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No eran pocos los ciudadanos que no votaron por este Gobierno, cuya radicalidad se percibe aberrante dentro y fuera de nuestras fronteras, quienes alertaron sobre un posible delito de alta traición en los muchos tejemanejes oscurantistas que pretendieron pagar la hipoteca del apoyo a la moción de censura del 2018, antes de conocerse los devaneos e influencias de Maduro en este gobierno vendido secretamente al narcotráfico bananero. Si ya entonces la Asociación de Militares Españoles (AME), advertía a Arturo Mas sobre la voluntad secesionista, otros deberían haberse dado por aludidos:
Los representantes políticos deben «guardar y hacer guardar la Constitución Española», que debe ser aplicada por «la más alta Magistratura y los Gobiernos» para «suprimir cualquier atisbo de secesión». Todo participante en la «fractura de España», en alusión al Ejecutivo de Cataluña, es susceptible de ser juzgado por «alta traición» ante los tribunales de la jurisdicción castrense.
Actualmente Pedro Sánchez se ha convertido en el principal valedor del delito independentista, asumiendo las mismas tesis de la traición por la codicia de poder que lo mantiene rastreramente en el burdel monclovita.
Año 2018. Seis años después, España se encontraba en la tesitura de ser gobernada por una presidencia impuesta sin beneplácito democrático de las urnas que buscaba legitimarse el 28 de abril, con una maquinaria desintegradora del Estado de Derecho que estaba atentando, aún sin el podemismo infiltrado como agente bolivariano de Venezuela en el Gobierno, contra la imparcialidad de la Justicia y atacando directamente a los garantes de la Ley, como la Guardia Civil.
Se inició una ofensiva frontal que pretendió eliminar los recursos y la eficiencia que plantan batalla a la corrupción política, especialmente la del PSOE por ser de mayor calibre. La destitución fulminante del Coronel Jefe Manuel Sánchez Corbí obedecía a razones políticas y no de reorganización, cuando el hasta entonces jefe de la UCO se había convertido en el eficiente azote de la corruptela en la Junta de Andalucía todavía socialista. Un mando policial con una excelente hoja de servicios equivalente a la juez Mercedes Alaya en el ámbito jurídico, ambos represaliados por la mafia política que era y es con mucho el partido más pútrido en corrupción en toda la Historia de España y de la democracia contemporánea. Llegado el socialismo al poder es descarado el pago de los pactos secretos y la influencia de la delincuencia política para santificarse, crucificando a sus perseguidores por ley tal y como se demostró con Carmen Tejera, íntegra funcionaria que apuntilló la malversación de la Generalidad en Cataluña. Antes de Corbí fue el chantaje del PNV al que gobernaba ilegítimamente para pagar su traición. No, los vasallos ministeriales no son menos culpables.
Fernando Grande-Marlasca pasó de ser el juez que salió del armario para reivindicar su condición sexual, cuya fama se ennobleció con el valiente gesto, a convertirse en mamporrero del PSOE con un Ministerio del Interior que levantó sospechas de intervencionismo más allá de sus competencias. Destituir a Sánchez Corbí por falta de confianza, con la complicidad del nuevo Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, atufaba a estrategia previa para prescindir de él; a trampa contra el mando de la UCO al que se le pudo poner el cebo de notificarle que se suspendían los recursos económicos hasta nueva orden. Sospechoso era que el coronel de la UCO lo creyera para después desmentirlo Marlasca. Evidente es la purga de funcionarios competentes y honrados para ser sustituidos por sectarios de la cuerda corrupta del sanchismo en el poder.
El ministro del Interior justificó la destitución argumentando que era un grave error personalizar el éxito de la UCO sobre una sola persona. Será por ello que el sustituto fue un inexperto profesional, Laurentino Ceña Coro, sumiso y al servicio del sectarismo gubernamental. Además estaba provocando que la Guardia Civil, principalmente, y la Policía Nacional se encontraran en franca indefensión frente a los delincuentes, incluso con los narcotraficantes crecidos en violencia, como la inmigración hostil de una España invadida y sin defensa acorde a los perjuicios derivados de tantas vulneraciones contra la Seguridad Nacional. Al día de hoy, con un incremento salvaje del delito, la indefensión de la Policía y la Guardia Civil es, a propósito de Marlasca, insoportable.
La APROGC, Asociación Pro Guardia Civil, mostró desacuerdo en la destitución de Sánchez Corbí. Marlasca-sin la K de kale borroka-actuó como un sembrador más de la cizaña que ha soliviantado el país desde que Mariano Rajoy cediera el gobierno a los enemigos de España, tal y como se han ido desenmascarando. El desmantelamiento de la cúpula policial, quebrando con sectarismo el equilibrio y el consenso, era una muestra más de que tras el cordero aparente se escondía un lobo contra los defensores imparciales del Estado de Derecho.
Año 2020. Todos los ministerios de este Gobierno de imposición, cuyos trapos sucios no dudan en airearse con chulesca ínfula totalitarista, están bajo sospecha de millones de españoles civiles a los que se suman las Fuerzas de Seguridad del Estado aunque se detectan movimientos arbitrarios para crear una policía política. Son engranajes de un mismo motor que impulsa el pago del chantaje con que el PSOE ocupa la presidencia; la estafa que sentó a Pedro Sánchez en el sillón presidencial bajo influencia del chantaje secesionista.
La desvalorización de los Cuerpos de Seguridad del Estado frente a sus enemigos, ergo enemigos del Estado, ha sido patente con el sanchismo. Cuando no era la sospecha de traición o la intolerancia en las decisiones que dañaban a los cuerpos policiales en el desempeño de sus funciones de servicio y protección, la necedad imponía que se retiraran las concertinas de las fronteras o que se rebajase el nivel de alerta en previsión de atentados terroristas. Existía un desdén sintomático contra las autoridades policiales en todos los ayuntamientos gestionados por la radicalidad izquierdista, al que se sumaba un ministro del Interior cuya arbitrario fanatismo, desoyendo el consejo de los profesionales, pudo incrementar los daños de la invasión migratoria e incluso facilitar una nueva matanza en España.
Los representantes políticos deben «guardar y hacer guardar la Constitución Española», que debe ser aplicada por «la más alta Magistratura y los Gobiernos» para «suprimir cualquier atisbo de secesión». Todo participante en la «fractura de España», en alusión al Ejecutivo de Cataluña, es susceptible de ser juzgado por «alta traición» ante los tribunales de la jurisdicción castrense.
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Editor de ÑTV ESPAÑA. Ensayista, novelista y poeta con quince libros publicados y cuatro más en ciernes. Crítico literario y pintor artístico de carácter profesional entre otras actividades. Ecléctico pero centrado. Prolífico columnista con miles de aportaciones en el campo sociopolítico que desarrolló en El Imparcial, Tribuna de España, Rambla Libre, DiarioAlicante, Levante, Informaciones, etc.
Dotado de una gran intuición analítica, es un damnificado directo de la tragedia del coronavirus al perder a su padre por eutanasia protocolaria sin poder velarlo y enterrado en soledad durante un confinamiento ilegal. En menos de un mes fue su mujer quien pasó por el mismo trance. Lleva pues consigo una inspiración crítica que abrasa las entrañas.
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