Contra la imposición del relato socialcomunista. Por Rafael García Alonso

No cabe duda que en el momento actual Pedro Sánchez es una fiera herida capaz de cometer cualquier desafuero con tal de seguir en el poder. Las razones de tan desquiciada situación son múltiples y entre ellas nos encontramos con ¹⁾una debilidad parlamentaria que le impide sacar adelante la mayor parte de sus iniciativas legislativas, ²⁾unos ignominiosos acuerdos con el golpismo catalán y el filoterrorismo vasco que le obligan a someterse a las exigencias del conglomerado independentista, ³⁾una corrupción tan desmesurada en su entorno más cercano que pone en cuestión su propia honorabilidad y la de su círculo familiar y político, ⁴⁾un aumento inopinado de las voces discrepantes con su acción de gobierno en el seno de su propio partido y ⁵⁾un progresivo descenso en intención de voto del PSOE según todos los sondeos electorales independientes.

Ante tan negativa situación para sus espurios intereses políticos P. Sánchez, como todo buen socialcomunista sin escrúpulos morales, ha invocado una vez más a la figura de Francisco Franco, con la esperanza de desviar el foco de atención y silenciar las críticas que contra su figura y sus políticas resuenan por todo el territorio nacional. En consecuencia, mediante la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (LMD), el PSOE ha planteado al Congreso una proposición de ley para proceder a la disolución de la Fundación Francisco Franco, la cual fue admitida a trámite con el apoyo de todos los partidos políticos con excepción de Vox. El argumento para proceder a la disolución de una asociación absolutamente alejada de los cenáculos políticos es que el franquismo acabó con la democracia en España al propiciar la caída de la Segunda República.

Bajo nuestro particular punto de vista tal planteamiento de base supone una simplificación exageradamente interesada que parte de la aplicación de una ley como la LMD esencialmente liberticida, maniquea, falsaria y frentista. Es liberticida porque elimina de un plumazo la libertad de expresión la libertad de cátedra, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Es maniquea porque ensalza al bando republicano al mostrarlo como el paradigma de la democracia parlamentaria y estigmatiza al bando nacional hasta convertirlo en prototipo de la intolerancia represiva, sin que esta imagen fija de cada uno de los bandos deje resquicio alguno a la existencia de gradación y matices, lo cual, por su imposibilidad fáctica, conlleva una evidente falacia. Es falsaria porque adultera de forma sectaria los hechos acaecidos durante la Segunda República, la Guerra Civil y el régimen franquista, dando de esta forma una imagen distorsionada de la realidad histórica. Y es frentista porque dinamita el espíritu de reconciliación y concordia que fundamenta la Constitución española aprobada por las Cortes, ratificada por el pueblo español en referéndum, sancionada por el Rey y publicada en el BOE en 1978.

Por lo tanto, ya que estamos metidos en harina, lo primero que se debería hacer es esclarecer si efectivamente la Segunda República fue un periodo paradisiaco tal y como pregona el socialcomunismo patrio con P. Sánchez a la cabeza o si por el contrario constituyó una farsa democrática que albergaba la pretensión de la izquierda española de abolir los derechos y libertades individuales para implantar la dictadura del proletariado tal y como en numerosas ocasiones manifestó públicamente el socialista Largo Caballero.

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Pues bien, como contundentemente señala la historiadora sueca Inger Enkvist en su obra “El naufragio de la Segunda República”, cabe destacar que desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, en que se sublevó Franco, hubo veinte gobiernos con sesenta ministros, más de dos mil muertes violentas, decenas de miles de heridos, decenas de miles de presos políticos, cientos de atentados, cientos de deportados, miles de huelgas sindicales, incendios y destrucciones de iglesias y conventos y cierres de periódicos. A todo ello debe añadirse la intentona golpista llevada a cabo en 1934 por socialistas, comunistas e independentistas descrita con todo lujo de detalles por el historiador estadounidense Stanley G. Paine en su libro “El camino al 18 de julio”, así como el colosal fraude llevado a cabo por el Frente Popular en las elecciones generales de 1936, como han demostrado después de una exhaustiva investigación los historiadores españoles Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Por lo tanto, tomando en consideración todo ello, solo cabe concluir que la Segunda República constituye una etapa negra de la Historia de España, como consecuencia de la corrupción de la democracia derivada de las inclinaciones dictatoriales y represivas de las fuerzas izquierdistas y separatistas.

Avanzando en el tiempo y cambiando de tercio, nos encontramos con que el 19 de septiembre de 2019, siendo ya P. Sánchez presidente del Gobierno de España, el Parlamento Europeo aprobó la denominada “Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa”, a través de la cual se condenan los asesinatos en masa cometidos tanto por el comunismo como por el nazismo a lo largo del siglo XX. Asimismo, se insta a los Estados miembros de la Unión Europea, entre los que obviamente se encuentra España, a hacer frente a las organizaciones que defiendan ya sea el comunismo o el nazismo por considerarlas ideologías esencialmente totalitarias y criminales. Y, además de todo ello, establece el “Tratado de no agresión nazi-soviético de 23 de agosto de 1939”, también conocido como “Pacto Molotov-Ribbentrop”, como el desencadenante directo de la Segunda Guerra Mundial, debido a que sus protocolos secretos tenían como finalidad repartirse Europa en dos zonas de influencia. Pues bien, ante tal resolución incriminatoria del comunismo P. Sánchez no solo no ha iniciado un proceso revisionista de los crímenes cometidos por el socialcomunismo en España (entre los que cabe destacar, por citar solo alguno, el bombardeo de Cabra o la matanza de Paracuellos del Jarama), sino que, con la intención de mantenerse en el poder por tiempo indefinido, el psicópata monclovita ha decidido ligar su destino político a partidos de marcada ideología comunista como son Podemos o Sumar, conformando con cada uno de ellos sendos Gobiernos de coalición.

Pero la cosa no queda ahí, de tal forma que, circunscribiéndonos al momento presente, en el ámbito nacional P. Sánchez ha sellado un obsceno y repugnante “Pacto de colaboración PSOE-Bildu” que supone la banalización y blanqueamiento de la actividad terrorista de ETA y el desprecio a las víctimas del terrorismo etarra en particular y al pueblo español en general. A su vez, en el ámbito internacional P. Sánchez ha mostrado su apoyo a la dictadura chavista imperante en Venezuela al ser incapaz de manifestar su rechazo al desarrollo por parte del Gobierno socialpopulista de Nicolás Maduro de un colosal fraude electoral y una brutal represión social, para a continuación negarse en rotundo a reconocer, tanto en el Parlamento español como en el europeo, a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, tras demostrarse, con las actas electorales en la mano, el apoyo mayoritario que recibió por parte del pueblo venezolano.

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En definitiva, en función de todo lo expuesto, cabe manifestar que P. Sánchez no es el paladín de la democracia y la libertad, tal y como pretende ser considerado utilizando para ello la permanente propagación de bulos y mentiras a través de esas “máquinas del fango” que son las terminales mediáticas que le son afines a cambio de la recepción de jugosas subvenciones. Muy por el contrario, P. Sánchez no es otra cosa que un psicópata ventajista dispuesto incluso a vender su alma al diablo con tal de mantenerse en el poder, no solo impulsado por el síndrome narcisista que padece, sino también porque su implicación tanto en los turbios negocios de su inquietante esposa Begoña Gómez como en la red de corrupción montada por José Luis Ábalos cuando era uno de sus más directos colaboradores resulta cada vez más probable a tenor de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

No quisiera terminar este artículo sin señalar que nunca me he negado a entablar un debate con aquellos que presentan unos planteamientos ideológicos opuestos a los que personalmente sostengo, entre otras cosas porque siempre he creído en la falibilidad humana y en el aprendizaje a través del diálogo constructivo, pero a su vez jamás he estado dispuesto a someterme de manera sumisa a la imposición de un relato que no comparto y menos aun cuando dicho relato procede de individuos absolutamente amorales, radicalmente sectarios y totalmente incompetentes.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.