El corrupto Pedro Sánchez pretende implantar un burdel institucional de corte bolivariano. Por Rafael García Alonso

Si examinamos con un mínimo de objetividad la trayectoria política de Pedro Sánchez podemos comprobar como todas sus actuaciones han venido marcadas por su patológica necesidad de alimentar su desmesurado ego, fruto del trastorno narcisista de la personalidad que padece. Por ello, a caballo de la perturbación psicológica que le avasalla e impulsado por la insuficiente falta de apoyo ciudadano a un proyecto político que representa la quintaesencia de un maquiavelismo con tintes orwellianos, P. Sánchez hace tiempo que decidió abrazar la amoralidad más absoluta, para estar en disposición de implantar en España una dictadura bolivariana capaz de saciar su ambición de poder.

Así, hemos podido comprobar cómo, para mantenerse al frente del Gobierno de España, P. Sánchez no ha dudado a la hora de pactar con comunistas atrabiliarios y asilvestrados, con delirantes golpistas catalanes y con irredentos terroristas vascos, amenazando de esta forma la unidad de la nación española. Tal situación de riesgo nacional se ha visto perfectamente escenificada en la Conferencia de Presidentes Autonómicos con el improcedente uso de las lenguas cooficiales y la consiguiente necesidad de servirse de pinganillos para entenderse, con la evidente finalidad de utilizar el lenguaje no como un instrumento de comunicación, sino como una herramienta de reafirmación nacionalista por parte de los independentistas catalanes y vascos.

A su vez, P. Sánchez también ha procedido sin escrúpulo alguno a desnaturalizar la democracia al pretender confinar a la oposición tras un oprobioso muro que sirva para impedir la saludable alternancia en el poder y convertir el Congreso de los Diputados en una suerte de Patio de Monipodio donde se compran voluntades a cambio de prebendas, entre las que figuran: la concesión de indultos y posterior amnistía a los golpistas catalanes, la condonación de 17.104 millones de euros de la deuda que la Generalidad catalana tiene con el Estado español, la promesa de un sistema de financiación singular para Cataluña en detrimento del resto de regiones españolas, el blanqueamiento de ETA y así un sinfín de deplorables concesiones a los seculares enemigos de España.

Asimismo, P. Sánchez ha dinamitado el Estado de Derecho, al socavar la independencia del Poder Judicial y atacar a jueces y fiscales para intentar tapar el albañal de corrupción en el que está inmerso su entorno familiar y político, como se ha confirmado con la filtración de los audios de la socialista Leire Díez, en los que se explicitaba el intento por parte de la cúpula socialista de desacreditar la labor de jueces y guardias civiles encargados de esclarecer las múltiples tramas delictivas auspiciadas por el sanchismo.

Por último, P. Sánchez ha impulsado la degradación de las Instituciones del Estado, colocando a personas afines al frente de las mismas. Así, por poner un ejemplo particularmente ilustrativo de tal situación, hemos podido comprobar como la corrupción ha anidado en el seno del Ministerio Fiscal, tras poner P. Sánchez al frente del mismo a un individuo de naturaleza indecente y servil como Álvaro García Ortiz, el cual, para más inri, fue declarado no idóneo para el cargo por el CGPJ. De hecho, tal es la situación de emponzoñamiento de la Fiscalía, que el Tribunal Supremo ha decidido procesar a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos siguiendo indicaciones de Presidencia del Gobierno, con la finalidad de desacreditar personal y políticamente a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, a pesar del enorme desprestigio que para la institución supone su delictivo proceder, este venal personaje que tenemos al frente de la Fiscalía se niega a dimitir, contando para seguir en el cargo con el obsceno apoyo del Gobierno socialcomunista, tal y como ha declarado el ministro de Justicia Félix Bolaños, también conocido por su excelso trabajo como mamporrero oficial de P. Sánchez, si bien no son pocas las ocasiones en las que se ve aliviado de su pesada carga por otros ilustres soplagaitas, como son los trogloditas Óscar Puente y Patxi López.

Igualmente grave e indicativo de las intenciones autoritarias de P. Sánchez ha sido el hecho de propiciar la reconversión del Tribunal Constitucional (TC) en una suerte de “Burdel sanchista”, para lo cual no dudó en nombrar magistrados del TC a dos juristas de marcada tendencia izquierdista, para así facilitar el nombramiento como presidente del Alto Tribunal de un individuo arribista, deshonesto y sectario, como es Cándido Conde-Pumpido. Tal hecho es de suma importancia, ya que contar con la adhesión de una mayoría de los miembros del TC posibilita que P. Sánchez pueda sacar adelante iniciativas legislativas que chocan frontalmente con el espíritu y la letra de la Constitución Española, permitiéndole así avanzar en el desarrollo de su proyecto totalitario. De esta forma, hemos visto con indignación como la facción izquierdista del TC ha aprobado la ponencia de Inmaculada Montalbán que abogaba por la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Para justificar el rotundo rechazo a tal planteamiento basta leer el escrito de la ponente para constatar que es absolutamente criticables por adolecer de inconsistencia argumental y endeblez jurídica. Así, mientras señala que no incumbe al TC valorar “el concreto objetivo político que con una Ley pretenda conseguir el legislador”, más adelante especifica que la amnistía responde a “los efectos benéficos para la convivencia pacífica y democrática”, es decir, que recurre a un planteamiento político para justificar su aprobación, desdiciéndose, en consecuencia, a sí misma. Pero es que no solo se desdice la magistrada, sino que también malinterpreta la realidad, ya que la amnistía no solo no ha aplacado el furor secesionista, sino que lo ha exacerbado, al sentirse los amnistiados por encima de la ley, tal y como demuestran las declaraciones públicas en favor de la Independencia de la región catalana realizadas por los principales líderes del entramado secesionista después de ser amnistiados. Por ello, cabe afirmar que la amnistía no solo no ha servido a los intereses generales de los españoles, sino que ha tenido como único beneficiario a P. Sánchez, ya que su espuria concesión a los independentistas le procuró los votos necesarios para sacar adelante su investidura, algo que de otra forma no hubiera sido posible.

A este lamentable planteamiento de base es necesario añadir una inaudita necedad jurídica, ya que, a pesar de que los indultos generales están explícitamente prohibidos por la Constitución, la ponente insiste en que dado que la amnistía no se contempla específicamente en la Carta Magna resulta del todo constitucional, ignorando de esta forma el “argumentum a minus ad maius”, es decir, el argumento lógico de establecer una conclusión más amplia a partir de una premisa más limitada. Pero es que, además, la magistrada obvia en su planteamiento que el propio P. Sánchez antes de la celebración de las elecciones manifestó en repetidas ocasiones que no concedería la amnistía a los golpistas por ser ésta una medida anticonstitucional, por lo cual no hay en su planteamiento postelectoral en favor de la amnistía otra cosa que arbitrariedad e impostura, algo que debería haber sido valorado por el bloque izquierdista en su justa medida, ya que ello invalida el supuesto interés pacificador del legislador. En definitiva, tal y como señala el periodista Rafa Latorre, con su apoyo a la Ley de Amnistía el TC viene a reconocer implícitamente que “la impunidad es, al menos para este Gobierno, moneda de cambio legal”.

En cualquier caso, a pesar de que el sanchismo amenaza con destruir todo lo bueno y digno que hay en España, la desesperanza no es una opción, por lo, que tal y como señaló una estelar Isabel Díaz Ayuso el pasado domingo al frente de 100.000 españoles congregados en la madrileña Plaza de España, entre democracia liberal o mafia bolivariana lo único razonable es elegir democracia y libertad, ya que de no ser así las futuras generaciones de españoles lo habrán de pagar muy caro, pues se verían obligados a dejar atrás su condición de ciudadanos para convertirse en modernos “siervos de la gleba”.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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