Los extranjeros, el paro y el efecto llamada. Por Ramiro Grau Morancho

Getting your Trinity Audio player ready...

Nunca he entendido la política laboral del PSOE. Primero atrajo hacía España a millones de extranjeros, con la asistencia sanitaria gratuita, las becas de comedor en los colegios públicos, los dos mil quinientos euros por cada nacimiento, etc., y ahora sigo sin entender su política, encaminada a ¿lograr? el retorno voluntario de los extranjeros a sus países de origen.

Estas ocurrencias zapateriles nos han costado y nos siguen costando muchos millones de euros. Desde el extranjero que se ha ido a su país –o a cualquier otro-, pero sigue cobrando el desempleo en España, permitiéndole que selle la cartilla del paro por Internet –en lugar de exigirle la presencia personal semanal en la Oficina de Empleo-, lo que hace que todo el dinero que le pagamos se gaste en otros países, hasta el pago del desempleo capitalizado, en su totalidad, para que vuelvan a sus países, sin que dicho dinero se invierta en España, ni genere actividad económica alguna, contribuyendo además a la descapitalización del país, que bastante hundido está ya…

El Plan de Retorno Voluntario –Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre- permite acogerse al mismo a extranjeros de veinte países con los que España tiene un convenio bilateral en materia de Seguridad Social y consiste en el pago acumulado y anticipado de la totalidad de la prestación por desempleo, además de recibir ayudas complementarias para facilitar el viaje al país de origen. Una auténtica bicoca, vamos, sobre todo para los beneficiarios, que no para España.

Y con el agravante, además, de que dentro de tres años pueden volver a España, teniendo “derecho preferente para incorporarse al contingente anual de trabajadores extranjeros no comunitarios”. El abono de la prestación se realiza en dos plazos:

LEER MÁS: Una pena de prisión indefinida sin cobertura jurídica para un hispano-venezolano. Por Diego Fierro Rodríguez

El 40% en España, una vez reconocido el derecho, y

El 60% en su país de origen, entre los 30 y 90 días naturales desde la fecha del primer pago de la prestación.

¿Qué efectos –perversos- produce en la economía española esta ocurrencia zapateril?:

Descapitalización del sistema, que no olvidemos es de reparto, al pagar de golpe las prestaciones, en lugar de a lo largo de dos años, como sucede con los parados “normales y corrientes”.

Salida de España del dinero, lo que hace que no se genere gasto alguno en nuestro país, ni aumento de la recaudación fiscal, por IRPF, IVA, etc.

Realmente, ¿Qué pecados hemos cometido para tener que soportar (des)gobiernos tan nefastos?

¿Podría España pagar una salida masiva de emigrante capitalizando todos ellos sus prestaciones por desempleo…?

Creo urge modificar esta normativa y reconocer solamente el derecho a la prestación a los parados que residen –y por tanto consumen- en territorio nacional.

¡Y pensar que era Churchill, al lado del presidente aparente actual, Pedro Sánchez (el real y efectivo es Pablo Iglesias), como acertadamente predijo Pérez-Reverte!