Quizá sería más ajustado a la realidad decir que Álvaro Ortiz no sólo se comportó como un delincuente al borrar las huellas de mensajes que podrían implicarle durante la investigación judicial, sino que al hacerlo dos veces manipulando sus Wasaps actuó del mismo modo que un camello cuando tira la heroína por un wáter ante el riesgo de que lo descubra la policía; o un asesino cuando entierra en cal viva a su víctima para volatilizar el cuerpo. Según estas básicas premisas Álvaro Ortiz es un criminal al servicio de una mayor criminalidad y sólo le salva que el encubrimiento tras la política es una laberíntica dimensión de escape, donde hay que actuar con mucho tiento para que el delito no quede impune. Le salva de una detención a mano armada-como así se actuaría policialmente con delincuentes del mismo percal-, el encubrimiento con una toga de los trapos sucios malolientes que apestan con igual densidad en La Moncloa.
La UCO ha confirmado que el imputado fiscal al servicio de Sánchez se concentró el 16 de octubre, horas después de conocer su implicación en la comisión de un delito, en el borrado de todos los mensajes incriminatorios que se contarían por miles; 5.877 mensajes en concreto. No sólo procedió a un borrado, sino que se aseguró por dos veces de que desaparecieran los mensajes por los presuntos delitos que podrían incriminarle.
El poco inteligente y muy miserable canalla del fiscal no sólo manipuló el móvil con el objeto de borrar la huella criminal, sino que también eliminó la cuenta Gmail donde el fiscal Salto le envió los datos de Hacienda sobre González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Un modus operandi usual de los delincuentes que cuando no pueden quemar documentos en un juzgado provocando un incendio-usual en las tramas corruptas del PSOE-, o agenciarse a una juez Bolaños con el objetivo de diluir las causas en retrasos hasta la prescripción- y ahí sigue la fresca al pie del cañón sanchista-, proceden a borrar cuentas o mensajes con el fin de obstaculizar la acción de la Justicia que, sin embargo, sigue inexorable el cumplimiento de su deber con un ariete de investigadores que ceñidos a la ley están sacando los trapos más sucios del socialismo, pringando de paso al mafioso que sigue pertrechado de recursos con el secuestro del gobierno de España.
Los palmeros de la mafia sanchista se apresuran a defender que los borrados son usuales cuando ya está desmentido oficialmente lo que a todas luces es un método del delincuente, como es un borrado de huellas para evitar la acción de la Justicia. Un fiscal general actuando como un delincuente, como un presidente de gobierno que cada día que pasa no puede ocultar el carácter criminal del que pretende impunidad desmantelando el Estado de Derecho. Pero la Justicia no cede, ni cederá hasta que se consuma el fin último de su acción: la persecución del delito, lo perpetre quien lo perpetre.
Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, participará en la resolución de los recursos de amparo de los líderes del procés sobre la Ley de Amnistía, a pesar de haberse abstenido previamente de intervenir en otros casos relacionados… El Tribunal Supremo ratifica la condena de Laura Borrás por corrupción en la adjudicación de contratos al ser excepción en los supuestos de la Ley de Amnistía, desestima que puedan ser perdonados los delitos con la aplicación de esa ley y advierte al presidente del Tribunal Constitucional que no está exento de investigación, dada la trayectoria sospechosa y la intencionalidad del de la toga embarrada.
Y Sigue el pulso que tensa más las relaciones jurídicas del Supremo y netamente políticas del Constitucional . Tanto tiran de la cuerda del sectarismo que al final se romperá en la cara de quienes se extravían cada vez más en la consecuencias de mantenerse en un poder prostituido a cualquier precio. Un precio que Sánchez acabará pagando caro, aunque el disoluto de la corrupción metastática se ha cobrado el suyo contra una España que deberá replantearse hasta la Seguridad nacional para evitar que un criminal use los instrumentos del Estado de Derecho para delinquir sin cortapisas… Salvo la de la propia Justicia que firme y consciente de la responsabilidad histórica, marcará el final del sátrapa que hará todo lo posible para salir airoso del laberinto sin salida de su carrera delictiva al descubierto total. Como el acabado fiscal general del estado Álvaro Ortiz quien comportándose como un delincuente borrando el rastro de sus delitos, terminará siendo juzgado como tal. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.
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