Libertad de pensamiento: La Fundación Nacional Francisco Franco se blinda y evita su ilegalización

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Prevalece la consideración de las ideas, vengan de donde vengan, en libertad y con respeto a quien piense de modo distinto. Se ha hecho Justicia ante el intento de silenciar la libertad de expresión, leitmotiv de nuestra democracia desde hace más de 40 años, y más allá. Paulatinamente se van levantando las nieblas de la confusión que el desgobierno de Pedro Sánchez desplegó como distracción en tanto la trama criminal de La Moncloa fue interviniendo el Estado de Derecho, con especial demonización de la libertad de expresión en alusión a los beneficios históricos que en España se recabaron más allá de una Memoria Democrática sectaria y excluyente. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, ya había restringido los esfuerzos del Ejecutivo por poner fin a la Fundación Francisco Franco.

La Fundación ha modificado sus estatutos con un blindaje legal frente a la Ley de Memoria Democrática, proclamando su «máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977». De este modo el ejecutivo PSOE-Sumar ha reculado en la intención y la ha borrado del Plan Anual Normativo del 2024.

En concreto, los estatutos añadidos que han blindado en la legalidad a la Fundación han sido:

«En el desarrollo de sus actividades, la fundación velará en todo caso por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España, comprendido entre los años 1931 y 1977, evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares».

En sus objetivos puntualiza: «promover el estudio de la vida, pensamiento y legado de Franco, difundir el estudio del Estado que rigió los designios de España entre 1936 y 1977, fomentar la educación e investigación, la defensa de todo ello en medios de comunicación, ante administraciones públicas y ante la Justicia».

Dichos estatutos han sido aprobados, al parecer, por la vía del silencio administrativo.

Son victorias enlazadas frente al totalitarismo sanchista, al que hay que añadir la gran batalla ganada en Europa por parte de VOX que ha abierto los ojos a la Unión Europea sobre los perjuicios de la inmigración ilegal masiva y descontrolada, ahora que han quedado en evidencia el PSOE y el PP; los unos por miserables y los otros aquejados de una idiocia practicada por un inconsistente Feijoo que ha facilitado 500.000 votos al socialismo, si no el riesgo de un ejército del desorden futurible en territorio español.

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Los embates han sido constantes y prolongados en el intento de ilegalizar la Fundación presidida por el Gral. Juan Antonio Chicharro Ortega. En el mes de mayo pasado, el Gobierno trató de ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al introducir una enmienda transaccional en el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Los partidos de la coalición Frankenstein, liderados por el PSOE y Unidas Podemos, acordaron añadir un artículo en la norma –el 31 bis– que permitía al Protectorado de Fundaciones (que depende del Ministerio de Cultura) iniciar el proceso de extinción judicial, con el respaldo de ERC, PNV y Junts per Catalunya. Sin embargo, las triquiñuelas legales-las mismas que intentan para que los sucios manejes de Begoña Gómez queden impunes-no han alcanzado un propósito totalitario cuyo fracaso permitirá mayor libertad para hablar que la de estos años pasados con amenazas y severos apercibimientos.

La Fundación Francisco Franco ha ganado la falsa batalla ideológica al doctor cum fraude cuando al añadir el máximo respeto por las víctimas no hay causa ni justificación para ilegalizar una actividad democrática sujeta a Derecho en el cumplimiento absoluto de la Ley. De este modo la victoria en pos la libertad de expresión ha conseguido que, después de años de conminaciones y la suspensión de una espada de Damocles sobre todo aquel que dignificara una época que fue de paz y concierto en una España de postguerra, pueda argumentar sin miedo a represalia su parecer en defensa, si así le parece bien, de la España franquista que, lejos del argumentario falaz socialcomunista, tuvo sus buenos momentos en el objetivo de conciliación de las dos Españas otrora enfrentadas por el cainismo desplegado por el Frente Popular que fagocitó con intereses tabernarios a la Segunda República. Otra cuestión sería humillar a las víctimas de aquel periodo.

Desde ÑTV ESPAÑA celebramos el acierto de la Fundación que no ha consentido que el engaño del partido socialista, en complicidad con los engendros políticos que ha alimentado con feroz demagogia, se salga con la suya. Desde hoy, cualquier español que así lo sienta puede cantar las alabanzas de la España histórica sin miedo a que los artificios de la actual presidencia del Gobierno contra la misma España imponga dictatorialmente una sumisión ideológica de la que la Fundación Francisco Franco se ha librado con tenacidad y honorabilidad.

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La Fundación Francisco Franco se ha blindado legalmente frente a la posibilidad de futuras afrentas o atentado contra la libertad de pensamiento y de cátedra que impulsó Bolaños, como cabeza visible de corrupción generalizada de esta época denominada sanchista. La Ley de Memoria Democrática ha pretendido excluir las razones por las cuales los historiadores imparciales culpan al frentepopulismo del origen de la Guerra Civil. Y quien no esté de acuerdo que lo diga, pero todos en igualdad de condiciones. Justo lo que ha decidido el sentido común en defensa del Estado de Derecho, incluida la libertad de expresión y de pensamiento que prevalecerá en la Fundación Francisco Franco.

Bien estaría que Isabel García Ayuso protegiera el Valle de los Caídos, víctima de la demagogia y de la falta de escrúpulos de los derrotados en los tribunales al intentar cercenar de un tajo la libertad tan duramente conseguida después de una Guerra Civil. Un monumento a la concordia-como así lo expresó el escultor socialista Juan de Ávalos que aportó su obra-a pesar de la siembra maligna de la cizaña y la carroña actual.

En todo caso, la expulsión de los monjes Benedictinos está por ver cuando la Iglesia Católica ha respaldado a la congregación de 21 monjes de la Basílica. De no violarse los tratados entre España y la Santa Sede es previsible en la legalidad que el colegio-escolanía y la propia congregación prevalezcan.

El gregarismo y la demagogia van perdiendo terreno frente a la estricta legalidad y el consenso ideológico con este puntal en defensa de la libertad de pensamiento y de respeto por las ideas que ha demostrado ser la FNFF.