En la pasada convención “Europa Viva 24” organizada por Vox para reunir a sus afiliados y simpatizantes con los principales líderes de la nueva derecha en el madrileño Palacio de Vistalegre el presidente argentino Javier Milei tuvo la osadía de decir que Begoña Gómez, es decir, la esposa de Pedro Sánchez, era una persona corrupta. Teniendo en cuenta que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha decidido abrir diligencias contra B. Gómez por los presunta comisión de sendos delitos de corrupción y tráfico de influencias, no parece que J. Milei ande muy desencaminado. Ante tal acusación P. Sánchez, haciendo gala de un victimismo impostado con la exclusiva pretensión de movilizar a su electorado, decidió llamar a consultas a la embajadora española en Argentina, dejando así en suspenso las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Aunque del psicópata monclovita puede esperarse cualquier cosa, no solo resulta exagerado sino también deplorable el que un comentario dirigido no contra la nación española sino contra su esposa condicione en tan alto grado la política exterior del Gobierno español con un país como Argentina con el que estamos unidos no solo por intereses geoestratégicos y económicos, sino también por lazos históricos y sentimentales. Pero es que, además, como ha explicado con su habitual clarividencia Cayetana Álvarez de Toledo, en función de los hechos acaecidos pudiera parecer que “El Gobierno de España puede llamar drogadicto al presidente de Argentina y corruptos a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su hermano a los que ningún juzgado investiga por corrupción. Pero el presidente de Argentina no puede llamar corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España a la que un juzgado investiga por corrupción”.
Sin embargo, más allá de la falta de reciprocidad en el trato entre naciones que parece defender P. Sánchez, lo sucedido viene a poner de manifiesto el trastorno egocéntrico que padece P. Sánchez, ya que con su forma de proceder demuestra la identificación que hace de su persona con la nación española y su confusión a la hora de distinguir los intereses personales de los intereses nacionales. Obviamente, este trastorno narcisista de la personalidad tiene como secuela el que P. Sánchez muestre en el ámbito político un perfil autocrático, es decir, el de un dirigente político cuyo único propósito es perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de subvertir el “Estado social y democrático de derecho”. Así, tras años de criminalización de la derecha para inhabilitarla ideológicamente y así impedir la alternancia en el poder y con ello la regla básica del juego democrático, P. Sánchez se ha propuesto también el asalto a la Justicia representada por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, el psicópata monclovita tiene la perversa intención de acabar con la separación de poderes, dinamitando así la democracia y, a su vez, liquidar la independencia del Poder Judicial, finiquitando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, para, a partir de todo ello, instaurar un régimen despótico en el que la degradación del sistema judicial permita a las élites políticas actuar de forma arbitraria e impune.
De hecho, su talante autoritario ha llevado a P. Sánchez a tener una concepción patrimonialista de las instituciones del Estado, fijando por ello su torva mirada en el Ministerio Fiscal, ya que, como él mismo declaró, la elección de su máximo representante dependía de Gobierno de turno, si bien había una norma no escrita que abogaba por nombrar Fiscal General del Estado (FGE) a una persona no solo de reconocido prestigio sino también de demostrada independencia política. Contraviniendo dicha norma, P. Sánchez nombró como máximo representante del Ministerio Fiscal a Dolores Delgado, la cual carecía de la necesaria idoneidad para el cargo no solo por mantener una estrecha relación con el PSOE (como lo demuestra el hecho de haber sido ministra de Justicia en el primer Gobierno de P. Sánchez), sino también por cultivar amistades peligrosas (como su pareja sentimental, el exjuez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación a 11 años de inhabilitación, y el comisario de policía José Manuel Villarejo, acusado entre otras lindezas de pertenencia a organización criminal). En consecuencia, la labor de D. Delgado al frente de la Fiscalía solo puede calificarse de infame, por estar orientadas la mayor parte de sus decisiones a una defensa a ultranza de los intereses del Gobierno socialcomunista. Cuando D. Delgado decidió abandonar su puesto, P. Sánchez optó por una línea continuista, nombrando FGE a Álvaro García Ortiz, que hasta entonces había sido precisamente la mano derecha de D. Delgado. Como no podía ser de otra forma dados sus antecedentes, la labor de Á. Gª Ortiz al frente del Ministerio Público ha estado salpicada de numerosos escándalos. Así, apenas un año después de su nombramiento el pleno del CGPJ consideró que Á. Gª Ortiz no era apto para desempeñar dicho cargo, lo cual sin duda supone una reprobación de tal gravedad que afecta a la propia credibilidad del Ministerio Fiscal. De hecho, poco tiempo después de acceder al cargo el Tribunal Supremo apreció que había incurrido en desviación de poder al no permitir el pronunciamiento del Consejo Fiscal antes de nombrar a D. Delgado fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, terminando por anular dicho nombramiento por el conflicto de intereses que suponía para D. Delgado el que B. Garzón estuviera implicado en una obsesiva recusación del franquismo. Por último, actualmente hay una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuesta por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid contra los fiscales que filtraron datos confidenciales de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso por orden directa de Á. Gª Ortiz, tal y como él mismo ha reconocido, teniendo por finalidad tan ilegítimo proceder el iniciar una nueva campaña de difamación contra la presidenta madrileña. No debe extrañar que toda esta lamentable cadena de acontecimientos haya llevado a distintas fuentes fiscales a declarar que “si Á. Gª Ortiz tuviera un mínimo de dignidad debería dimitir inmediatamente”. En cualquier caso, la manipulación de la Justicia que el Gobierno socialcomunista pretende llevar a cabo resulta evidente y amenaza con ir a más, ya que el ministro de Justicia Félix Bolaños pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que la fase de instrucción de los procesos penales deje de estar en manos de los jueces y pase a ser competencia de los fiscales, lo cual daría al Poder Ejecutivo la potestad de determinar si se debe llevar a cabo la imputación formal del acusado y la apertura del correspondiente juicio oral.
Otro de los principales objetivos de P. Sánchez ha sido colonizar el Tribunal Constitucional (TC) para que éste no supusiera un obstáculo a la hora declarar la constitucionalidad de las leyes que pudieran salir de un Parlamento controlado por socialistas, comunistas e independentistas. Así, la renovación del TC se convirtió en una cuestión de Estado, ya que tras la reforma por parte del Gobierno socialcomunista de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para impedir que el CGPJ pudiera designar a los jueces para ocupar las plazas vacantes en los Tribunales de Justicia mientras sus miembros estuvieran en funciones por haber concluido su mandato, P. Sánchez no tuvo escrúpulo alguno en volver a modificar su propia ley poco tiempo después, permitiendo que el CGPJ pudiera designar tan solo a los dos miembros del TC que le corresponden y así habilitar al Gobierno para nombrar a los dos miembros del TC que a su vez le corresponden, por establecer la Constitución que la renovación de los miembros del TC debe hacerse por tercios (es decir, de 4 en 4). El esperpéntico espectáculo culminó con el nombramiento por parte del Gobierno del exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora socialista de Asuntos Constitucionales Laura Díez, pasando de esta forma el TC a estar constituido por una mayoría de miembros afines al PSOE. No satisfechos con ello, el TC nombró presidente del mismo al también socialista Cándido Conde-Pumpido, el cual, según fuentes jurídicas de toda solvencia, ha colaborado en secreto con el Gobierno socialcomunista en la elaboración de la Ley de Amnistía relativa al “Golpe de Estado” perpetrado en Cataluña. En definitiva, todo ello ha supuesto la parasitación por parte del partido socialista del TC, el cual ha pasado de ser un tribunal de garantías a ser un tribunal de prerrogativas sanchistas, avanzándose de esta manera en el camino emprendido por P. Sánchez para eliminar el imperio de la ley en igualdad de condiciones para el conjunto de la ciudadanía.
Una vez bajo su mando tanto el FGE como el TC, la última institución que a P. Sánchez le queda por controlar en el ámbito de la Justicia es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a ello dedica buena parte de sus esfuerzos. En este punto cabe señalar que inicialmente, respetando lo apuntado por el texto constitucional, 12 de los miembros de dicho órgano de representación de los jueces eran elegidos por los propios jueces, otros 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado, debiendo contar con una mayoría cualificada de 3/5 en ambas cámaras. Fue en 1985 cuando el Gobierno de Felipe González modificó el sistema de elección, de tal forma que los 20 miembros del CGPJ pasaron a ser designados exclusivamente por el Congreso y el Senado. Obviamente, ello supuso una subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo que todavía hoy persiste, produciéndose con ello, una merma de la separación de poderes. Pues bien, una vez caducado el mandato de los actuales miembros del CGPJ, lo que P. Sánchez pretende es dar por concluida la prórroga de su actividad y que el Parlamento proceda a su sustitución, para así, con el apoyo de comunistas e independentistas, disponer de una mayoría afín a sus intereses. Lógicamente, tanto el PP como Vox se oponen al intento de control del CGPJ por parte del Gobierno, planteando que junto a la designación de los nuevos miembros del CGPJ se proceda a la modificación del sistema de elección, devolviendo a los jueces la potestad de designar a 12 de sus representantes y así garantizar la independencia del Poder Judicial y la despolitización de la Justicia. Como cabría esperar, P. Sánchez se ha negado en redondo a tal planteamiento, llegando incluso a amenazar con la implantación de un sistema en el que los miembros del CGPJ sean elegidos tan solo por el Congreso por mayoría simple. Con esta postura se pone de manifiesto que la intención del psicópata monclovita no es, como repite hasta la saciedad, desbloquear el funcionamiento del CGPJ, sino que lo que realmente pretende es tener bajo su control a los jueces que habrán de juzgar, entre otros casos, a muchos de los miembros de su partido o a su propia esposa por la presunta comisión de delitos de corrupción.
Para terminar, solo queda señalar que la Justicia constituye el principal dique de contención frente a la tiranía de los gobernantes, por lo que de consumarse el asalto de P. Sánchez al CGPJ la nación española se encontraría a un paso de precipitarse en el oscuro abismo del totalitarismo.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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Este Señor está tomando decisiones para su conveniencia personal no para la Nación Española, hay que llevarlo a los tribunales, porque sus actuaciones es en detrimento de España y su perjuicio, para su propio beneficio.
ACTUAR YA!
Creo que va siendo hora de una movilización histórica sin ideologías para poner fin a este tipo de política que mira únicamente por los intereses personales pero de un lado y del otro. Merecemos políticos que gestionen