No es un presidente, es un delincuente. Por Rafael García Alonso

El pacto del PSOE con Junts supone la culminación del “Golpe de Estado” que Pedro Sánchez ha venido negociando con las fuerzas independentistas desde el mismo momento en el que se conocieron los resultados de las pasadas elecciones generales y se vio retratado una vez más como un perdedor nato.

Así, P. Sánchez, incapaz de asumir la derrota debido a la psicopatía narcisista y megalómana que padece, pergeñó una hoja de ruta que indefectiblemente pasaba por conseguir a cualquier precio el apoyo del nacionalismo catalán y vasco, con la exclusiva finalidad de mantenerse en el poder. En consecuencia, plegándose a todas y cada una de las exigencias planteadas por los separatistas, P. Sánchez no ha tenido el menor escrúpulo a la hora de finiquitar el proceso negociador mediante la consumación de un infame ataque a la nación española, al orden constitucional y a la democracia.

En síntesis, el acuerdo alcanzado en Bruselas entre el PSOE y Junts establece, en primer lugar, que antes de la sesión de investidura el grupo socialista registrará en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, la cual se aplicará a todos aquellos casos vinculados al llamado “proceso catalán” desde 2012 hasta 2023, eximiendo de todo delito a todos aquellos individuos implicados directa o indirectamente en la intentona golpista. En este punto es importante señalar que el documento redactado plantea la ley de amnistía sobre la base de lo que se conoce con el término anglosajón “Lawfare”, esto es, partiendo de la consideración de que los independentistas catalanes han sufrido -como consecuencia de la instrumentalización de la justicia y la judicialización de la política- un acoso político-judicial por parte del Estado español. En virtud de este planteamiento el PSOE viene a reconocer explícitamente el carácter esencialmente represor del estado español en Cataluña, lo cual constituye una descomunal falacia ya que la actuación del Gobierno español en el ámbito catalán se ha mantenido escrupulosamente dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico vigente, mientras que la Generalidad no han hecho otra cosa que vulnerar la ley e incumplir sistemáticamente las sentencias de los tribunales en aras de sus delirios independentistas. A su vez, en segundo lugar, el acuerdo impone el reconocimiento de Cataluña como una nación libre e independiente de la nación española, razón por la cual tiene pleno derecho de autodeterminación. En un primer momento, la consideración de Cataluña como nación conlleva la cesión a la Generalidad del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña, estableciéndose así un régimen fiscal especial para Cataluña que dinamita la igualdad interterritorial en materia de financiación autonómica, lo cual solo beneficia a los catalanes en detrimento del resto de los españoles. Posteriormente, para que la independencia de Cataluña se haga realidad, el PSOE acepta la celebración de un referéndum de autodeterminación, lo cual no solo es ilegal por anticonstitucional, sino que también es ilegítimo por corresponder al conjunto del pueblo español decidir su futuro. Por último, el acuerdo contempla que haya un verificador internacional que supervise la concreción de las medidas acordadas, estableciéndose así implícitamente un fraudulento reconocimiento por parte del PSOE de la existencia de un proceso negociador entre dos naciones diferenciadas, lo cual no es más que una falsificación más de la realidad, ya que una de dichas naciones, la catalana, nunca ha existido, mientras que la otra, la española, tiene más de 500 años de historia.

En definitiva, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts supone la absoluta e indecente claudicación de P. Sánchez ante el independentismo y el humillante sometimiento del Estado español al nacionalismo catalán, algo que no debe extrañar a nadie, ya que, convertido por voluntad propia en sumiso rehén del independentismo, el psicópata monclovita ha demostrado de forma palmaria que es capaz de traicionar a su propia madre con tal de seguir instalado en el Palacio de la Moncloa.

No obstante, en defensa de España, la Constitución y la democracia, son numerosas las organizaciones que han levantado valientemente la voz para manifestar su absoluto rechazo al acuerdo alcanzado entre socialistas e independentistas.

Así, sin rehuir sus responsabilidades y haciendo gala de una unidad inusitada, el Poder Judicial ha condenado de manera taxativa el acuerdo y ha denunciado el permanente acoso al que está siendo sometida la judicatura por parte del Gobierno de P. Sánchez y sus socios independentistas. De esta forma, la Comisión Permanente del CGPJ, todas las asociaciones judiciales y la Asociación de Fiscales han emitido sendos comunicados en los que se señala: en primer lugar, que la ley de amnistía implica una “inadmisible injerencia en la independencia judicial y una flagrante atentado a la separación de poderes”, ya que supone “la subordinación de la Justicia a la conveniencia y necesidades aritméticas del candidato a presidente”; en segundo lugar, que la referencia a la “lawfare” resulta inaceptable al establecer torticeramente que la actividad jurisdiccional relativa a la intentona golpista catalana perseguía fines espurios; y, en tercer lugar, que el sometimiento del Estado español a las exigencias de un prófugo de la Justicia por los delitos de sedición y malversación conlleva un “cambio de modelo constitucional”, pues con ello se pretende exclusivamente legitimar las aspiraciones independentistas, lo cual resulta evidentemente aberrante.

Igualmente, la asociación de la Inspección de Hacienda del Estado abunda en la misma dirección, de tal forma que ha emitido un comunicado en el que arremete contra el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, por entender que en el mismo “se vislumbra de una manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias maneras, entre las cuales se encuentra la materia financiera (…) permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y segunda”.

Igualmente, la Asociación pro Guardia Civil también se ha pronunciado en términos sumamente duros contra el pacto, señalando que para hacer frente a la intentona golpista están dispuestos a “derramar hasta la última gota de sangre en defensa del orden constitucional”, lo cual constituye toda una declaración de principios que personalmente suscribo en toda su extensión y sin ningún tipo de subterfugio.

Sin embargo, más allá de las instituciones y sin restarles un ápice de importancia, es el propio pueblo español el que está protagonizando la rebelión contra el totalitarismo sanchista y en defensa de la unidad de España y el Estado de Derecho. Así, miles de ciudadanos de a pie empujados por las ansias de libertad se han lanzado a las calles para concentrarse diariamente frente a las sedes del partido socialista, soportando estoicamente el hedor que emana de la podredumbre moral que en todas ellas anida. Evidentemente el carácter patriótico de las manifestaciones ha alterado sobremanera al ecosistema político nacional, ya que ello supone una evidente demostración de que la derecha se ha decidido finalmente a afrontar sin complejos la batalla cultural frente al pensamiento políticamente correcto impuesto desde las filas del populismo socialcomunista. Debido a ello la izquierda política y mediática ha intentado de forma maquiavélica criminalizar las concentraciones, aduciendo básicamente que atentan contra un Gobierno legalmente constituido. Sin embargo, cabe recordar en este punto que John Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil publicado en 1690, ya dio cumplida repuesta a tan manipulador discurso, al señalar que “la tiranía es un poder que viola lo que es de derecho; y un poder así nadie puede tenerlo legalmente. (…) Así ocurre cuando el que gobierna, por mucho derecho que tenga al cargo, no se guía por la ley sino por su voluntad propia”.

A la luz de los hechos resulta evidente que P. Sánchez, impulsado por una egolatría de carácter patológico, ha devenido en perturbado y miserable sátrapa, razón por la cual son legión los españoles que cada noche legítimamente proclaman de forma atronadora que el psicópata monclovita ¡No es un presidente, es un delincuente!

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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