Comunidades Autónomas y la desigualdad entre españoles. Por José Luis Montero de Amezúa

Dice la Constitución de 1978, en su artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.” Entonces no se enumeraron las Comunidades Autónomas, aunque se reconoció el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” y se previeron diferentes vías para acceder a la autonomía.

Probablemente este anuncio de autonomía fue lo que provocó que el mayor apoyo para la aprobación en el referéndum al que se sometió la Constitución, fuera precisamente Cataluña. El problema de la actual configuración de España tiene sus raíces en la historia, manifestándose desde la misma formación de los reinos que llevaron a cabo la reconquista. Castilla y León estuvieron fuertemente unidos y cuando no estuvieron unidos en la misma Corona, recuperaron esa unidad en pocos años. El reino de Aragón mantuvo muchos años la conciencia de ser una “unión de reinos” que, además, incluyó el de Sicilia. Navarra se mantuvo siempre estable.

Pero los antecedentes históricos no explican todo. Galicia nunca tuvo una identidad nacional; en el País Vasco, el Señorío de Vizcaya jugó un importante papel para que en Castilla reinase Isabel La Católica. En el siglo XIX, surgió el regionalismo que, posteriormente ha dado lugar al nacionalismo, y surgió en Cataluña, Galicia y el País Vasco con los juegos florales y la revitalización de los dialectos y lenguas regionales, movimiento en l que apenas participaron los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y ni por asomo el reconocido como Reino de Murcia.

Llega la vigente Constitución y se empiezan a inventar Comunidades Autónomas, olvidando o menospreciando las causas históricas que justificaban en alguna medida, el reconocimiento de una identidad particular de algunas regiones. Cataluña se rebela contra el uniformismo enarbolando un impreciso “hecho diferencial” oponiéndose a la ley que buscaba la armonización del proceso autonómico. De hecho, en el desarrollo de la Constitución se produce una división entre las comunidades del “por qué sí” y las de “y nosotros … ¿por qué no?”

El resultado es el desbarajuste de la organización del Estado de las Autonomías. A las provincias que querían constituirse en Comunidades Autónomas uniprovinciales se les exigía ser “provincias con entidad regional histórica”, ¿ cómo se puede argumentar el cumplimiento de este requisito en Madrid, Logroño o Santander? Decía José Jiménez Lozano: “Qué sentido tiene que el lugar donde nació el castellano no sea Castilla?” ¿Qué bandera puede aunar el sentimiento “nacional” si los cuatro colores de La Rioja, proceden de un desacuerdo entre los miembros de la cámara para decidirlos? ¿Cómo a Santander, mar de Castilla, se le reconoce esa entidad regional histórica? El hecho de que a estas dos Comunidades Autónomas uniprovinciales se les haya cambiado el nombre, adoptándose los de “La Rioja” y “Cantabria”, hace aún más difícil reconocer la entidad regional histórica porque en ningún libro de historia aparecen esas entidades. El caso de Madrid, aún es más sorprendente. ¿Cómo se puede concebir una autonomía “siendo la “capital”, es decir la “cabeza” de España? Madrid a lo largo de la historia ha recibido, por ser la capital, los mejores servicios, ha podido ofrecer los mejores estudios, los mejores hospitales, las mejores infraestructuras, y después de la Constitución, al ser considerada “autónoma”, disfruta lo que se le ha dado y se encuentra convertida en una capital o “cápita” sin el cuerpo que encabeza.

Es cierto que la autonomía de Madrid, al centrarse sobre sí misma y disponer de los mejores recursos, se ha convertido en el motor económico de esta desarticulada España y entre sus objetivos no puede tener el de atender al desarrollo de las provincias menos favorecidas, pues ello supondría detraer los recursos que su creciente población necesita. Porque Madrid crece y crece, es una macro ciudad con las ventajas y los problemas que ello supone, tanto a nivel humano como de la contaminación y la creciente necesidad de infraestructuras y si quienes están al frente de esta Comunidad Autónoma, gestionan bien el crecimiento que logran, pues es a ellos a quienes les llegan los problemas, sin embargo es también cierto que, por causa de este dislocado sistema autonómico, la capital de España ya no considerará como suyos los problemas del cuerpo del que es cabeza.

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También es cierto que las siete Comunidades Autónomas uniprovinciales, tienen mejor desarrollo gracias a la descentralización autonómica y a que, por aplicación de la ley, Diputación y Comunidad Autónoma se funden en una sola entidad. Diferente escenario se presenta en las Comunidades Autónomas biprovinciales, que son Extremadura y Canarias. Extremadura tiene que soportar tres administraciones, dos Diputaciones y una Comunidad Autónoma, con sus tres cámaras y sus diputados, en una región extensa, equivalente a otras con cuatro provincias, que tiene poca población, muy dispersa además y a la que tiene que dotar de servicios; para colmo, por aquello de “ni tú, ni yo”, ha instituido una capital nueva, Mérida, que ha consumido y consume muchos de los siempre escasos recursos. En definitiva: pocos recursos y muchos gastos. ¿A quién le extraña el puesto que ocupa en renta por persona? Por lo que respecta a las Islas Canarias, la disyuntiva que plantea el que existan dos capitales de provincia, ha dado lugar a una solución “salomónica” de dividir las Consejerías entre las dos.

Es evidente pues que el modelo autonómico hay que replantearlo, en otro caso el futuro vendrá determinado por cada vez más fuertes desequilibrios y más desigualdad entre los españoles.

José Luis Montero Casado de Amezúa

Ingeniero Agrónomo

Autor

Jose Luis Montero Casado de Amezúa: Ingeniero Agrónomo.
A lo largo de su trayectoria profesional, Montero Casado de Amezúa ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura, como jefe provincial del IRYDA en Cáceres (1981-1985), subdirector general de Coordinación Institucional (2002-2004), director general de SEIASA (2012-2014) o vocal asesor en la Dirección General de Desarrollo Rural (2014-2020), entre otros.

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