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Hay noticias que, en una democracia con pulso y dignidad, provocarían la caída inmediata de un Gobierno o, al menos, un terremoto institucional sin precedentes. Sin embargo, en la España anestesiada de hoy, los escándalos de Estado se digieren entre el bostezo de la oposición y el cinismo de los culpables. La ratificación por parte del Tribunal Supremo de la multa de 13 millones de euros a Indra por amañar contratos tecnológicos con la Administración no es un fraude empresarial más; es la confirmación oficial de que las cloacas del sistema operan con total impunidad.
El fallo es demoledor y no admite réplica. La principal tecnológica del país, participada de forma directa por el Estado a través de la SEPI, ha sido condenada en firme por cartelización, es decir, por alterar deliberadamente la competencia en contratos públicos esenciales durante años. Lo verdaderamente obsceno, lo que hace que a cualquier ciudadano libre se le mude el color del rostro, es que esta misma corporación , condenada por trampear con el dinero de todos, sea la encargada de gestionar el recuento de nuestros votos en los procesos electorales. ¿En manos de quién está la custodia de la soberanía nacional?
La pregunta es tan perturbadora que el silencio que la rodea se vuelve cómplice. ¿Cómo es posible que una empresa con sentencia firme por falsear licitaciones siga tocando algo tan sagrado e inviolable como las urnas? Si la limpieza de un contrato tecnológico puede ser adulterada en los despachos, el derecho a sospechar sobre la gestión de los datos electorales deja de ser una teoría de la conspiración para convertirse en una legítima y obligada medida de prudencia democrática. El poder ha blindado a su satélite tecnológico, garantizándole el monopolio de la confianza mientras los tribunales certifican sus trampas.
Frente a este atropello monumental, el panorama político ofrece un espectáculo dantesco. Al Ejecutivo sanchista la decencia le resulta un estorbo; ya sabemos que su manual de resistencia consiste en normalizar la podredumbre. Lo intolerable es que la oposición oficial parezca sumida en una perpetua siesta estival. Ante un escándalo de esta magnitud, que afecta al núcleo duro de la fiabilidad del Estado, la respuesta de quienes aspiran a gobernar es el murmullo de perfil bajo, el trámite parlamentario inofensivo y la cobardía de no querer abrir el melón de Indra. Permitir que una entidad condenada por el Tribunal Supremo por manipular el sistema siga siendo la guardiana del recuento electoral es la mayor claudicación institucional de nuestra historia reciente.
La complicidad por omisión de la derecha parlamentaria es el síntoma definitivo de la descomposición del régimen. Mientras los españoles asisten indignados a la entrega de las llaves de la democracia a una empresa sentenciada por fraude, los líderes de la oposición bosteza, se dan la vuelta en el escaño y miran hacia otro lado, temerosos de romper el statu quo. Cuando la alternativa política se vuelve indolente ante el juego sucio, el ciudadano queda completamente desamparado. Alzar la voz contra Indra ya no es una opción ideológica; es un deber de supervivencia nacional frente a un sistema que pretende contarse los votos a sí mismo.
Ignacio Fernández Candela
RES NON VERBA.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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