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En una triste época para el Derecho en España, en la que asistimos asombrados a toda una serie de actos que parecen más propios de Estados primitivos donde no rige el imperio de la Ley, como, por ejemplo, podría definirse la exhumación forzosa de los restos mortales de un anterior Jefe del Estado y su inhumación forzosa en un lugar elegido a tal efecto por la autoridad gubernativa y no por la familia del afectado, es que se impone la necesidad de abordar bajo un prisma estrictamente jurídico el asunto de cómo la República de Francia ha tratado y resuelto en la actualidad el asunto del otorgamiento a Francisco Franco de la mayor condecoración de ese país, la Legión de Honor, con el resultado final de su mantenimiento.
No es la primera vez que Francia le enseña a España cómo hay que tratar a los dignatarios españoles fallecidos; recordemos cuando murió en el exilio y abandonado un anterior presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, en un Hotel de París, cómo las autoridades de ese país le dieron el tratamiento de Honor debido en el desplazamiento de sus restos mortales en territorio galo, mientras que cuando cruzaron a territorio español, dicho tratamiento de Honor desapareció de forma vergonzante y eso que todavía en España regía la Monarquía de Alfonso XIII, aunque por poco tiempo.
También estamos asistiendo atónitos a cómo ahora, después de 45 años de su fallecimiento, son múltiples los Ayuntamientos en España que deciden retirar a Francisco Franco los honores que le concedieron en su momento, a pesar de que hay otros Ayuntamientos que están decidiendo no participar en ese ajuste de cuentas impropio y que además de ser meramente demagógico y propagandista, no se ajusta al Estado de Derecho, como es el caso del Ayuntamiento de Calatayud.
España, lo queramos o no, se ha convertido en un territorio abonado para el “Memoricidio” y en vez de arreglar los problemas del presente, que no son menores, y prevenir los del futuro, que serán aún mayores, se está dedicando a legislar y gobernar en contra del pasado, con un revanchismo estéril que nos conduce a la nada y sí a la peor de las frustraciones y divisiones.
En Francia también ha intentado entrar esa ola de “Memoricidio” contra la figura de Francisco Franco y además lo ha hecho apuntando a su mayor reconocimiento en ese país, el de Oficial de La Legión de Honor, primero, y después de comandante, y ha tenido que ser de la mano de un cónsul español allí e hijo de un Republicano español, pero en apenas dos años en el país vecino han dado carpetazo a este asunto, y de forma muy razonable.
LA CONDECORACIÓN MÁS IMPORTANTE DE FRANCIA
La Orden de La Legión de Honor es la más importante de Francia, fue establecida en 1804 por el emperador Napoleón Bonaparte y requiere para su concesión la apreciación de méritos extraordinarios en el ámbito civil o militar.
Su lema es “Honor y Patria”.
El gran Maestre de la Orden es el presidente de la República de Francia.
Bajo su autoridad está el gran canciller de la Orden, actualmente el general Benoit Puga, el cual está incluso habilitado para asistir al Consejo de Ministros cuando se trate un asunto de su Orden, lo cual da una medida de la importancia de la misma en ese país.
Los cancilleres de la Orden han de ser soldados de Francia. Es verdaderamente impresionante la dignidad de su funcionamiento y de su historia.
Volviendo al caso que nos ocupa analizar, el 12 de abril de 2016 el gran canciller de la Orden rechazó la solicitud de retirarle a Francisco Franco la distinción de La Legión de Honor, decisión que fue posteriormente ratificada el 28 de noviembre del mismo año.
El solicitante, un cónsul “honorífico” de España en ese país, recurrió judicialmente las resoluciones administrativas a un tribunal administrativo de París (6ème section 1ère chambre), el cual mediante su sentencia judicial número 1706301/6-1 del 2018 ha decidido el mantenimiento de dicha distinción.
Por su parte, el canciller sostenía que su decisión es un acto gubernativo y por lo tanto no sujeto a la revisión judicial, cuestión que no fue aceptada por el Tribunal de Justicia.
La sentencia describe el relato fáctico del nombramiento de Francisco Franco en las distinciones de esa Orden; primero como oficial, el 22 de febrero de 1928, y después una superior, como comandante, el 26 de octubre de 1930, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores galo, cuando era director de la Academia Militar de Zaragoza, de la que fue su creador y su gran impulsor.
El tribunal decide que la retirada de una distinción honorífica es una decisión desfavorable para el beneficiario de la misma, y que en ausencia en el Código que regula dicha distinción de disposición alguna que lo contemple, no podrá aplicarse si la persona agraciada está ya fallecida, lo que es el caso desde 1975, no pudiéndose aplicar en este caso por analogía, como pretendía el cónsul “honorario” el artículo R.26 de dicho Código aplicable, que contempla la posibilidad de otorgar dicha distinción para personas fallecidas, pero limitada a un plazo de un año desde su muerte, y porque además esta excepción favorece a los afectados, nunca les perjudica.
Por consiguiente, el tribunal de justicia de Francia resuelve esta cuestión desde un punto de vista de estricto respecto a la Ley y ha dado carpetazo a esta cuestión.
La memoria de Francisco Franco seguirá en Francia disfrutando del mayor honor de esa gran nación y lo hace por motivos acrisolados en la historia militar mundial; ser el general más joven de Europa, con 33 años, con todos sus ascensos desde capitán por méritos de guerra, haber sido cofundador de La Legión Española en 1920, haber participado heroicamente en el desembarco de Alhucemas en una exitosa y complejísima operación militar conjunta entre España y Francia, que consiguió pacificar el Rif, y por haber fundado y dirigido la considerada entonces la mejor Academia Militar del Mundo, la de Zaragoza.
En cualquier caso, haber dado luz verde a esa iniciativa habría sido abrir la caja de Pandora, porque seguro que a continuación habría muchas más peticiones similares, y sería objeto de un constante juicio de revisión que haría inviable su futuro, algo similar a lo que le está pasando a España en la última década, objeto de su constante y desconcertante “Memoricidio” por causas meramente electoralistas y por hechos sucedidos hace casi 100 años.
Guillermo Rocafort es profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid; licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.
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