- El exministro acusa a PP y Vox de instrumentalizar la tragedia ferroviaria, reivindica su gestión en Transportes y carga contra el legado de los Gobiernos de Rajoy. Su intervención coincide con la dimisión de Óscar Puente y la llegada de Carlos Cuerpo al departamento.
José Luis Ábalos ha roto su silencio desde prisión para lanzar un duro ataque contra el Partido Popular y Vox por sus críticas al Gobierno tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. El exministro de Transportes acusa a la oposición de utilizar el sufrimiento de las víctimas con fines electorales y ha aprovechado su intervención para reivindicar su propia gestión al frente del departamento, además de recuperar varios de los episodios más controvertidos de los Gobiernos populares.
«He guardado silencio por respeto a quienes hoy sufren. Pero es imposible callar al escuchar con indignación al Partido Popular y a Vox convertir el dolor en munición electoral», sostiene Ábalos. En su mensaje, también cuestiona que Alberto Núñez Feijóo se presente como ejemplo de buena gestión y acusa a determinados medios de comunicación y comentaristas de poner en duda la seguridad ferroviaria sin tener en cuenta la evolución histórica de la red.
El exdirigente socialista eleva el tono contra los populares y sostiene que deberían mostrar «un mínimo de pudor» antes de ofrecer lecciones de gestión. Para respaldar su argumento, recupera tragedias como el accidente del Yak-42, los atentados del 11-M, el siniestro ferroviario de Angrois, el accidente del Metro de Valencia y la dana.
Ábalos sostiene que la diferencia entre los partidos no debe medirse por la existencia de accidentes, sino por la manera en que los responsables políticos reaccionan ante ellos, atienden a las víctimas y asumen responsabilidades. A su juicio, el PP pretende utilizar la tragedia actual para rehabilitar su pasado político y reescribir la historia.
Un ataque político en plena crisis de Transportes
La intervención del exministro llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. Apenas unas horas antes, Óscar Puente había anunciado su dimisión tras seis días de presión política por los 69 fallecidos en Urda. La cartera de Transportes ha pasado provisionalmente a manos de Carlos Cuerpo, que compaginará esta responsabilidad con la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía.
La coincidencia temporal no es irrelevante. Mientras Sánchez intenta cerrar la crisis abierta por la salida de Puente y recomponer una precampaña electoral profundamente alterada por la tragedia, Ábalos vuelve a irrumpir en el debate público para defender la gestión socialista y atacar a sus adversarios. Su mensaje, sin embargo, desplaza la discusión desde las explicaciones pendientes sobre el funcionamiento actual de la red ferroviaria hacia una batalla de responsabilidades históricas entre PP y PSOE.
El exministro también ha trasladado sus condolencias y su solidaridad a los afectados por el accidente de Urda. A continuación, ha reivindicado las inversiones que, según sostiene, comenzaron durante su etapa al frente de Transportes, entre 2018 y 2021. En defensa de su gestión, vuelve a citar un informe de la Comisión Europea que apuntaba a deficiencias de seguridad relacionadas con el mantenimiento ferroviario durante los Gobiernos de Mariano Rajoy.
La referencia a los problemas heredados puede formar parte del análisis sobre la evolución de las infraestructuras, pero no responde por sí sola a las preguntas que plantea la situación actual. La responsabilidad sobre el mantenimiento, la supervisión y la seguridad de la red no se limita a un periodo de Gobierno ni queda resuelta señalando los déficits de los anteriores. Quien ha dirigido el Ministerio también debe responder por las decisiones adoptadas durante su propia etapa.
Además, los episodios que Ábalos reúne en su argumentación no son equiparables en su naturaleza ni en sus circunstancias. El 11-M fue un atentado terrorista; el Yak-42 y Angrois fueron tragedias de otra naturaleza, y la dana respondió a una emergencia meteorológica. La gestión política de las víctimas merece escrutinio en todos los casos, pero la comparación histórica no puede sustituir el esclarecimiento de lo ocurrido en Urda.
Una condena de 24 años y tres meses y un recurso ante el Constitucional
La reaparición pública de Ábalos tiene también una dimensión judicial que resulta inseparable de su trayectoria política. El exministro fue condenado el pasado 22 de junio por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso de las mascarillas.
Después de que el Alto Tribunal rechazara sus incidentes de nulidad contra la sentencia, Ábalos anunció que acudiría al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Su defensa sostiene que se han vulnerado sus derechos fundamentales, especialmente por la ausencia de una segunda instancia penal. Se trata de la vía constitucional que pretende utilizar para combatir la condena, no de una absolución ni de una revisión automática de los hechos declarados probados por el Supremo.
El exministro continúa proclamando su inocencia y mantiene su batalla judicial desde prisión. Mientras tanto, su intervención sobre Urda vuelve a situarlo en el centro de la confrontación política, precisamente cuando el departamento que dirigió durante tres años atraviesa una de las mayores crisis de credibilidad de su historia reciente.
La exigencia de responsabilidades no puede convertirse en una competición partidista para decidir quién gestionó peor las tragedias del pasado. Las familias de las víctimas de Urda y Adamuz necesitan respuestas sobre lo sucedido, explicaciones sobre el estado de la infraestructura y garantías de que se corregirán los fallos que se acrediten. La historia de los Gobiernos anteriores no puede servir de coartada para eludir las obligaciones del presente, y menos aún cuando quienes reclaman ahora lecciones de responsabilidad política tienen también cuentas pendientes ante los tribunales.
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