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La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia establece que “El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho”. Además, el mismo documento señala que “El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”.
Con la idea facilitar el cumplimiento de los objetivos vinculados con la transformación del lenguaje jurídico para hacerlo más comprensible, el Consejo de Ministros constituyó una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2009, presidida por el Secretario de Estado de Justicia y con el Director de la Real Academia de la Lengua Española como vicepresidente, la Comisión ha estado integrada por ocho vocales provenientes de diversas disciplinas, profesiones e instituciones, elegidos por razón de su dilatada experiencia y sus conocimientos en los ámbitos jurídico y lingüístico. La Comisión recibió el encargo de presentar al Consejo de Ministros un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del Derecho, con la finalidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos, elaborándose así el Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha afirmado en diversas ocasiones que va a apostar de una manera clara y contundente por la implementación del lenguaje jurídico comprensible. Hace pocos días afirmó, en una conferencia en el Colegio de Registradores de Madrid, que “existe un derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje de la Justicia”, añadiendo que “la claridad aumenta la seguridad jurídica y es compatible con la complejidad. Hay una necesidad de la corrección lingüística de los textos jurídicos para que sean más claros y entendibles y así evitar problemas interpretativos”.
Ciertamente, el proyecto sobre el lenguaje jurídico comprensivo tomó un buen impulso cuando se inició. Sin embargo, fue frenado por las circunstancias políticas y económicas que caracterizaron el final de la década pasada.
Durante décadas, se ha podido comprobar como, de forma críptica, eran dictados leyes, resoluciones judiciales y, en menor medida, actos administrativos, utilizándose un lenguaje que puede ser, hasta cierto punto, necesario para el establecimiento de presupuestos de hecho y consecuencias jurídicas los juristas, pero contraproducente para los ciudadanos. Eso provoca que, irónicamente, los destinatarios de esas manifestaciones de los poderes del Estado no lleguen a recibir de un modo absolutamente claro el contenido de esas leyes, resoluciones judiciales y actos administrativos, limitándose el debido aprovechamiento de información sobre aspectos jurídicos esenciales.
Es cierto que hay muchos cambios necesarios para el desarrollo de la actividad vinculada con los operadores jurídicos, pero la modernización del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho es indispensable para acercar su labor a los ciudadanos. Una gran ayuda podrá encontrarse en la difusión y aplicación por los juristas del Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico, aunque hay que reconocer que será complicado poder hallar cambios significativos en el largo plazo sin el compromiso por parte de una gran cantidad de operadores jurídicos.
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