Pedro Sánchez pretende dar el golpe de gracia al Estado de Derecho. Por Rafael García Alonso

Acosado por la corrupción que asola a su entorno familiar y político, Pedro Sánchez se ha convertido definitivamente en una suerte de animal herido que en su locura amenaza con destruir todo obstáculo que se interponga en su tortuoso camino hace tiempo emprendido con la exclusiva finalidad de perpetuarse en el poder mediante la instauración de una régimen cesarista, cuyas señas de identidad son esencialmente el autoritarismo y el culto a la personalidad del líder.

Así, la conversión del Congreso de los Diputados en una cámara de comercio donde se trafica con votos, la prostitución del Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), la colonización y desvirtuación funcional de instituciones como el Consejo de Estado, la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas o el Centro de Investigaciones Sociológicas, el sometimiento a sus intereses de los medios de comunicación públicos y la compra de voluntades de los medios de comunicación privados mediante subvenciones públicas o publicidad institucional han provocado que según el “Índice de democracia”, elaborado por el prestigioso grupo de estudios políticos The Economist Intelligence Unit, España con la llegada al poder de P. Sánchez haya entrado dentro del grupo de países que presentan una “democracia defectuosa”.

Sin embargo, como su afán de poder no parece tener límites, P. Sánchez lleva tiempo queriendo controlar también a la judicatura para así abatir el último bastión institucional que queda en España en defensa del Estado de Derecho. En consecuencia, el grupo parlamentario socialista, a través de Patxi López el Mamporrero, ha presentado una iniciativa legislativa mediante la cual pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Básicamente la reforma de dicha ley contempla la limitación de la acusación popular, al establecer que tan solo puedan ejercitarla ciudadanos particulares que demuestren estar directamente afectados por el presunto ilícito penal que se denuncia, impidiendo de esta forma que tanto los partidos políticos como las asociaciones civiles puedan emprender acciones legales o comparecer como parte interesada en un juicio. Dicho planteamiento de base trae consigo diversas consecuencias y todas ellas negativas para el imperio de la justicia.

Así, en primer lugar, la modificación de la LECrim es manifiestamente anticonstitucional, ya que conculca el artículo 125 de la Constitución española, el cual establece el derecho de los ciudadanos a iniciar un proceso judicial o personarse en el mismo sin verse en la necesidad de invocar la lesión de un determinado interés propio. Si a ello unimos que tampoco las organizaciones civiles pueden ejercer la acusación popular resulta evidente que la ciudadanía se halla en una situación de indefensión manifiesta, ya que, como señala el jurista Javier Gómez de Liaño en Libertad Digital retomando una idea hegeliana, “cuando se comete un delito su autor perturba la conciencia jurídica de la comunidad a la que pertenece y afecta a todos”. En definitiva, la limitación de la acusación popular supone una merma injustificada de la capacidad ciudadana de velar por la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad ante actuaciones presuntamente delictivas.

A su vez, en segundo lugar, al limitar de manera absolutamente desmesurada la actuación de la sociedad civil ante ilícitos penales, nos encontramos con el hecho de que la acusación en la gran mayoría de los juicios tan solo podrá ser ejercida por el Ministerio Fiscal. Pues bien, en el caso del actual fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, se dan una serie de circunstancias que por su carácter anómalo alteran el correcto funcionamiento de la Fiscalía. Así, nos encontramos con que el CGPJ declaró a Álvaro Gª Ortiz no idóneo para el cargo, haciendo el Gobierno oídos sordos a tan contundente descalificación. A su vez, P. Sánchez, en declaraciones públicas, dejó meridianamente claro que el FGE era un cargo institucional que dependía del Gobierno, razón por la cual todas sus actuaciones desde su designación han estado orientadas a salvaguardar los intereses gubernamentales. Así, siguiendo órdenes del máximo responsable del Ministerio Público, los fiscales se han posicionado sistemáticamente en contra de la acusación popular cuando los presuntos delincuentes eran miembros del Gobierno o personas del entorno familiar de P. Sánchez. Según todo ello, puede decirse que la actuación de la Fiscalía, por estar la institución contaminada de raíz, es absolutamente sectaria y en muchos casos contraria al interés general, ya que deja a la sociedad en su conjunto desprotegida ante posibles actuaciones delictivas perpetradas desde los centros de poder político.

Corroborando tal planteamiento nos encontramos con que en el momento actual el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha abierto una causa contra el FGE, Álvaro Gª Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos debido a la difusión de datos reservados relativos a la investigación por fraude fiscal llevada a cabo contra la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Además, el juez considera demostrado que los imputados actuaron de forma coordinada y con una clara finalidad política, ya que la información confidencial no solo fue filtrada para su difusión a los medios de comunicación afines al partido socialista, sino que también fue puesta en conocimiento de la Presidencia del Gobierno para ser utilizada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. En definitiva, desde La Moncloa se urdió una truculenta operación mafiosa con la finalidad de desacreditar personal y políticamente a Isabel D. Ayuso, usando para ello como punta de lanza al FGE. De esta forma, el Ministerio Fiscal ha pasado de ser una prestigiosa institución encargada de velar por la observancia de la ley y el cumplimiento de la justicia a convertirse por obra y gracia de P. Sánchez en una indecente guarida de delincuentes al servicio del Gobierno socialcomunista.

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Sin embargo aquí no acaban los desmanes cometidos por el Gobierno de P. Sánchez, ya que la modificación de la LECrim también contempla eliminar las acusaciones basadas en información periodística, de tal forma que los medios de comunicación verán enormemente mermada su capacidad de fiscalizar la actividad política por caer indefectiblemente sus investigaciones en saco roto. En consecuencia, la prensa a partir de la promulgación de la nueva LECrim perderá en España sus atribuciones como “Cuarto Poder”, a diferencia de lo que ocurre en todos los países del mundo libre.

Para completar el desaguisado, según establece el Proyecto de Ley presentado por el partido socialista, la LECrim deberá aplicarse con carácter retroactivo, de tal forma que todos aquellos casos en los que la denuncia haya sido interpuesta por un partido político o una asociación civil y no esté apoyada por la Fiscalía, tal y como ocurre en el caso de la esposa y del hermano de P. Sánchez, la causa deberá ser archivada. Este disparate jurídico viene a poner de manifiesto que la reforma de la LECrim no es otra cosa que un “traje hecho a la medida” de la esposa y el hermano de P. Sánchez, ya que de aprobarse en el Parlamento tanto uno como otro se verán libres de todos los cargos por los que están siendo investigados, Y ello es así porque tras la supresión de la acusación popular tan solo queda la acusación de los fiscales, los cuales, como cabía esperar dada su condición de lacayos del sanchismo, ya se han pronunciado en contra de proseguir con ambas causas a pesar de las abrumadoras pruebas aportadas contra los acusados por parte de la policía judicial. En definitiva, la que ya se conoce como “Ley Begoña” tiene como objetivo final blindar expresamente la corrupción vinculada al entorno familiar y político de P. Sánchez.

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Obviamente, ante tan obsceno dislate legislativo todas la asociaciones de jueces se han manifestado en contra de dicha reformulación de la LECrim, aduciendo que la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la extrema limitación de la acusación popular tan solo puede conducir a la creación de espacios de impunidad fundamentalmente para la casta política, ya que posibilita que presuntos hechos delictivos protagonizados por individuos situados en la esfera del poder o sus aledaños escapen al conocimiento y control de los Tribunales de Justicia.

Decía la filósofa y escritora estadounidense Ayn Rand, en su obra “La rebelión de Atlas”, que “cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”. Sin duda estas palabras reflejan con extraordinaria nitidez la situación por la que actualmente atraviesa la nación española, y esto es así porque, encadenado a su delirio totalitario, P. Sánchez con su deplorable ejercicio de despotismo legislativo tan solo pretende dar el golpe de gracia al Estado de Derecho y, en consecuencia, acabar con la democracia.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.