No desaparecerá la educación especial. Por Jesús Salamanca Alonso

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Hace tiempo que oí hablar de la Asociación “Inclusiva Sí, Especial También”, creada para defender los colegios de educación especial. He indagado y es admirable su labor, como lo será la de otras asociaciones que sigo menos. Es importante que existan en momentos como éste. Igual de importante es poder acudir a la memoria de la futura LOMLOE para conocer el impacto económico y presupuestario. Ya sé que se habla estos días sobre la desaparición de la educación especial; lo cierto es que no es así, pero sí parece que se la puede asfixiar con el cambio hacia un modelo ya fracasado. El alivio es que este Gobierno ‘azufre’ no aguantará la transitoriedad de los diez años que establece la “Ley Celaá”.

Es precisamente la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE la que contempla la incorporación del alumnado de educación especial a los centros ordinarios: el Gobierno va a desarrollar un plan para que, en el plazo de diez años, siguiendo el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos precisos para poder atender lo mejor posible al alumnado con discapacidad.

¿Se irán desmontando los centros de educación especial? ¿Es fiable un Gobierno como el actual tras hacer de la educación un trasiego mercantilista para los Presupuestos Generales del Estado? Si en Europa ya han constatado que no es fiable, no creo que lo sea para los españoles. ¿Será capaz de dotar de recursos necesarios y suficientes para los “acnees” dentro los centros ordinarios o se traspasará a ellos el presupuesto de los centros de educación especial?

De momento la Administración educativa no se pondrá de lado sino que está obligada a seguir prestando el apoyo necesario a los centros especiales de forma que –además de escolarizar al alumnado que requiera especializada atención– se constituyan en centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Eso sí, sin incremento de gasto. ¿Deberán adaptarse los centros ordinarios con su presupuesto de cada ejercicio económico? En pocas palabras: los primeros irán desapareciendo y los ordinarios se irán ahogando paulatinamente. A ver si acabamos haciendo un pan como unas tortas.

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Actualmente el alumnado de educación especial en los centros específicos ronda los 36.000, sin contar los que precisan atención muy especializada. El Gobierno pretende que vayan siendo trasladados a los centros ordinarios, pero sin presupuesto. Esto último es inentendible y va contra los derechos de la comunidad educativa. El alumnado especial precisa de medios materiales y humanos para ser atendido y, además, tiene grandes necesidades de tipo técnico.

Eso último significa que los centros ordinarios van a tener mayores dificultades de las que ya tienen, que son muchas, para atender a los “acnees” y muchos de los centros específicos de educación especial se verán obligados a dejar de prestar los servicios que ahora prestan, pues el alumnado dejará ese tipo de centros para incorporarse a los ordinarios. Y la Administración decidiendo por las familias. ¡A dónde hemos llegado! Es previsible que el personal docente y sanitario de estos centros acabe en el paro. Hablamos de fisioterapeutas, maestros de audición y lenguaje, orientadores de centros… Con la LOMLOE en la mano, presumiblemente se incorporarán a los centros ordinarios, salvo los destinados en centros de educación especial muy especializados.

El legislador tiene la rara habilidad de adoptar siempre los peores ejemplos de otros países y en este caso no va a ser menos. Ahora han tomado como referencia a Portugal cuyo modelo es contestado casi a diario por familias, asociaciones y profesorado. Me hace recordar el momento en que se implantó la LOGSE: España implantó un modelo falsamente igualitario cuando en Europa ya se había desechado ese modelo y no precisamente por bueno o acertado.

El temor de los padres es que la administración educativa adopte las decisiones por ellos y potencie un modelo integrador del alumnado con discapacidades en centros ordinarios, sin saber que ese modelo no vale para todos y se aleja de la equidad real. Ese tipo de actuación tan solo conduce a vaciar los centros de educación especial con un resultado final: su cierre completo. Me opongo a que sea la Administración quien decida por los padres.

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Es fundamental que convivan los dos modelos y que exista una verdadera inclusión, pero teniendo presente las necesidades del alumnado y la opinión de las familias. Hay niños que tal vez puedan llevar a cabo esa integración, pero otros precisan de un apoyo específico. No veo esa integración en un aula con otros 25 o más alumnos, salvo que se pretenda crear aulas de especial dentro de los centros ordinarios. Eso no es equidad. No faltan padres cuyo pensamiento es que si acudieran a un centro ordinario carecerían de los cuidados que sí tienen en un centro especial.

Señora Celaá, ministra del ramo educativo no universitario: la igualdad entre dos alumnos no es dar lo mismo a los dos sino dar a cada uno lo que necesita. Atenta a la exposición gráfica que le pongo como deber para el fin de semana: dos niños fueron a ver entrenar a su equipo favorito de fútbol, pero, debido a la valla existente, el más alto veía un poco y el más bajito nada. No hubiera sido igualitario dejar un cajón a cada uno porque el pequeño seguiría sin verlo. Un cajón para cada uno no es igualdad para desiguales. Pero si el alto necesita uno para subirse y el más bajo precisa dos, repartámoslo así. ¿Entiende ahora lo que es esa equidad con la que ustedes juegan en la LOMLOE aunque no la entiendan?