Todo el coladero de irregularidad que haya obtenido la nacionalidad a través de la denominada «ley de nietos» no podrán votar como así lo prtendía la mafia corrupta del desgobierno criminal sanchista.

Hay victorias jurídicas que trascienden el mero trámite de un tribunal para convertirse en auténticos diques de contención frente a la arbitrariedad institucional. La decisión del Tribunal Supremo de atender las medidas cautelares promovidas por Iustitia Europa y su letrado Luis María Pardo, ordenando paralizar los efectos electorales y la inflación artificial del censo en el extranjero (CERA) derivados de la llamada «ley de nietos», representa un golpe directo al núcleo de la estrategia del sanchismo. Se desmorona así la trampa de ingeniería censal con la que el Ejecutivo pretendía alterar la composición del electorado para asegurarse una bolsa de votantes cautivos a medida.

Durante años, la gobernanza de Pedro Sánchez ha sido una lección continuada de marrullería política y retorcimiento de las reglas del juego democrático. Lejos de gestionar desde la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales, su gabinete ha operado siempre en la frontera del abuso, buscando de manera sistemática las lagunas del ordenamiento jurídico para imponer su agenda a cualquier precio. La manipulación de los mecanismos de integración del censo no era una excepción, sino el eslabón definitivo de un plan diseñado para blindar su continuidad mediante la ingeniería legal.

El retorcimiento de la Sala Tercera mediante normas a la carta ha sido la constante de un Gobierno especializado en borrar los límites entre la legalidad y la conveniencia partidista. En lugar de garantizar que el cuerpo electoral responda a criterios rigurosos de objetividad y vinculación real con la nación, la aplicación descontrolada de la norma convirtió la concesión de derechos políticos en un caladero difuso sin verificación suficiente. Eran los fulleros de la política pretendiendo que las trampas del boletín oficial pasaran por legítimo ejercicio democrático.

El logro conseguido por Luis María Pardo desde Iustitia Europa en el Alto Tribunal devuelve la luz al proceso y sitúa el foco sobre la limpieza institucional que la sociedad española venía exigiendo. Al paralizarse la distorsión del censo antes de que sus consecuencias fueran irreversibles en las urnas, la justicia civil retira a la Moncloa el comodín con el que pretendía alterar las mayorías.

Esta resolución no es solo un freno legal; es un revés de enorme calado psicológico para un régimen que se creía impune en el uso y abuso de los instrumentos del Estado. La paralización cautelar demuestra que el Estado de derecho aún conserva mecanismos de autodefensa frente a quienes han pretendido convertir las leyes en su patrimonio personal. Contemplar cómo se desmantela este artificio renueva la esperanza colectiva y marca una dirección clara: cuando la ley se aplica sin concesiones ni complejos, el fin de la impunidad de Pedro Sánchez deja de ser una meta lejana para convertirse en una certeza imparable.

La Audiencia Nacional, al igual que el Tribunal Supremo ponen cerco también a la invasión de Ceuta buscando a los mismos responsables del actual infierno español.

La Justicia es el último bastión frente al atentado masivo que supone Pedro Sánchez, enemigo número 1, para España.

RES NON VERBA

Ignacio F. Candela