Andalucía, la demagogia sobre los servicios públicos. Por Enrique Miguel Sánchez Motos

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Las elecciones son el momento adecuado para que los ciudadanos tomen en consideración temas clave a la hora de votar. En el artículo anterior abordamos el tema de la Corrupción. Ahora llega el momento de denunciar la Demagogia con la que aborda el tema de los Servicios Públicos.

Conviene empezar haciendo tres afirmaciones rotundas:

Los servicios públicos no son gratuitos ya que se pagan con dinero público que se extrae de los ciudadanos mediante los impuestos directos, tales como el IRPF, o indirectos, tales como el IVA o los impuestos sobre los combustibles
Los servicios públicos no son sólo los que dan las instituciones públicas tales como los hospitales y las universidades públicas. Hay que incluir igualmente los que dan los hospitales privados y las instituciones de enseñanza privadas o concertadas cuando es el dinero público el que paga los costes de los servicios que estas dan a los ciudadanos.
Al ciudadano en general lo que le importa es que le den buenos servicios sanitarios y de enseñanza, sea por instituciones públicas o privadas. Dicho en “román paladino», es decir de forma clara, simple, concisa, sin adornos o complicaciones, lo que a los ciudadanos les importa no es que el médico o el profesor trabaje en el sector público o en el privado, sino que les dé una atención sanitaria o una enseñanza de calidad.

Dicho esto, conviene señalar que hay países europeos que dedican un porcentaje mayor que España al gasto en sanidad, pero ¡oh sorpresa! en muchos casos ocurre que ese servicio lo da el Estado mediante conciertos con la sanidad privada, en mucha mayor medida de lo que ocurre en España. La conclusión es clara: es pura demagogia pretender transmitir el mensaje de que los servicios públicos buenos de sanidad o enseñanza son sólo los que se dan a través de las instituciones públicas de sanidad o enseñanza.

De hecho, resulta llamativo que un 70-80% de los funcionarios bajo el régimen de MUFACE, donde pueden elegir entre la Seguridad Social y las entidades privadas concertadas, tales como ASISA y similares, optan por estas últimas. Ese mismo derecho habría que generalizarlo poco a poco a toda la sociedad y ante el demagógico slogan SANIDAD PUBLICA, habría que oponer el de MUFACE PARA TODOS, que implicaría hacer posible que la generalidad de los ciudadanos pudiera elegir libremente entre la sanidad pública y la sanidad privada.

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Lo mismo habría que proponer, en lo posible, para la enseñanza y todos los demás servicios, pagados con dinero público, que el Estado ofrece a los ciudadanos.

No nos engañemos. Hay autopistas hechas por las empresas privadas por concesión del Estado. En ellas es el sector privado el que adelanta la inversión y luego, a través de los peajes durante un cierto periodo de años, recupera la inversión y los beneficios previstos. ¿Tiene eso algun problema o sería mejor esperar varios años a que haga el Estado las autopistas y a que las financie aumentando la deuda pública?

Es innegable, hoy por hoy, que los costes de los servicios dados por instituciones públicas suelen ser mayores que cuando son dados por instituciones privadas. Es de sobra conocido, que el sector público no se caracteriza por su eficiencia. Al final los costes de sus servicios son más altos que los del sector privado y terminan repercutiendo en los ciudadanos, vía impuestos.

Otro ejemplo también muy conocido. En los inicios de la época de Franco los ingenieros hacían los proyectos de las obras del Estado y se encargaban de hacer la supervisión directa de las mismas. Además, había cuerpos de trabajadores encargados de su mantenimiento, recordemos a los Peones Camineros. Sin embargo, ¿qué ocurre hoy? Los ingenieros del Estado elaboran, como mucho, los anteproyectos, luego se licitan y adjudican la redacción de los proyectos a las empresas privadas de consultoría. A continuación, se sacan, también a contratación pública, las obras a realizar e incluso en muchos casos se adjudica también la supervisión de la ejecución y la calidad de las mismas y por supuesto su futuro mantenimiento. ¿Qué explicación tiene todo ello? ¿Por qué se ha trasladado la creación de infraestructuras (carreteras, puentes, ferrocarriles, metros, etc) del Sector Público al Sector Privado? ¿Hay detrás de ello una malvada conspiración capitalista? No, simplemente hay una búsqueda de agilidad y eficiencia. Lo mismo pasará en el futuro con la gran mayoría de servicios públicos pues se considera como un objetivo social el reducir su coste manteniendo su calidad.

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Por ello, para objetivar los debates electorales, deberían aportarse los datos de costes de los servicios médicos cuando son suministrados por los hospitales públicos e igualmente el coste de los servicios de enseñanza que ofrecen las instituciones públicas y compararlos con los que ofrecen la sanidad y la enseñanza privadas. Pero ese tema prefieren eludirlo los partidos tradicionales de gobierno (PP y PSOE) no sea que se les echen encima las “mareas” sindicales de todos los colores. Y así la demagogia del slogan SANIDAD Y ENSEÑANZA PUBLICAS sigue siendo utilizada para engañar al votante.

Por ello, ante las próximas elecciones en Andalucía este es el segundo tema clave que sugiero que el ciudadano tenga en cuenta a la hora de votar.