A la luz de los acontecimientos políticos acaecidos en estos últimos días la única conclusión posible es que en España actualmente impera el desgobierno más absoluto, como consecuencia del viaje a ninguna parte emprendido por Pedro Sánchez después de las últimas elecciones generales. Así, hemos podido comprobar como desde su investidura P. Sánchez, con una falta de escrúpulos alarmante, subordinaba tanto su propio proyecto político como el bienestar del conjunto de la ciudadanía a los intereses de los enemigos seculares de la nación española y el orden constitucional, los cuales no son otros que los comunistas y los independentistas.
De hecho, si echamos la vista atrás, hemos asistido, entre la estupefacción y la indignación, a una serie de acuerdos entre socialistas e independentistas, cuyo contenido demuestra a las claras la indecente sumisión de P. Sánchez a la permanente extorsión llevado a cabo por un prófugo de la Justicia como es Carles Puigdemont.
Así, antes de las elecciones generales P. Sánchez en particular y el PSOE en general calificaban de anticonstitucional la amnistía, acusaban a los líderes del “procés” de haber cometido un delito de rebelión y se comprometían a traer de vuelta a España a C. Puigdemont para ponerlo a disposición de la Justicia. Después de dichas elecciones todas estas promesas se desvanecieron como lágrimas en la lluvia, de tal forma que, protagonizando uno de sus frecuentes y lamentables “cambios de opinión”, para P. Sánchez la amnistía pasó no solo a ser plenamente constitucional, sino que además venía a normalizar la convivencia entre españoles y catalanes, haciendo, con este planteamiento, caso omiso de las proclamas secesionistas tanto de Junts como de ERC. Finalmente, cediendo ante la presión de Junts para garantizar la inmunidad jurídica de C. Puigdemont, P. Sánchez volvió a traspasar otra de las líneas rojas que el propio partido socialista había marcado, aceptando incluir también en la ley de amnistía a todas aquellas personas ligadas al “procés” acusadas por delitos de terrorismo, siempre que no hubieran violado gravemente los derechos humanos, lo cual es evidentemente un oxímoron en toda regla. En consecuencia, con esta aberrante pirueta jurídica, el PSOE venía a sentar las bases de un novedoso y aceptable tipo de terrorismo, consistente en una algarabía un tanto violenta llevada a cabo por un grupo de ciudadanos acosados por la policía y los jueces, razón por la cual debía entenderse como una actividad hasta cierto punto justificada y, por ello, obviable. De esta forma, el PSOE venía a introducir en el ámbito legal español una situación de permanente inseguridad jurídica derivada de la arbitrariedad que supone el que la tipificación y condena de los delitos ya no corresponda a los jueces en consonancia con lo que dispone el Código Penal, sino que pasa a depender de la opinión inevitablemente interesada de los gobernantes. Obviamente, detrás de este infame periplo conceptual y político de P. Sánchez se halla la imperiosa necesidad que tiene el psicópata monclovita de contar con el apoyo del prófugo de Waterloo para seguir instalado en el poder, aunque éste sea vacuo y de carácter vicario.
Poniendo cordura en medio de todo este galimatías jurídico, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la instrucción de las causas contra los Comités en Defensa de la República (CDR) y Tsunami Democràtic (TS), dictó sendos actos en los que señalaba el carácter terrorista de ambos grupos, por ser organizaciones estructuradas, jerarquizadas y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas, cuya intención esencial encaja en las que permiten que un delito pueda calificarse de terrorista: subvertir el orden institucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden constitucional. A su vez, el mencionado juez ha señalado que los actos llevados a cabo por ambas organizaciones terroristas son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En consonancia con ello, el juez instructor ha concluido la instrucción del sumario imputando a 12 miembros de los CDR y 10 de TS, entre los que se encontraba C. Puigdemont, por la comisión de delitos de terrorismo.
Como consecuencia de los autos dictados por el Juez García-Castellón, Junts decidió subir la apuesta, pidiendo que la ley de amnistía contemplara la amnistía integral e inmediata de todos los implicados en el “procés”, independientemente de que hubieran cometido o no delitos de terrorismo de cualquier intensidad. Es decir, lo que Junts exigía al PSOE es la redacción de una ley hecha a la medida de las necesidades de C. Puigdemont, de tal forma que éste pudiera volver a España, presentarse a las elecciones catalanas y ser elegido presidente de la Generalidad, sin tener que someterse a la acción de la Justicia. Aunque es sabido que P. Sánchez está dispuesto a vender su alma al mismísimo diablo con tal de seguir al frente del Gobierno de España, resulta evidente que ante estas desmesuradas peticiones no podía seguir cediendo, esencialmente porque no solo contravenía el Derecho español -algo que no le preocupa lo más mínimo por tener a sus órdenes a la mayoría de vocales del Tribunal Constitucional- sino que también contravenía el Derecho europeo, de tal forma que, atrapado entre la espada y la pared, P. Sánchez se vio obligado a desestimar este último chantaje de Junts, sabedor de que en el ámbito de la Unión Europea carece de los apoyos necesarios para sacar adelante semejante despropósito legislativo.
De esta forma se llegó a la sesión parlamentaria en la que se sometía a votación la ley de amnistía y Junts, al no ver visto satisfechas todas y cada una de sus exigencias, decidió votar en contra de dicha ley, impidiendo así su aprobación definitiva. En consecuencia, C. Puigdemont no solo humilló una vez más a P. Sánchez, sino que también vino a demostrar que es Junts quien actualmente manda en España. Como cabía esperar, la jauría humana compuesta por los líderes políticos del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu y PNV rápidamente salió a escena para atacar de forma inmisericorde a los jueces en general y al juez García-Castellón en particular. Así, los magistrados han sido acusados de reaccionarios representantes de la derecha y del “lawfare”, razón por la cual desde las filas falazmente autodenominadas progresistas se reclama proceder sin demora a la conformación de un frente unitario capaz de reprimir lo que han denominado “salvaje ofensiva judicial”. Con todo ello el nuevo Frente Popular actualmente instalado en el poder ha demostrado su intención de acabar de una vez por todas con la independencia del Poder Judicial al más puro estilo chavista, exhibiendo de esta forma su espíritu totalitario.
Obviamente, de todo lo expuesto se infiere que la unidad de España, el orden constitucional y el Estado de Derecho están siendo atacados por el Gobierno socialcomunista y sus socios independentistas. De hecho, el psicópata monclovita ha levantado un muro semejante al construido en Berlín allá por 1961, con la bochornosa intención de dividir a la sociedad española, alentando de esta forma la confrontación social. Contra este planteamiento guerracivilista se manifestaron el pasado fin de semana decenas de miles de personas en la madrileña Plaza de España, con la sana pretensión de derribar el muro sanchista de la vergüenza, para de esta forma recuperar un clima de concordia nacional capaz de superar la existencia de legítimas discrepancias ideológicas. Sería deseable que todos aquellos socialdemócratas que no estén aquejados por el virus del fanatismo ideológico, no padezcan limitaciones cognitivas o no alberguen intereses espurios se sumaran a esta marea ciudadana cada vez más numerosa, que tan solo pretende contribuir al definitivo derrocamiento de la tiranía sanchista como paso previo a la reinstauración de la normalidad democrática.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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