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El Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de crisis climática con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctrico y las energías renovables, en un contexto enmarcado en la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria por la COVID-19. Una utopía imposible de alcanzar en ese periodo temporal y que acabaría con la primera industria de nuestro país, que es el segundo fabricante europeo de automóviles.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha manifestado que esta ley refleja «el modelo que queremos» para nuestro país y para Europa y sobre todo sirve para «cumplir con las generaciones más jóvenes» que no deben «heredar hipotecas que no les tocan» sino compromisos de futuro, respetuosos con el planeta y compatibles con un modelo de desarrollo «inclusivo y sostenible».
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, consta de 36 artículos y con su aprobación hoy, inicia su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019.
Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC); el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %.
Para ello en 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.
Asimismo, sobresalen los planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar «un parque de turismos sin emisiones directas de CO2» y por fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón, en un contexto actual de COVID, donde ganar espacios físicos entre personas es más relevante que nunca.
Para el Gobierno, uno de los objetivos climáticos es que los coches de uso particular reduzcan poco a poco las emisiones, y que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, que se vendan en España, tengan emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040. Para ese fin se instalarán progresivamente puntos de recarga en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, en la actualidad el 10 % de la red.
La norma también establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la ordenación urbana, medidas para reducir las emisiones incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones nunca más allá de 2023.
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