Con la finalidad de establecer un marco legal que regulara la convivencia hasta la aprobación de una nueva Constitución, el 15 de abril de 1931 se publicó en la Gaceta de Madrid un Decreto que establecía la formación de un Gobierno Provisional presidido por Manuel Azaña, así como la entrada en vigor del Estatuto Jurídico del Gobierno, que recogía los derechos fundamentales de los ciudadanos y la subordinación del Gobierno a las iniciativas legislativas emanadas de las Cortes Constituyentes, con la evidente finalidad de evitar abusos de poder por parte del recién creado Ejecutivo.
Sin embargo, poco tiempo después, concretamente el 21 de octubre de 1931 las cortes aprobaron la Ley de Defensa de la República (LDR), con el liberticida objetivo de establecer un instrumento de excepción al margen del sistema judicial que permitía al Gobierno actuar de forma arbitraria contra todos aquellos que según su criterio, evidentemente partidista, cometieran actos de agresión de cualquier tipo contra la República. En su articulado la LDR no solo consideraba actos de agresión las actividades delictivas ya contempladas en el Estatuto Jurídico, sino que también imponía severas limitaciones a la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación y de huelga. De esta forma, con la engañosa excusa de salvaguardar la buena salud de la República, el Gobierno republicano se dotaba a sí mismo de plenos poderes, para así ejercer una autoridad omnímoda que chocaba frontalmente con los aires de libertad y democracia que supuestamente traía consigo la II República. Un ejemplo paradigmático de las deletéreas consecuencias de la aplicación de la LDR lo encontramos en el permanente ataque del Gobierno a los medios de comunicación. Así, solamente durante el primer bienio republicano se cerraron de forma temporal numerosos periódicos y sus editores fueron multados con elevadas sumas de dinero por el mero hecho de trasmitir informaciones contrarias a los intereses del Gobierno o publicar artículos de opinión críticos con las políticas gubernamentales.
En medio de este ambiente represivo el Gobierno de Azaña tuvo serios enfrentamientos con los anarquistas, ya que éstos nunca aceptaron al régimen republicano por considerarlo esencialmente burgués. De hecho, los disturbios, las huelgas y los atentados perpetrados por anarcosindicalistas de la CNT, por ser el pan nuestro de cada día, constituyeron un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno republicano-socialista.
Tanta violencia callejera culminó en enero de 1933 con la llamada “masacre de Casas Viejas”. Los sucesos comenzaron el 10 de enero cuando un grupo de campesinos de tendencia anarquista asaltaron el Cuartel de la Guardia Civil de la gaditana localidad de Casas Viejas, asesinando en el curso del enfrentamiento a dos Guardias Civiles. Ante la gravedad de los hechos el Gobierno envió el 11 de enero una dotación policial compuesta fundamentalmente por Guardias Civiles, cuya misión era ocupar el pueblo para evitar la propagación de la revuelta. Sin embargo, cuando la situación parecía controlada, el Gobierno envió un nutrido contingente de la recién creada Guardia de Asalto, con la orden explícita por parte del director general de Seguridad de abrir fuego contra todo insurgente que opusiera resistencia. Como consecuencia de la desmedida violencia con la que actuaron los Guardias de Asalto el enfrentamiento entre los insurgentes y las fuerzas policiales se recrudeció, produciéndose intensos tiroteos que se saldaron con la muerte de 3 policías y 23 campesinos, 12 de los cuales fueron asesinados a sangre fría. Ante tales hechos la prensa condenó la brutalidad de la acción policial, acentuándose en la ciudadanía la sensación de que el país caminaba a la deriva en medio del caos, razón por la cual el Gobierno de Azaña quedó en una situación de extrema debilidad.
En definitiva, el clima de violencia, el descontento social y la inestabilidad gubernamental llevaron al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, a destituir a Manuel Azaña y nombrar como nuevo presidente del Gobierno al moderado Alejandro Lerroux. Sin embargo, el nuevo Gobierno entrante no logró concitar grandes apoyos por lo que finalmente Alcalá Zamora se vio en la obligación de convocar nuevas elecciones generales, encargando la organización del evento al recién nombrado presidente del Gobierno Diego Martínez Barrios.
Finalmente, en medio del descontento social, el 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales de la II República. El resultado fue un tanto sorprendente ya que a pesar de su reciente creación el partido más votado con diferencia fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderado por el que fuera catedrático de Derecho Político en la Universidad de La Laguna José María Gil-Robles. Inicialmente, aunque su victoria había sido incontestable, Gil-Robles cedió la formación del nuevo Gobierno al segundo partido político más votado, esto es, al Partido Radical de Alejandro Lerroux, el cual, a pesar de su notable anticlericalismo, era esencialmente un partido de centroderecha. Resulta sorprendente que, a pesar de las concesiones de la CEDA, la izquierda reaccionara de forma absolutamente beligerante ante la victoria electoral de la derecha, llegando al punto de pedir la invalidación de las elecciones por el mero hecho de haberlas perdido.
En este punto conviene resaltar la paradoja que supone el complejo de inferioridad mostrado por la derecha en contraste con el supremacismo moral exhibido por la izquierda. De hecho, la derecha no solo no debería estar acomplejada, sino que debería sentirse orgullosa de la mejora de la calidad de vida impulsada en los países occidentales por un capitalismo que había sido convenientemente modulado por el liberalismo democrático. En contraposición la izquierda no tenía motivo alguno para sentirse moral y políticamente superior a la derecha, ya que, bajo la dirección de Stalin, su admirada Unión Soviética se había convertido en un inmenso campo de concentración, donde la libertad cogió las de Villadiego en el mismo instante en que la miseria hizo acto de presencia.
En cualquier caso Lerroux llevo a cabo unas políticas timoratas, que dejaron incólume la mayor parte de la legislación emanada del Gobierno republicano-socialista, lo cual no fue óbice ni valladar para que la presión por parte de la izquierda contra el nuevo Gobierno centrista siguiera funcionando a pleno rendimiento tanto en las calles como en el Parlamento. No obstante, después de un año de Gobierno del Partido Radical, Gil-Robles, pensando erróneamente que la tormenta izquierdista había decrecido en intensidad, decidió entrar en el Gobierno, de tal forma que Lerroux se vio obligado a conceder a la CEDA tres carteras ministeriales. Como no podía ser de otra forma, ante tamaño desafío la izquierda entró en cólera e incrementó la presión sobre el Gobierno alentando los altercados callejeros y las huelgas obreras y campesinas. En consecuencia, el ambiente se enrareció hasta tal punto que la gobernanza se convirtió en misión imposible, lo cual irremediablemente condujo a la inestabilidad política, al enfrentamiento social y al marasmo económico.
En definitiva, los hechos acontecidos durante el primer bienio republicano mostraron con meridiana claridad el talante eminentemente totalitario de la izquierda española, demostrándose con ello que, más allá de su cínica retórica plagada de lugares comunes en favor de los desheredados, lo que realmente pretendían tanto los socialistas como los comunistas era acabar con la democracia e imponer esa tenebrosa distopía marxista que es la dictadura del proletariado.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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