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Cuando las informaciones señalan que miembros del clan de «los Rochos», como el narco «Moto Ratón», denuncian contactos procedentes del entorno socialista no para amedrentar, sino con la presunta e inquietante finalidad de asesinar a la instructora del caso que acorrala a la trama, la juez Beatriz Biedma, la arquitectura del Estado ya no se enfrenta a un simple episodio de corrupción política: nos encontramos ante la lógica operacional del crimen organizado incrustado en el poder. Si además el narco declara que los iban a premiar además con beneficios fiscales, «cosas fiscales» involucrando al Ministerio de Hacienda, apesta que no sean detenidos a bayoneta calada, es una metáfora, los responsables de la ruina de España, criminales sin paliativos. Si la respuesta institucional ante semejante gravedad es el silencio, la tibieza procesal o la simple espera del calendario electoral, la democracia queda reducida a una farsa trágica donde los ejecutores de la ley son abandonados a su suerte frente a la venganza de la mafia gubernamental.
Esta revelación debe activar de inmediato una intervención policial y judicial de urgencia. No es concebible en un Estado de Derecho con pretensiones de solvencia que una banda cercada por los tribunales utilice la disolución de las Cortes y la convocatoria de urnas como un salvoconducto de impunidad. Permitir que una candidatura encabezada por el jefe de la trama se presente a unos comicios pretendiendo blanquear ocho años de crímenes, atropellos institucionales y presuntas maniobras sicarias contra la magistratura es una aberración jurídica y moral que condena a España al estatus de república bananera.
Más pavorosa si cabe resulta la espesa capa de connivencia y anestesia que envuelve a una sociedad impertérrita, incapaz de escandalizarse cuando la podredumbre alcanza el extremo insólito de tantear a un clan de narcos para atentar contra la juez que investigaba los oscuros chanchullos del hermano del presidente. La normalización del espanto ha atrófiado el instinto de autoconservación democrática: en cualquier nación civilizada, la sola sospecha de que la fontanería gubernamental contacte con el crimen organizado para liquidar físicamente a la instructora de la causa familiar habría dinamitado el Ejecutivo en cuestión de horas. Aquí, en cambio, la masa adoctrinada digiere el sicariato de Estado entre la indiferencia, el aplauso sectario y la resignación cobarde.
Es imperativo tirar del hilo de la cloaca política y judicial hasta sus últimas consecuencias penales, sin reparar en galones ni en moquetas palaciegas. Y hacerlo con agilidad y sentido de urgencia que, desgraciadamente, no caracteriza a nuestra parsimoniosa justicia. Cabe recordar que, mientras el capo de Moncloa escenificaba su farsante retiro de «cinco días de reflexión» para victimizarse ante la opinión pública, entre bambalinas se articulaba la maquinaria de la cloaca más repugnante del matonismo institucional. La pregunta no admite rodeos, debe martillear sin descanso las conciencias y sostener la acusación formal hasta ver al autócrata encarcelado: ¿quién dio la orden de contactar con narcotraficantes para eliminar a la juez Biedma? Responder con nombres y apellidos a esa interrogante es la única vía para evitar que la impunidad mafiosa devore lo poco que queda de España.
La Justicia no puede ser un espectador pusilánime ante la degradación del país. Si las fuerzas de seguridad y los fiscales de la Nación no actúan con contundencia inmediata ante la amenaza directa a la integridad físico-procesal de los jueces, estarán consagrando el triunfo de la coacción sobre el imperio de la ley. La detención de los responsables y la neutralización penal de esta canalla miserable no es una opción partidista: es la primera y más sagrada obligación constitucional para evitar que la impunidad se consume definitivamente en las urnas.
Se presenta como candidato el criminal que pretende legitimar con trampas la carrera delictiva que en otro país ya habría despertado las alarmas de la defensa de la Seguridad Nacional, con medidas excepcionales de inmediata detención en operación policial armada. Aquí seguimos durmirendo en los laureles cuando el juego democrático ha sido adulterado por una mafia todavía impune.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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