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En los últimos días hemos conocido que el pacto suscrito entre el PSOE y ERC incluye la amnistía para los políticos implicados en el “Golpe de Estado” en Cataluña y para las personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República catalana (CDR) y a la plataforma Tsunami Democrático, la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda que la Generalidad catalana tiene contraída con el Estado español, el traspaso de la red catalana de cercanías de RENFE, y la cesión de todos los inmuebles que el Estado tiene en Cataluña, de tal forma que el acuerdo alcanzado entre socialistas e independentistas no solo vulnera la Constitución, dinamita el Estado de Derecho y elimina el principio de igualdad ante la ley, sino que además expolia al pueblo español al privarle de unos bienes que le pertenecen de pleno derecho. En consecuencia, este pacto sin lugar a dudas constituye el mayor caso de corrupción política acaecido en España desde la transición democrática, ya que básicamente consiste en que un político en virtud del cargo que ostenta beneficia ilegítimamente a otros políticos para de esta forma conseguir su apoyo y mantenerse en el poder. En cualquier caso, tras un nuevo “cambio de opinión”, sustentado en su carencia de principios morales y motivado por su patológica ambición de poder, Pedro Sánchez se vio en la obligación de defender públicamente las condiciones de dicho acuerdo. De esta forma, el psicópata monclovita manifestó ante el Comité Federal del PSOE que estaba a favor de impulsar una ley de amnistía para los golpistas catalanes. Tras su falsaria exposición de motivos todos los miembros de dicho comité se levantaron de sus sillas y rompieron al unísono en un entusiasta aplauso. A pesar de su grotesca puesta en escena, el indecente espectáculo tuvo al menos la virtud de hacer visible el fruto de la hibridación entre un rebaño ovino y una piara porcina, demostrándose así que, efectivamente, la ciencia avanza que es una barbaridad. Cabría pensar que las bases socialistas, al contrario que la cúpula, se opondrían al acuerdo por ser contrario a sus propios intereses. Sin embargo, al ser preguntados por vía telemática si apoyaban la política de pactos llevada a cabo por el PSOE con Sumar y los partidos independentistas, la inmensa mayoría de los afiliados socialistas votaron que sí, demostrando de esta manera que la indigencia moral y la limitación cognitiva constituyen los cimientos sobre los que se asienta la izquierda española.
Afortunadamente, tanto la judicatura como buena parte de la sociedad civil han salido de inmediato a la palestra en defensa de sus derechos y libertades, poniéndose así de manifiesto que el mefistofélico plan ideado por P. Sánchez, en connivencia con los comunistas y los independentistas, para fracturar a la nación española y destruir el orden constitucional no será tarea fácil, sino más bien todo lo contrario.
Así, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una declaración oficial contra el “Golpe de Estado” que subrepticiamente está protagonizando P. Sánchez, la cual ha de pasar a los anales de la historia por ser una majestuosa oda a la justicia, conceptualmente impecable y jurídicamente irreprochable. En su comunicado los jueces han manifestado, sin el pulso tembloroso ni circunloquio alguno, que la amnistía supone la degradación cuando no la abolición del Estado de Derecho, al no ser éste compatible con el hecho de que los responsables políticos puedan quedar exentos de responder por sus delitos ante los tribunales, ya que ello genera una clase jurídicamente irresponsable que puede delinquir con total impunidad, con la finalidad de que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir un beneficio personal impidiendo el gobierno de otras fuerzas políticas, cercenando de esta forma y de manera ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos, el principio de igualdad ante la ley y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial, razones todas ellas que convierten la seguridad jurídica y la justicia misma en una quimera.
Paralelamente, tras el éxito de la manifestación convocada recientemente por la Fundación en Defensa de la Nación Española (DENAES) en la madrileña Plaza de Colón, se llevan varios días produciendo concentraciones en la también madrileña Calle de Ferraz la ante la sede del PSOE. En dichas concentraciones miles de personas de todas las edades han manifestado su absoluto rechazo a la intentona golpista que P. Sánchez está gestando en colaboración con la izquierda populista y las fuerzas independentistas. A pesar del carácter esencialmente pacífico de las protestas el ministro del Interior, Grande-Marlaska, dio a la Policía Nacional la orden de cargar contra los manifestantes mediante el uso de la fuerza bruta y los gases lacrimógenos, cuando ese amanerado petimetre ante los actos vandálicos protagonizados por los CDR en la barcelonesa Vía Layetana y por Podemos en los alrededores del Congreso de los Diputados no permitió en ningún momento la intervención de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, demostrando así un perverso sectarismo. Buena prueba de la indecencia con la que se conduce el Gobierno socialcomunista ha sido la nota de prensa difundida por la Unión Federal de la Policía, en la cual se pide el cese del Delegado del Gobierno en Madrid por la utilización partidista de la Policía Nacional, al entender que los policías están al servicio de los ciudadanos, no debiendo por ello ser utilizados por el poder político para reprimir a aquellos que se manifiestan en contra de sus decisiones, por considerarlas “injustas, inadecuadas o ilegales”.
En definitiva, todos estos acontecimientos que acabamos de narrar demuestran de manera fehaciente que en la sociedad española definitivamente ha prendido la chispa de la indignación, de tal forma que las llamas de la rebelión social contra el totalitarismo socialcomunista se extienden por todo el territorio nacional, demostrando que somos multitud los patriotas que, parafraseando a Winston Churchill, entre el deshonor y el enfrentamiento elegimos enfrentamiento, ya que hoy más que nunca es de vital importancia alzar la voz en defensa de España y el Estado de Derecho.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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