas ya que, si el gasto no se cumple o se usan los fondos mal en una autonomía, el crédito presupuestario se puede revocar.

Si una comunidad autónoma no es capaz de gestionar adecuadamente un servicio transferido, el Estado lo podrá rescatar o privatizarlo, en el caso de que solo la gestión privada sea capaz de ajustar el servicio a un gasto eficiente. Este tipo de control, obligaría a las comunidades autónomas a cerrar empresas públicas deficitarias, chiringuitos subvencionados, empezar a reducir personal en todos los servicios dependientes de la administración pública y a producir unos servicios de más calidad y a un costo mucho más reducido, tal como hacen las empresas privadas que ofrecen este servicio.

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