Pliego de descargo contra la criminalización de los actos del 20-N. Por Pablo Gasco de la Rocha

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El universo ideológico de quienes consideran sancionables los actos que se han celebrado con motivo del 20-N: Misa por Franco en la Parroquia los doce Apóstoles, Marcha de la Corona y Acto en la Plaza de Oriente, pidiendo no sólo multas de elevadísima cuantía, sino imputaciones penales para organizadores y asistentes, son aquellos que repitieron hasta la saciedad… “La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente”. (Rosa Luxemburgo. Dirigente marxista).

Los mismos que hoy, crecidos por falta de contención, apuestan por lo que les es más propio, la liquidación del “enemigo”. Porque ellos siguen creyendo en las dos España. Algo que venía superado más allá de la Amnistía de la etapa que inicia España a partir de 1977. Amnistía que amparó al genocida Santiago Carrillo Solares, la rata de Pontejos, como se le conocía en el Madrid sometido a su terror.

De ahí, la defensa que han venido haciendo de cualquier manifestación, acto o representación ofensiva contra los sentimientos de una parte de la sociedad española, incluso contra los sentimientos más sagrados de esa parte de españoles, como fue el espectáculo sacrílego y blasfemo Drag Queen Sethlas, que, amparado en la libertad de expresión, hacia mofa de la Santísima Virgen María.

Por no hablar del grito… “Arderéis como en el 36”. Los monumentos y nombres a calles y plazas en favor de los suyos, con los que han inundado Madrid y otras ciudades de España, sin importarles lo que hubieran hecho, mientras quitaban las que consideraban del “enemigo”, sin esperar siquiera orden judicial. Modo de proceder que no hubiera despertado oposición, si no hubiera ido acompañado de agravio comparativo, porque todos esos nombres, los unos y los otros, son parte de nuestra historia común. Por lo que, con esa selección interesada, lo que se oculta es una parte del relato histórico que el pueblo merece conocer.

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Ahora bien, con ser esto sumamente importante y demostrable, ahora pretenden cercenar cualquier atisbo de libertad que no sea la que ellos impongan, por lo que pretenden que una parte de la sociedad española no quede amparada por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 que en su artículo 19 reconoce que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, un derecho que “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Ni por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Ni siquiera por el artículo 20 de la Constitución española de 1978, que reconoce y protege los derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Está claro que han elegido como víctimas a una parte de la sociedad por su ideología política, mostrando hacía ella toda la intolerancia, hostilidad y discriminación que pueden ejercer, por considerar que esos españoles tienen menos derechos que ellos. Siendo, por tanto, evidente, que ellos sí que incurren en un delito de odio, en tanto en cuanto “niegan derechos” a personas “por su manera de pensar”.

En los actos organizados con motivo del 20-N no ha habido, ni por parte de los organizadores ni de los asistentes, sentimiento, voluntad o propósito de odio hacia nadie, menos aún hacia personas ya fallecidas, sino exaltación de ideas y valores que más allá de dividir a los españoles, lo que pretenden es unir. Siendo una desproporción por su parte, sustentar conductas punibles sustentadas en prejuicios negativos hacia millones de españoles por su forma de sentir y pensar. Por lo que el alegato contra esta criminalización se impone.

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Alguien tiene que parar esta deriva, porque sin Derecho, el Estado deviene fallido. Y aunque hay conductas y actos que están rebasando muchas líneas rojas, que confiemos se pueda rectificar, hasta el extremo del Estado de derecho fallido no se puede llegar.