Pedro Sánchez es una amenaza para cualquier democracia universalizada. Por Rafael García Alonso

Decía Leonardo da Vinci que “La práctica debe ser edificada sobre una buena teoría”, estableciendo así un planteamiento que es perfectamente aplicable en el ámbito de las Ciencias Políticas. Así, la democracia es un sistema político que, como señalan politólogos de la talla de Giovanni Sartori o Robert A. Dahl, presenta una doble vertiente, de tal forma que, por un lado, tenemos una definición normativa, que hace referencia al conjunto de valores teóricos que constituyen su razón de ser, y, por otro lado, nos encontramos con una definición descriptiva, que especifica para cada caso particular su plasmación fáctica. En consonancia con esta dicotomía, es posible observar como en muchos regímenes supuestamente democráticos hay una diferencia sustancial entre la conceptualización teórica y la realidad observada, hasta el punto de que actualmente nos encontramos con la existencia de países supuestamente democráticos, como por ejemplo el venezolano o el nicaragüense, en los que el ideal normativo brilla por su ausencia. Ello viene a demostrar la fragilidad del sistema democrático, el cual, como si de un funambulista se tratara, camina en frágil equilibrio sobre esa cuerda quebradiza trenzada con los delicados filamentos de la soberanía popular y el Estado de Derecho.

Esta fragilidad de los regímenes democráticos es lo que permite que la llegada al poder de individuos con escasas convicciones morales y una desmedida ambición de poder, ponga en peligro el correcto desarrollo del proceso democrático, provocando en muchos casos la sustitución de la democracia participativa por una autocracia dictatorial. Obviamente, Pedro Sánchez es una de esos individuos que aquejados de una escandalosa amoralidad y un narcisismo patológico, acaban por prostituir la democracia, razón por la cual puede decirse sin ningún género de dudas que actualmente España está en riesgo de convertirse en una República populista y totalitaria, donde la opresión y la miseria sustituirán a la libertad y la prosperidad.

Así, vemos como la soberanía popular se va diluyendo progresivamente en aras de una partitocracia en la que los congresistas y senadores en lugar de representar a sus electores se han convertido en meras correas de transmisión de las directrices establecidas por las élites políticas firmemente asentadas en la cúpula de los partidos políticos. Un caso particularmente ilustrativo de esta situación lo tenemos en la recién aprobada Ley de Amnistía, la cual, además de no estar contemplada en el programa electoral del PSOE y ser rechazada por el psicópata monclovita y su club de patéticos adláteres antes del proceso electoral, supone, en primer lugar, un ataque a la Constitución española y al principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, en segundo lugar, una obscena eliminación de la comisión por parte del independentismo catalán de los delitos de sedición, malversación de caudales públicos, terrorismo y alta traición, en tercer lugar, una ilegítima intromisión en las resoluciones judiciales, y por último, un perverso ataque a la integridad moral y profesional de los jueces y policías que en defensa del Estado de Derecho actuaron para frenar la intentona golpista catalana. Resulta evidente que todo lo expuesto no lo suscribiría la gran mayoría de los españoles, lo cual no ha sido óbice para que P. Sánchez haya protagonizado con la promulgación de dicha Ley de Amnistía el mayor caso de corrupción política acontecido en nuestro país desde Fernando VII, el cual básicamente ha consistido en traicionar al pueblo español y cambiar votos para seguir en el poder por prebendas jurídicas y económicas para el entramado secesionista.

En cualquier caso, ya antes de la promulgación de la Ley de Amnistía, P. Sánchez había mostrado su infinito desprecio por el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial al nombrar fiscal general del Estado (FGE) a una jurista como la exministra socialista de Justicia Dolores Delgado, evidentemente alejada de la neutralidad e imparcialidad que dicho cargo requiere, algo que demostró a lo largo de su periplo al frente del Ministerio Público al someterse sin pudor alguno a los intereses, muchas veces espurios, del Gobierno socialcomunista. Como no podía ser de otra forma, tras la dimisión de Dolores Delgado, en lugar de corregir su política de nombramientos de cargos públicos, P. Sánchez nombró como FGE a Álvaro García Ortiz, mano derecha de D. Delgado y por tanto igualmente sectario, si bien con unas pulsiones delictivas más intensas. De esta forma, desde su nombramiento el nuevo FGE ha protagonizado diversos episodios que no han hecho otra cosa que poner en evidencia una desmedida arbitrariedad a la hora de desarrollar las tareas propias de su cargo. Así, el Tribunal Supremo (TS) emitió un informe en el que acusaba a Gª Ortiz de “desviación de poder” al nombrar a su predecesora en el cargo fiscal de Sala en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, impidiendo que el Consejo Fiscal se pronunciara al menos en relación a la existencia del conflicto de intereses que implicaba la relación sentimental de D. Delgado con el exjuez prevaricador y revisionista del franquismo Baltasar Garzón, razón por la cual la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS acabó anulando el nombramiento de D. Delgado como fiscal de Sala, contribuyendo con ello a acrecentar el descrédito del nuevo FGE. Asimismo, Gª Ortiz ordenó tanto a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como al fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, filtrar a la prensa la situación procesal de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, para así favorecer el relato del Gobierno socialcomunista contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como resultado de todo ello ambos fiscales están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de un delito de “revelación de secretos” y todo parece señalar que el propio Gª Ortiz también acabará sentado en el banquillo de los acusados. A pesar de todo ello P. Sánchez, que a la postre ha sido el gran orquestador de la trama, ha declarado tener una confianza plena en Gª Ortiz como FGE, demostrándose de esta forma que para el psicópata monclovita cualquier estrategia, por ilegítima e ilegal que pueda llegar a ser, es válida siempre y cuando favorezca sus intereses personales.

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No obstante, en medio del persistente ataque a la separación de poderes, una luz de esperanza llegó con el acuerdo de PSOE y PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial tras más de 5 años de duras negociaciones en las que los populares pretendían despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, mientras que los socialistas pretendían que permaneciera sometido a los intereses partidistas de la clase política. Así, el acuerdo suscrito, bajo los auspicios de la Comisión Europea, contempla una disminución de la politización del CGPJ al elegirse 10 vocales por el PP y los otros 10 restantes por el PSOE, garantizándose de esta forma, al menos sobre el papel, una cierta neutralidad en el nombramiento de los jueces que han de ocupar las plazas vacantes existentes tanto en el TS como en los TSJ de las Comunidades Autónomas. A su vez, se reforzará la independencia del Poder Judicial al eliminarse las puertas giratorias mediante la imposibilidad de acceder al cargo de vocal del CGPJ y de FGE a todos aquellos juristas que hayan ostentado un cargo político en los últimos 5 años, ampliándose asimismo a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del TS. Finalmente se ha acordado que el nuevo CGPJ elabore en el plazo de 6 meses una propuesta de reforma del sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ que otorgue a los jueces la elección de los 12 vocales de procedencia judicial, en línea con lo que marca la Constitución española, debiendo ser remitida dicha iniciativa a las Cortes para su definitiva aprobación.

Sin embargo, sabiendo como se las gasta un trilero de la política como P. Sánchez no parece recomendable lanzar las campanas al vuelo y de hecho al día siguiente del acuerdo, salió nuestro funesto ministro de Justicia, el inefable Félix Bolaños, para señalar que el acuerdo alcanzado no es vinculante, por lo que la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede ser rechazada y mandada al baúl de los recuerdos, lo cual viene a poner de manifiesto que para el sanchismo los pactos por muy firmados que estén no dejan de ser papel mojado si así lo decide el sátrapa monclovita.

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En concordancia con este mal augurio, nos encontramos con la realidad de un Tribunal Constitucional (TC), controlado por una mayoría progresista, al frente de la cual se encuentra un personaje de manifiesta indigencia moral como Cándido Conde-Pumpido, cuyo principal objetivo no es otro que servir a los intereses del Gobierno socialcomunista. De esta forma, en los últimos día hemos visto como el Tribunal de Garantías se ha reconvertido lamentablemente en una suerte de Tribunal de Casación dedicado en cuerpo y alma a la anulación de las sentencias del TS cuando éstas afectan negativamente a los miembros del partido socialista. Así, en relación al conocido como “caso de los ERE de Andalucía” -que supuso para el erario público la pérdida de casi 700 millones de euros como consecuencia de un sistema de subvenciones para los parados viciado desde la base mediante un proceso de ingeniería financiera llevado a cabo por altos cargos del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía- el TC ha decidido enmendar la plana al TS, procediendo a eliminar las condenas por prevaricación y malversación a los altos cargos del PSOE implicados en la que sin duda ha sido la mayor trama de corrupción económica perpetrada por un partido político desde el inicio de la “transición española” hasta nuestros días, consumándose así un infame atropello jurídico y una indignante vulneración del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Decía el barón de Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes” que “Todo estaría perdido cuando el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares”. A la luz de lo expuesto resulta evidente que el sanchismo se ha propuesto acabar con la separación de poderes preconizada por el filósofo francés, dinamitando así uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. En consecuencia, el autócrata monclovita se ha convertido en una inquietante amenaza para la democracia, resultando por ello de extrema necesidad expulsarlo del poder antes de que la tarea resulte extremadamente ardua.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.