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Así como el año 1868 fue resumen e inició de una nueva época, eso mismo podemos decir de 1978…
El referéndum de Cataluña y el anuncio de independencia por parte del gobierno catalán, el 1 de octubre de 2017, más la labor de zapa que el Gobierno Vasco hace con el apoyo incondicional de todo ese sector llamado “nacionalismo vasco democrático” en el que están los herederos de ETA, expresan la querencia por un nuevo modelo político-territorial respecto a los derechos que es preciso satisfacer sobre la base ya existente del Estado de la Autonomías. Proyecto que se ha ido tejiendo a partir de las sucesivas transferencias que el Estado les ha ido dando y de los pactos que los diferentes Gobiernos de España que se han venido sucediendo han establecido con ellos. Incluso con el brazo armado del independentismo vasco, con ETA.
Vivimos un proceso soterrado similar al que se produjo en 1873. La lógica política que subyace en este proceso no es improvisada ni nueva, se inscribe plenamente en la trayectoria de los movimientos separatistas catalanes y vascos que consideran que la solución a los problemas derivados de la descentralización territorial solo encuentra su expresión plena en la construcción de los respectivos Estados catalán y vasco. No otra cosa que una lucha por hegemonizar una Confederación de Estados libres e independientes. Una construcción a la que se apuntarían el resto de las comunidades autónomas.
Tenemos un problema grave, porque el precedente histórico nos recuerda que la consecuencia de esta aspiración tampoco termina en la Confederación de Estados libres e independientes, sino en el Cantonalismo provincial, incluso municipal, como garantía de reconocimiento de las facultades político-administrativa en los dos referidos ámbitos. Algo que por cierto ya se ha ensayado.
Dinámica política que nos hace comprender el rechazo del independentismo a la Monarquía en tanto que la Corona, a tenor de lo preceptuado en la Constitución de 1978, es “el símbolo de la unidad y permanencia del Estado”. Rechazo al que se une la izquierda por su aspiración máxima a la República Federal.
¿Exageramos el peligro? Creo que no, y por dos razones. La primera, porque bastaría que los “intransigentes” se alzaran sobre los “benevolentes”. La segunda, porque creada la situación, se diera en las filas de las Fuerzas Armadas insubordinaciones, amotinamientos e insurrecciones. En definitiva, porque los autonomistas se apuntarán al carro y el Ejército, ante la división en sus filas, se negará a resolver la situación a favor de la unidad e integridad de España.
Ante esta situación de verdadero peligro para España… ¿Qué papel podría asumir el Rey, atado de pies y manos por una Constitución que no la concede más poder que nombrar a su servidumbre y enviar a su padre al exilio?
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Que asumiera la situación, dando respaldo al proceso descentralizador a través una serie de iniciativas organizativas que emergieran de la nueva construcción política-territorial, a la que la Monarquía quisiera seguir “sirviendo” como Conde de Barcelona y Señor de Vizcaya, a cuyos títulos se añadirían Marqués de Sanxenxo, Barón de A Coruña, Vizconde de Ávila y etcétera.
Configurándose una apariencia de España sobre la imagen de la Corona… Un esperpento.
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O que impulsara y diera respaldo a un Directorio, que tendría que hacerse mediante documento notarial recordando el 23-F/81.
Hablaríamos de un Gobierno fuerte que tendría que actuar contra los peligros más evidentes de la radicalización política en general, e imponer la idea de nación como valor supremo e integrador, devolviendo al Estado competencias transferidas a la Comunidades Autónomas. Un Gobierno que tendría que actuar como tutor, regulador y suplente de los demás organismos sociales, implementando una política tecnocrática en favor de nuestros intereses y reprimiendo el separatismo y el crimen. Una solución ya ensayada con óptimos resultados en el pasado; si bien, como tantas otras buenas soluciones que España ha tomado a lo largo de su historia, fue un proyecto sin desarrollo de continuidad, por lo que tuvimos que pasar por la amarga experiencia de una guerra entre compatriotas, que no sólo es la mayor tragedia a la que un pueblo se puede enfrentar, sino, como dijera José Antonio, “una ordinariez”.
El proceso autonómico ha durado lo que ha durado y hoy emergen los problemas derivados de nuestra modelo territorial (Estado Autonómico) que condicionan en muy alta medida la estabilidad misma de nuestro sistema constitucional. Modelo territorial que es una excepcionalidad constitucional y la novedad más destacada de la Constitución de 1978. “Tema crucial” para el profesor L. Sánchez Agesta (1). “Y el mayor reto de España desde el fin del antiguo régimen” para el profesor E. García de Enterría (2).
1. L. Sánchez Agesta: “Algunos caracteres generales de la Constitución de 1978”. Revista de Derecho Público, núm. 74. 1979, p. 17.
2. E. García de Enterría: “Estudio preliminar”, al vol. col. La distribución de las competencias económicas entre el poder central y las autonomías territoriales en el Derecho Comparado en la Constitución española. Instituto de Estudios Económicos. Madrid. 1980, p. 13.
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Cuando mandan tres solo se genera confusion, rivalidades y por fin enfrentamientos.
Llamese como se quiera pero NO puede haber un Directorio que funcione bajo el poder de un monarca que borboneara a todo quisque cuando lo necesite, incluido al Presidente del Directorio como hizo SM Alfonso XIII con Primo de Rivera
Si va a haber una dictadura lo primero que el que llegue al poder debe hacer es echar al rey.
Lo malo es que al paso que vamos esa dictadura sera «democratica y popular» o sea socialista , porque frente al sunami socialista-comunistas no hay nada ni nadie
Si llegase el caso de que un gobierno en funciones concediera la independencia a cualquier región de España sería un claro delito de Alta Traición con penas de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cualquier cargo público ya que vulneraría el artículo 2 de la Constitución (» La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»); La unidad de España no se toca: ponerla en peligro fue una de las causas de la Guerra Civil del 36 ; es la columna vertebral de España: básico y esencial. Dicho gobierno felón , perdería toda legitimidad democrática y debiera ser depuesto de cualquier forma que restituya el orden constitucional vulnerado: si ha de ser un Directorio pues que así sea o cualquier forma de Gobierno excepcional de Concentración Nacional ; en todo caso , la respuesta debiera ser contundente a la altura de la excepcionalidad creada por el gobierno felón , ilegítimo y traidor. Me encantaría que instruyese la causa de Alta Traición a España el Juez Marchena que puso en su sitio a los independentistas golpistas catalanes.
Por favor, bien tonto – bueno, vale, ingenuo – tendría que ser quien aceptase tal encargo de un Borbón, dados los precedentes ( verbigracia, la forma en que Alfonso XIII mostró su agradecimiento al general Primo de Rivera mandándole al exilio ).